La hoja en blanco y las mentiras de la derecha sobre el plebiscito y la nueva constitución

La derecha ha intentado meter miedo a la gente con la patraña de que la metodología de la “hoja en blanco”, con la cual se redactaría la nueva constitución, implicaría que en ella se introduciría cualquier locura que a los miembros de la constituyente se les ocurriera, pues todos ellos estarían allí para efectos de darse un gusto, es decir, para hacer, decir y escribir lo que se les ocurriera, sin darle cuenta a nadie  y sin depender de nadie para esos efectos. Se argumenta que con ello desaparecerían las tradiciones políticas y sociales que Chile ha venido desarrollando a largo de su vida independiente y todos los derechos e instituciones con las cuales el país ha funcionado tan bien a lo largo de las últimas décadas. Una cantidad de no más de 200 personas podrían refundar la república.

Sin embargo, los que defienden la actual constitución con ese argumento, olvidan que  ella fue redactada siguiendo exactamente ese procedimiento que ellos hoy en día creen ver – con mucho susto – en las intenciones de sus opositores, de sus críticos y de sus víctimas. Se trata de una clara manifestación de la mala conciencia y de la mala memoria.

La dictadura de Pinochet – y todos sus actuales secuaces y viudos – pretendían claramente refundar Chile, hacer tabla rasa de sus tradiciones democráticas, de su organización social y política y de todo lo bueno que se fue construyendo a lo largo del siglo XX. Para cumplir con ese propósito encomendaron la redacción de la constitución a un grupo reducido de personas – que en su última etapa fueron reemplazadas prácticamente por una sola, el señor Jaime Guzmán – que solo respondían ante la persona que les había encomendado esa responsabilidad, es decir, el propio dictador.

No respondían ante nadie más. Podían hacer, decir y escribir lo que quisieran, siempre y cuando todo ello correspondiera con las ideas de Pinochet. No tenían que tomar en cuenta ninguna constitución ni ninguna ley anterior que la república se hubiera dado. No respondían ante partidos ni grupos sociales que los hubieran elegido para esa tarea de redactar una nueva constitución, ni tenían que exponer día a día, ante la faz del país, las ideas que iban presidiendo ese cuerpo constitucional que iban redactando. No habían partidos políticos ni organizaciones sociales de ninguna naturaleza que los pudiera presionar para que pusieran una cosa u otra. Tampoco ese documento constitucional estaba destinado a ser ratificado o aprobado por una mayoría nacional que se expresara en forma libre, secreta informada en un referéndum o consulta plebiscitaria. Esa constitución es fruto de la imposición, del secreto y de la absoluta falta de participación. Hoy en día tratan de mostrar las cosas como si ese procedimiento de antaño fuera el que se impondrá con el triunfo de la opción Apruebo. Pero las cosas son muy diferentes.

Se espera, en primer lugar, que millones de personas se pronuncien sobre si quieren o no una nueva constitución. Ni eso ni nada parecido sucedió en la época de la dictadura.

Se espera, posteriormente, que millones de personas elijan a sus representantes ante la Convención Constituyente, es decir, que no sean elegidos a dedo, como fueron los redactores de la actual constitución.

Se espera, igualmente, que las ideas e intereses de esos millones de personas – organizadas o no en partidos políticos – no solo elijan, sino que permeabilicen con sus puntos de vista, a los redactores de la nueva constitución, la cual sería, por esa vía, expresión de los puntos de vista de la nación entera.  La hoja en blanco no sería, en esa medida, llenada en forma caprichosa por un grupo reducido de ciudadanos elegidos a dedo, sino por voceros y mandatarios de las grandes mayorías nacionales.  A ese ejercicio de democracia y de participación los partidarios de la actual constitución renunciaron en su momento y siguen renunciando en el día de hoy.

Se espera que la nueva constitución que finalmente se redacte seria refrendada – o rechazada – por millones de ciudadanos que se expresen en forma libre, secreta e informada.  Todo ello constituye un proceso democrático y participativo como nunca antes ha estado presente en las constituciones que el país ha tenido durante su vida independiente.

 

 

Por Sergio Arancibia