Con antiparras y mascarillas participaron en la comisión de Salud representantes del Colegio Médico con el fin de exponer su opinión respecto del proyecto que prohíbe el uso excesivo de la fuerza, así como la utilización de medios disuasivos que afecten la integridad física de las personas y que exige el respeto de los derechos humanos por parte del personal policial, en el contexto de control o disolución de manifestaciones públicas.
La presidenta del colegio, Izkia Siches, concurrió a la instancia con los representantes del Departamento de Derechos Humanos, los doctores Enrique Morales (presidente) y Waldo Wilkinson, quienes expusieron los antecedentes que han podido recoger durante las movilizaciones sociales.
Si bien aseguran que previo a octubre de 2019 ya registraban acciones vulnerativas por parte de fuerzas policiales, como el uso de balines, bombas lacrimógenas, golpizas, violencia sexual y psicológica, junto a retraumatización; posterior a esa fecha se evidenció también el atropello por móviles de Carabineros, quemaduras de piel por agua con químicos del carro lanzaguas y acciones en contra de equipos de salud.
En la comisión, alertaron, además, sobre las cifras de trauma ocular severo, que hasta el 3 de enero de 2020 llegaban a los 361 casos. A su juicio, los datos son preocupantes, pues si se comparan con conflictos en otras partes del mundo, el único que se acerca son los ocurridos en Israel, entre los años 1987 y 1993, que registró 154 casos.
Los médicos también denunciaron el uso de gases no autorizados. Tal es el caso del gas amarillo, que es vomitivo y contiene arsénico. Este tipo de gas puede envenenar el agua y los alimentos con los que entre en contacto, por lo que su uso está prohibido.
Alcances del proyecto
La iniciativa fue presentada en la instancia por dos de sus autoras, las diputadas Claudia Mix (Comunes) y Cristina Girardi (PPD). En sus artículos se prohíbe a Carabineros el uso de medios disuasivos que amenacen, perturben o puedan vulnerar gravemente la integridad física de las personas en contextos de manifestaciones públicas.
Así también, prohíbe el uso excesivo de la fuerza y establece la realización de un protocolo especial que regule las detenciones de menores de edad, junto a la obligatoriedad que las y los funcionarios porten identificaciones tanto en su vestimenta como en su equipo.
Además, promueve mantener un registro de qué funcionarios participan en determinadas manifestaciones ciudadanas y qué medios disuasivos utilizaron y en qué cantidad, con la obligatoriedad de avisar al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ,cada vez que se usen.
“Lo que se busca es que podamos, de una vez por todas, regular el uso de estos medios disuasivos; poner control efectivo a los protocolos de Carabineros”, explicó la diputada Claudia Mix.
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