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Figuras públicas denuncian a la Corte Suprema de “notable abandono de deberes” tras liberación de genocidas y llaman a acusación constitucional

Publicado el 04 Agosto 2018
Escrito por El Clarín de Chile

Decenas de representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos, académicos y figuras públicas reunidas la tarde del sábado en el centro de memoria Clínica Santa Lucía lanzaron una declaración en la que condenan a la Corte Suprema por la decisión de otorgar la libertad condicional a siete condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Pinochet.

 

En el texto, los firmantes llaman a los parlamentarios a reprochar esta conducta de incumplimiento por parte de los Ministros de la Corte  Suprema de la normativa internacional de los derechos humanos, que los ha hecho incurrir en la causal de notable abandono de deberes, haciendo plenamente procedente la interposición de una acusación constitucional en su contra. “De lo contrario, Chile sufrirá un serio retroceso en su deber de resguardo de los Derechos Humanos y volverá a ser un paria dentro de la comunidad internacional, papel al que fue condenado durante los 17 años del régimen dictatorial, por la acción criminal  que realizaron aquellos cuya libertad hoy, los ministros de la Corte Suprema, están otorgando”.

 

DECLARACIÓN COMPLETA

 

Las recientes resoluciones dictadas por la Segunda Sala de la Corte Suprema que le otorgan la libertad condicional a siete criminales de Lesa Humanidad, no sólo constituyen una afrenta a la memoria de las víctimas y al anhelo mayoritario de la sociedad chilena de transitar hacia una sociedad democrática fundada en la Verdad, la Justicia, la Reparación y el pleno respeto a los Derechos Humanos, sino que además, contrarían principios y normas expresas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que se encuentran vigentes y que por tanto, obligan a su debido cumplimiento a todos los Poderes y Órganos del Estado de Chile, incluidos por tanto, al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo.

Nuestra posición frente a esta ofensiva por la Impunidad que incluye tanto los indultos ya otorgados por el Gobierno y su anunciado envío de un Proyecto de Ley que permita la liberación de los condenados por crímenes contra la Humanidad, sumada a la reciente resolución de un tribunal que declara admisible una querella interpuesta por un condenado de Punta Peuco en contra del destacado periodista e investigador de Derechos Humanos, Javier Rebolledo, se resume en que debe aplicarse sólo un criterio objetivo, pero suficiente: los distintos Poderes del Estado de Chile, deben acatar y cumplir cabalmente las obligaciones emanadas de la normativa internacional sobre Derechos Humanos que ha sido suscrita y ratificada por nuestro país, además de cumplir con lo resuelto en esta materia, por los distintos órganos administrativos y jurisdiccionales que integran el Sistema Internacional de los Derechos Humanos.

En el caso que nos ocupa, de acuerdo con la normativa internacional de Derechos Humanos, no procede la reducción de pena, a través de la libertad condicional, ni la suspensión o término de la misma, a través del Indulto o la Amnistía.

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional -vigente en Chile y aplicable en la materia- establece requisitos que ninguno de los condenados por crímenes contra la Humanidad, cumple a cabalidad. En efecto, se exige para ello el que el condenado lo haya sido a una pena proporcional a la gravedad del delito, requisito que no se cumple por la aplicación de la denominada “media prescripción” en más de 150 casos, que ha significado en la práctica la imposición de penas irrisorias, cuya improcedencia está dada, porque los crímenes contra la Humanidad son inamnistiables e imprescriptibles. Además, se exige para el otorgamiento de la reducción de pena el que haya existido de parte del condenado, colaboración desde un primer momento con las investigaciones judiciales al objeto de obtener el pleno esclarecimiento de los hechos y, un arrepentimiento genuino expresado en una colaboración eficaz.  Ninguno de los condenados cumple con estos requisitos.

Por lo tanto, interpelamos a los parlamentarios, a reprochar esta conducta de incumplimiento por parte de los Ministros de la Corte  Suprema de la normativa internacional de los derechos humanos, que los ha hecho incurrir en la causal de notable abandono de deberes, haciendo plenamente procedente la interposición de una acusación constitucional en su contra. De lo contrario, Chile sufrirá un serio retroceso en su deber de resguardo de los Derechos Humanos y volverá a ser un paria dentro de la comunidad internacional, papel al que fue condenado durante los 17 años del régimen dictatorial, por la acción criminal  que realizaron aquellos cuya libertad hoy, los ministros de la Corte Suprema, están otorgando.

Hacemos especialmente un llamado a todas las chilenas y chilenos, a debatir en sus respectivos lugares de trabajo, juntas de vecinos, organizaciones sindicales y poblaciones, centros de estudiantes y en sus respectivos hogares, acerca del Chile que queremos: un país que ampara los crímenes y niega el exterminio, o uno en el que soberanamente decidamos construir sobre la base de valores como la Verdad y la Justicia, fundamentos de toda sociedad democrática.

