El juicio en contra de Daniel Canío Tralcal, iniciado el 13 de diciembre 2019, es un ejemplo más de la persecución política del Estado chileno contra el pueblo Mapuche. El veredicto condenatorio, que podría alcanzar 22 años, demuestra el carácter desproporcionado de la Justicia chilena en los casos que involucran a comuneros Mapuche que luchan por sus legítimos derechos a la recuperación territorial y la libre determinación consagrados en los Pactos internacionales.
El gobierno de Chile, invocando la Ley antiterrorista, continúa vulnerando los derechos a la justa defensa permitiendo por ejemplo: la figura de testigo sin rostro, donde agentes del Estado testimonian bajo esas condiciones.
Recordamos que el Sistema Internacional de Derechos Humanos ha recomendado en numerosas ocasiones que la Ley antiterrorista no debe ser aplicada en el contexto de la protesta social Mapuche, situación que hoy no se cumple en el juicio que enfrenta Daniel Canío.
Señalamos además que los sucesivos gobiernos han fracasado en encontrar una solución efectiva a las demandas del pueblo Mapuche, en cambio han persistido en criminalizar las diversas expresiones de protesta social, esta vez en el caso de Daniel Canío Tralcal, militante de la organización Mapuche autonomista Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
Solicitamos que esta situación sea con urgencia analizada por los Organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales a efectos de garantizarle la restitución a Daniel Canio de sus derechos fundamentales a un debido proceso.
La Comisión Ética Contra la Tortura y el colectivo Nuevas Generaciones Chile, ambas en su calidad de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, monitorearon la situación de la detención, privación de libertad preventiva y el juicio oral y emiten este comunicado para manifestar que el Estado chileno incumple una vez más los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos referidos a los pueblos indígenas sus líderes, representantes y organizaciones.