El Dictamen daba cuenta entre otras cosas de la instrumentalización de un certificado del SII, de carácter tributario, que luego era asumido por CONAF como vinculante a la hora de determinar la factibilidad de sustituir masa boscosa por cultivos agroindustriales. Esto posibilitó arrasar con al menos 22.000 hectáreas de bosque nativo.
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Me parece increíble que la contraloría actúe protegiendo los bosquers naturales y no lo haga el ministerio de agricultura u otros medios adecuados como las entidades agronómicas surtas en todo el país (estaciones experimentales , escuelas y universidades agronómicas...) que mantienen silencio y agachan la cabeza.Chile ya parece un antipaís......