La torpeza e incapacidad moral del Presidente y su gobierno sólo ha vertido parafina a la hoguera en un Chile injusto y abusador por parte del poco número de ricos y poderosos sobre una inmensa mayoría de pobres y oprimidos. Los primeros gozan del paraíso, entre comodidades y lujos ilimitados, mientras que los segundos, con el temor de un porvenir oscuro y sin esperanza, (sus salarios, por ejemplo, son tan bajos que apenas les alcanza para cubrir las deudas contraídas en el mes anterior), sólo les resta la protesta.

 

Debo empezar por admitir que a la distancia no vi venir el vendaval político que se desataría a partir del alza del transporte público en la capital chilena. Bueno, yo estoy a muchos kilómetros de Chile y mi incapacidad para percibir lo que venía es justificable. No lo es para el gobierno y la mayor parte de la clase política, que estando allí mismo en el centro de la realidad social del país, no se percataron tampoco.

 

El Presidente Carlos Ibáñez comienza su mandato (1952-1958) con aires progresistas. El primer año gobierna con los socialistas populares y asiste incluso a manifestaciones de la flamante Central Única de Trabajadores, nacida en 1953. Ese año, acompañado por su ministro del Trabajo el socialista Clodomiro Almeyda (futuro ministro de Relaciones de Allende), es invitado a pronunciar un discurso en la primera manifestación de la CUT.

 

El 18 de julio de 2019, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), informaba al país que el ingreso mediano de la población ascendía a 379.673 pesos; es decir, la mitad de los chilenos sobrevive de manera precaria con no más de 520 dólares mensuales. A contrapelo de lo anterior, el 1% más rico de la población (no más de 170.000 personas), concentran el 33% de la riqueza total. Este mismo 1% más rico de Chile recibe 2,6 veces más ingresos que el 1% más rico en países como EE.UU., Canadá, Alemania, Japón, España y Suecia. Estos antecedentes, que no son en ningún caso nuevos, abrieron un amplio debate público, debate al cual no sólo concurrieron los economistas, dirigentes empresariales y políticos, sino que también líderes sociales y trabajadores comunes y corrientes. Para todos se hacía evidente que algo no funcionaba bien en Chile. Pero como si la inequidad no fuera suficiente, las autoridades de gobierno se encargaron de enrostrarle a los más humildes todo su desprecio y falta de escrúpulos.

 

En más de una semana de masivas  protestas sociales lo más relevante hasta aquí es que éstas ya han abarcado todo el territorio nacional y, pese a la represión y el Estado de Sitio, se aprecian cada vez más masivas y resueltas. Ya no se trata, por cierto, de oponerse a las tarifas del Metro: son todas las demandas sociales las que han despertado en Chile con la desvergüenza del alza de la locomoción colectiva. Y los impugnados, además de los gobernantes, son las administradoras de los fondos de pensiones, las entidades de la salud, los bancos, las cadenas de farmacias, los propietarios de las eléctricas y otros servicios básicos, los hipermercados y grandes tiendas, como en general todas aquellas empresas que han lucrado y abusado gracias el régimen neoliberal impuesto por la Dictadura pinochetista y refrendado por los gobiernos aparentemente democráticos que la siguieron.

 

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