Desde el 18 de octubre alrededor de 1500 personas se encuentran actualmente en las cárceles chilenas. Olvidados en los informes de las organizaciones de derechos humanos, tratados como presos comunes, la faceta escondida de la represión del Estado chileno.

 

Los wanderinos y wanderinas realizaron un llamado a movilizarse ayer jueves 23 de enero bajo la consigna “Mientras exista sangre en las calles, no habrá canchas con fútbol”. Esto, según explicaron algunos hinchas en la plaza Victoria, “es para denunciar los graves atropellos a los derechos humanos que se han cometido durante el estallido social, que se encuentran en la impunidad, sin castigarse a los responsables, y quieren usar al fútbol como un calmante para que el pueblo deje de manifestarse”.

 

Curioso es el contexto de este proceso que se ha llegado a conocer como el “estallido social”. No es ciertamente una revolución, sino algo diferente. Una revuelta la ha llamado Carlos Ruiz, uno de los ideólogos del Frente Amplio. Y a falta de otra expresión que retrate el sentido de este inesperado proceso, “revuelta” vendría a ser el término más adecuado.

 

Desde el inicio de las movilizaciones en octubre hemos sido testigos de alarmantes situaciones de abuso hacia los manifestantes. Diversos medios y redes sociales han dado cuenta de situaciones de ilegítima violencia hacia quienes se reúnen en las calles para protestar tras el estallido social. 

 

A tres meses de la rebelión social es un hecho concreto que el gobierno de Sebastián Piñera no ha logrado superarla, pero si instalar e imponer –con diversas dificultades- una salida política institucional a la crisis abierta el 18-O de 2019. Para ello ha contado con la activa, eficiente y estratégica participación de la oposición política parlamentaria. Especialmente, de aquella que se manifiesta en la Cámara de Senadores, aunque en la Cámara de Diputados la oposición política, menos compacta que en el Senado, también le ha brindado los apoyos legislativos necesarios para avanzar en las iniciativas gubernamentales, especialmente de aquellas destinadas a frenar, obstruir o criminalizar la protesta y la movilización social. Y, sobre todo, para viabilizar la salida político institucional. A pesar de los costos políticos que ella ha tenido para la derecha, por ejemplo, el quiebre interno y conflicto entre los partidos del Chile Vamos, el cual tiene como trasfondo el ofrecimiento de parte Renovación Nacional, Evopoli y del propio presidente Piñera de ofrendar de manera sacrificial, el bien más preciado de la derecha, especialmente,para la UDI, que es la Constitución Política de 1980.

 

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