El 15 de enero Piñera presentó su propuesta gatopardista para mejorar las pensiones. No tocó a las AFP
La reforma de pensiones de Piñera sube las cotizaciones previsionales en seis por ciento, las que serán administradas por un ente público y destinadas en parte a mejorar pensiones actuales y en otra a ahorro, individual y “colectivo”. Un acuerdo de parlamentarios de oposición había presentado previamente una propuesta casi idéntica que difiere en las proporciones, mientras los opositores buscan destinar un cuatro por ciento a mejorar pensiones actuales el gobierno sólo destina el uno por ciento a ese fin. Queda claro que hay concertación previa y pretenden dejar las cosas mitad y mitad. El proyecto es socialmente regresivo, económicamente contractivo y fiscalmente irresponsable. Es aventurerismo político, puesto que no sólo mantiene intacto sino agrava el ahorro forzoso. Éste es el verdadero abuso del sistema AFP pues consiste en desviar salarios de por vida a financiar grandes grupos empresariales, en perjuicio de las pensiones. Su indisimulable tufillo a gatopardismo será percibido por los trabajadores, agravando la pérdida de legitimidad del sistema democrático en medio de “una crisis en plenitud” (Beyer 17/01/20). Por estos motivos, debe ser rechazado tajantemente. El aumento de seis por ciento en las cotizaciones es un atentado contra los trabajadores. Sube la tasa casi cincuenta por ciento, de 12,78 a 18,78 por ciento. Considerando el ingreso imponible promedio de $830.503 en los últimos 12 meses, a noviembre 2019 y en moneda de ese mes, las cotizaciones actuales representan un recorte a los salarios de 106 mil pesos mensuales a cada uno de los once millones de trabajadoras y trabajadores activos, cada vez que acceden a los seis millones de empleos asalariados precarios donde todos son contratados y despedidos constantemente. Recaudan 7,7 billones de pesos anuales, que equivalen a 10 mil millones de dólares, un quinto del presupuesto fiscal y cuatro por ciento del producto interno bruto (PIB). El proyecto eleva este tributo en 50 mil pesos mensuales por persona y recaudará 3,6 billones de pesos o 4.800 millones de dólares anuales (ver IMACEI-CENDA). El incremento se presenta como un aporte de empleadores, intentando apelar a la justa demanda sindical de aporte tripartito a la seguridad social. Sin embargo, como reconocen todos los economistas y en palabras de un reciente editorial de un importante medio nacional (LT 02/01/20), “a estas alturas del debate, no es aceptable ignorar que el efecto permanente de una mayor cotización es exactamente el mismo si ésta es pagada por el empleador o el trabajador, cuyo efecto será reducir su ingreso líquido”. Esta artimaña será vista por los trabajadores como otro engaño del sistema político que añade agravio al daño inferido. La propuesta sugiere un alza gradual de modo de aminorar su evidente carácter contractivo en un momento recesivo como el actual. Adicionalmente el Estado subsidia los primeros años con cargo a su presupuesto, lo que agrava aún más el déficit y endeudamiento originado en el ahorro forzoso, subiendo el riesgo crediticio del país.
La propuesta no acaba sino por el contrario agrava, el abuso del ahorro forzoso. Mientras eleva brutalmente el impuesto a los salarios, no toca los 10.000 millones de dólares en cotizaciones que hoy se apropian las AFP. Por el contrario, lo agravará en el monto de “ahorro” adicional que finalmente se acuerde. Si la mitad de las nuevas cotizaciones se termina destinando al ahorro, como concertadamente pretende el sistema político con esta reforma, el abuso aumentará en 2.400 millones de dólares adicionales de salarios traspasados de por vida a los empresarios.
Poco importa si la expoliación adicional de salarios desviados al ahorro forzoso se registran en cuentas individuales o colectivas, igualmente terminará en el sistema financiero, que lo traspasará en su mayor parte a los grandes grupos empresariales que se han venido apropiando del ahorro forzoso AFP.
La reforma no toca el esquema de rentas vitalicias ni seguros de invalidez y sobrevivencia (SIS). Por lo tanto, poco menos de la mitad del enorme recorte a los salarios destinado al ahorro forzoso se continuará traspasando de inmediato a la propiedad de compañías de seguros relacionadas con este negocio, en forma de primas, “únicas” de rentas vitalicias y SIS. Este enorme flujo financiero, les permite pagar todas las pensiones vitalicias y cubiertas por el seguro, dejando un excedente cuya continuidad hacia el futuro excede con creces las pensiones adeudadas.
Solo seis compañías se embolsan el 80 por ciento, dos aseguradoras extranjeras propietarias de AFP y cuatro pertenecientes a grandes grupos nacionales cuyas cabezas integran el círculo íntimo del Presidente de la República. Estas últimas se embolsan la mitad de este flujo, es decir, cerca de una cuarta parte de las cotizaciones. Por añadidura, son depositarios de una cuarta parte de las inversiones del fondo de pensiones en empresas nacionales, el resto de las cuales comparten con el reducido grupo de conglomerados que controlan la economía nacional, empezando por el mayor de todos ellos.
Desviar a beneficio de grandes empresarios aquella parte de los salarios que debería garantizar que cada trabajador o trabajadora activa contribuya lo que le corresponde al sostén digno de sus padres y abuelos. Esa es la esencia del ahorro forzoso, cuyos principales beneficiarios son los grupos señalados.
