Yo estaba dispuesto a apostar que Perú seguiría a Ecuador, Chile y Colombia en las revoluciones sociales, que caracterizan actualmente a estos países, pero si pensamos bien, las instituciones peruanas están tan podridas que se hace muy difícil que el pueblo se rebele para deshacerse de “el pus”, de la cual hablaba González Prada.

En la obra de Víctor García Belaúnde, El expediente Prado, después de una acuciosa investigación realizada en Chile y Perú, concluye que el ex Presidente de este segundo país, Mariano Ignacio Prado, no sólo se robó el dinero de los peruanos y escapó a Francia, sino que también contaba con poderosos intereses en Chile, donde poseía un Banco y minas de carbón, en Lota, junto a la familia Cousiño, además de otros negocios.

 

Los peruanos amanecieron ayer con dos presidentes. En realidad, dos personas juramentadas para el cargo, pero solo una de ellas con poder real. De un lado, el presidente Martín Vizcarra, que ejerce el cargo desde marzo de 2018, que el lunes, amparándose en la Constitución, disolvió el Congreso dominado por el fujimorismo y convocó nuevas elecciones legislativas para enero, quien para todo efecto tiene el control del poder. Las Fuerzas Armadas y los veinticinco gobernadores regionales le dieron su respaldo. También la mayoría de la población. Del otro lado, la vicepresidenta Mercedes Aráoz, que en la noche de ayer fue juramentada como presidenta por la mayoría parlamentaria que se resiste al cierre del Congreso. Minutos antes esa mayoría había suspendido de su cargo a Vizcarra. Aráoz no tiene ningún poder real, es presidenta solamente en los papeles de la mayoría parlamentaria fujimorista, una presidenta de ficción.

 

En la mañana del 30 de septiembre el jefe de Gabinete ministerial del gobierno del Perú, Salvador del Solar, tenía por misión el de pedir el voto de confianza al Congreso. Los jefes de bancada de dicha Corporación acordaron dar el primer lugar de la tabla al nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional, posponiendo la moción de confianza.

 

El presidente peruano, Martín Vizcarra, disolvió ayer el Congreso, dominado por la oposición, luego de que éste se negó a suspender una polémica designación de nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Horas después, el Legislativo declaró la vacancia temporal del Ejecutivo por incapacidad moral, acusándolo de propiciar la ruptura del orden constitucional, y de inmediato la vicepresidenta Mercedes Araoz rindió protesta como mandataria interina.

 

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