-        Carlos Margotta – Presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos

-        Lorena Pizarro – Presidenta Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos

-        Mónica Vargas - Presidenta de la Federación de Colegios Profesionales

-        Carlos Insunza – Presidente de la ANEF e integrante Mesa Ejecutiva de la CUT

-        Matías Cárdenas - Presidente de Comisión Chilena Pro-Derechos Juveniles (Codeju)

-        Dafne Concha - Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación

-        Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP)

-        Coordinadora de Organizaciones Sociales y Derechos Humanos

-        Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi

-        Corporación Tres y Cuatro Álamos

-        Casa de Memoria José Domingo Cañas

-        Asociación por la Memoria y los derechos humanos Colonia Dignidad

-        Sitio de Memoria Cuartel Borgoño

-        Sitio de Memoria ex Clínica Santa Lucía

-        Miguel Retamal – Presidente de la Agrupación Nacional de ex Presos Políticos

-        Jaime Lorca – Presidente Centro de Formación Memoria y Futuro

-        Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile

-        Sofía Brito (Líder del Movimiento Feminista)

-        Fernando Atria (Abogado Constitucionalista)

-        Roberto Garretón ( Abogado de DDHH)

-        Adil Brkovic Almonte (Abogado de DDHH)

-        Francisco Jara (Abogado de DDHH)

-        Verónica Matus (La Morada)

-        Manuel Guerrero Antequera (Sociólogo)

-        Mauricio Weibel (Periodista e Investigador)

-        Javier Rebolledo (Periodista e Investigador)

-        María Paz Santibáñez (Pianista)

-        Miguel Lecaros (Artista visual)

-        Manuel García (Músico)

-        Alejandro “Mono” González (Muralista)

-        Consuelo Castillo Echeverría (Actriz y cineasta)

-        Pía Barros (Escritora)

-        Jorge Montealegre (Escritor)

-        Juan Ayala (Músico)

-        Trío Memorial

-        Colectivo Cueca Sola

-        Kena Lorenzini (Fotógrafa)

-        Ximena Riffo (Fotógrafa y activista de Ni Una Menos)

-        Guillermo Bastías, “Guillo” (Dibujante)

-        Sandra Piñeiro Fuenzalida (Profesora, Diseñadora e Investigadora)

-        Elvira Hernández (Poetisa)

-        José Angel Cuevas, Poeta

-        Malucha Pinto (Actriz)

-        Alvaro Hoppe (Fotógrafo)

-        Patricio Cruz (Gestor Cultural)

-        José Cabrera Rodríguez (Empresario)

-        Reinaldo Flores Aguilera (Abogado)

-        Christian Ruiz Varas (Abogado)

-        Raúl García Dissi (Ingeniero)

-        Iván Torrealba Lee ( Actor y Director de Teatro)

-        Rodrigo Larraín Contador (Sociólogo)

-        Víctor Morales (Músico)

-        Pablo Gutiérrez Vásquez (Abogado)

-        Ignacio Diaz Sepúlveda (Abogado)

-        Nelson Meléndez Fuenzalida (Médico)

-        Luis Villavicencio Cristi (Ingeniero)

-        Orlando Olivera (Economista)

-        Rodrigo Silva Valdivia (Psicólogo)

-        Félix Donoso Carmona (Auditor)

-        Erick Faúndez (Fotógrafo)

-        Jaime Bristilo (Poeta)

-        Carlos Soto Román (Poeta)

-        Nona Fernández (Actriz, escritora y guionista)

-        Verónica Antequera

-        Isabel Walker Valdivieso (Ingeniero Química)

-        Eduardo Sepúlveda (Administrador Público)

-        Pablo González (Académico Universidad de Chile)

-        Patricia Cerda (Escritora)

-        Felipe Ossandón Saball (Profesor)

-        Alan Espinoza Ortiz (Profesor)

-        Eduardo Sepúlveda (Administrador Público)

-        Javier Insulza Merlet (Periodista)

-        José Manuel León (Historiador y Cientista Político)

-        Pablo Poblete Manríquez (Veterinario)

-        Cristián Rebolledo (Salubrista)

-        Alvaro Aravena Molina (Siquiatra)

-        Cristián Caroca (Sicólogo)

-        Pablo Farías (Podólogo)

-        Hugo Soto (Sociólogo)

-        Ignacio Díaz Sepúlveda (Abogado)

-        Juan Ayala (Músico)

-        Graciela Rubio (Académica Universidad de Valparaíso)

-        Juan Carlos Zagal (Director de Teatro Cinema)

-        Patricio Nicolás (Psicólogo)

-        Iván Candel (Diseñador Gráfico)

-        Paul Laulié  (Ex dirigente ANEF. Ingeniero en ejecución en Pesca)

-        Karla Toro (Presidenta FECH)

-        Gabriel González (Presidente del Centro de Alumnos de Filosofía y Humanidades U. de Chile)

-        Catalina Valenzuela (Fundación Protege)

-        Julia Urquieta (Abogado de DDHH)

-        Luis Bork (Presidente Capítulo Chileno del Ombudsman)

 

 

                                                                      Santiago, 4 Agosto de 2018.-

 

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