A ellos se agregan otros gestores financieros, desde luego todos los propietarios de AFP, que cobran más de 1.000 millones de dólares anuales en comisiones de administración. En la actual propuesta de reforma opositora han ejercido asimismo un fuerte lobby los mayores gestores mundiales de fondos de inversión, que ya se embolsan más de 500 millones de dólares anuales en comisiones “fantasmas”. Estos últimos han sido los principales promotores del “ente público” de administración de pensiones, puesto que éste contrataría con ellos la gestión del “ahorro colectivo”, como explícitamente se menciona en la propuesta opositora.
El ahorro forzoso fue impuesto en dictadura, pero sostenido y perfeccionado por todos los sucesivos gobiernos y parlamentos democráticos, sobre los cuales sus beneficiarios han ejercido un control hasta hoy incontrarrestable. Los cabecillas del grupo más cercano al Presidente fueron encarcelados por financiar ilegalmente un partido político completo y muchos parlamentarios de otros partidos. Otro de los grupos más beneficiados es propietario de una de las principales cadenas de diarios nacionales.
Por años, estos intereses han venido promoviendo subir aún más las cotizaciones y rebajar aún más beneficios que reconocen como “miserables” y se reducen año tras año en proporción a los salarios. Han mentido descaradamente prometiendo beneficios que nunca se cumplen. Han denostado los sistemas públicos de seguro social, que peyorativamente motejan “de reparto”, asustando con proyecciones manipuladas de población que asumen inmigración cero, y argumentando de modo irracional que los trabajadores activos no podrían sostener en el futuro un número creciente de sus mayores. Como si alguien más pudiera hacerlo. Ocultando que los países desarrollados han demostrado que, gracias al incremento de la productividad del trabajo, sí pueden a hacerlo con proporciones de adultos mayores que duplican la chilena, trabajando jornadas más reducidas además.
La codicia de echar el guante al segundo impuesto que más recauda establemente después del IVA, las cotizaciones previsionales, ha podido más que la majadera prédica de estos mismos grupos y los economistas que los representan, en favor de la austeridad fiscal. En efecto, tras terminar con el seguro social que en 1981 dejaba un superávit de ⅓ de cotizaciones sobre pensiones pagadas, no han vacilado en incrementar sin cesar la carga fiscal destinada a pagar pensiones, que hoy absorbe casi ⅕ del presupuesto del Estado en financiar ⅘ del gasto nacional en pensiones (ver IMACEI-CENDA). Durante la mayor parte de las últimas cuatro décadas dicho gasto se financió con un aumento de la deuda pública, irracional práctica que significa ni más ni menos que endeudarse para ahorrar, y que fue el motivo principal por el cual los países que habían implementado versiones limitadas del ahorro forzoso con cotizaciones, los acabaron tras la reciente crisis mundial. CENDA ha demostrado que acabar con el ahorro forzoso, recuperando los 10.000 millones de dólares anuales de cotizaciones, permite duplicar las pensiones ahorrando al fisco cuantiosos subsidios directos e indirectos que hoy aporta al sistema AFP. Si adicionalmente el Estado asume el esquema de seguros que hoy traspasa a compañías relacionadas con el negocio la mitad de las cotizaciones, el fisco generaría un superávit equivalente a ⅕ del presupuesto. Aún después de duplicar las pensiones, parte de las cuales tendrían que seguir siendo pagadas por estas compañías hasta la extinción de los compromisos contraídos. Todo ello sin retirar del fondo acumulado más recursos que los que hoy retira el sistema de AFP. Pero ciertamente sin continuar engrosándolo sino, por el contrario, devolviéndolo íntegramente a sus propietarios. El fondo de ahorro forzoso, mal llamado de pensiones puesto que su única relación con éstas es calcular su exiguo monto, equivale hoy a veinte años de cotizaciones, beneficia exclusivamente a los empresarios y crece continuamente con los excedentes de cotizaciones sobre el aporte del sistema AFP al pago de pensiones. El fondo de reserva técnica del reconstruido sistema de seguro social, que en ningún caso excederá dos o tres años de cotizaciones, no podrá ser en el futuro prestado a empresarios, sino destinado exclusivamente a destinos en beneficio directo de trabajadores, como habitaciones o préstamos de interés bajo.
La propuesta de la oposición es regresiva desde el punto vista social, contractiva en momentos de recesión económica e irresponsable desde el puente de vista fiscal. Los trabajadores y trabajadoras la echarán abajo, ahora o en un futuro próximo, en el curso de un alzamiento que no amainará hasta terminar de una buena vez con el ahorro forzoso e inscribir en la Nueva Constitución que los salarios son sagrados y nunca más en Chile podrán ser desviados en beneficio de los empresarios.
Manuel Riesco
Vicepresidente CENDA
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Pero el meollo es muy profundo...Ese es un grave problema..
Finalmente hemos llegado al meollo del problema, el ahorro individual a través de la obligatoriedad de hacerlo en una AFP, es en verdad un IMPUESTO en favor del gran capital. Este impuesto es el segundo en importancia después del IVA. El IVA va directo a las arcas fiscales y el ahorro forzoso privado (AFP) directo a las arcas de los grupos económicos.Por esta razón los 220 mil millones de dólares américanos apropiados por las AFP van a ser defendidos por todos los medios y sin excluír ninguno. Aquí reside la verdadera sangre que oxigena el modelo neoliberal chileno, es el Arca de la Alianza. Es la joya de la corona que ha significado el saqueo y/o robo continuo por casi tres décadas de una minoría social a la mayoría que constituyen los trabajadores. El saqueo de los bienes del Estado y a los trabajadores por parte de la derecha económica y sus socios uniformados comenzó el 11 de septiembre de 1973, y no ha cesado hasta el día de hoy. La pregunta es si hoy como ayer defenderan estos delincuentes su botín con la fuerza si es necesario ?