Asimismo denunciaron que la práctica de terrorismo de Estado se expresó de manera diferenciada y desigual sobre las mujeres detenidas y que la violencia política sexual ha quedado en la más absoluta impunidad desde el Estado chileno y el aparato judicial, mientras sigue vigente en las detenciones actuales a las mujeres que luchan, informa Prensa Latina.
Asimismo consideraron ‘espeluznante’ que un sitio de memoria pueda ser transado en el mercado sin que ninguna instancia del Estado, particularmente la responsable por ley de preservar y fiscalizar el patrimonio, se haya enterado, por lo que resulta una transacción absolutamente ilegítima e ilegal.
La declaración puntualiza que la venta a una empresa inmobiliaria de ese centro es síntoma de la falta de políticas patrimoniales donde abunda la desmemoria de todos los gobiernos civiles desde el fin de la dictadura.
La instalación operó como centro de tortura entre julio de 1974 hasta febrero de 1975, aunque siguió funcionando de manera intermitente hasta 1981.
Según denuncias, en ese centro de la DINA fueron torturadas por lo menos 81 personas, una tercera parte de ellas mujeres y de esas victimas 27 permanecen como detenidos desaparecidos.
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