Expertos en derechos humanos de la ONU[1] denunciaron el controvertido proyecto de ley de seguridad integral de Francia, que parece incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos y debe revisarse a fondo.
«Es una buena señal que los miembros del Parlamento hayan dicho que volverán a redactar el artículo 24 para limitar la publicación de imágenes de agentes de policía, pero debemos ir más allá y repensar el objetivo de la ley propuesta en su conjunto”, dijeron los expertos.
«La simple reescritura del artículo 24 no solucionará sus deficiencias y esta disposición no es ciertamente la única del proyecto de ley que atenta contra los derechos humanos».
La aprobación de la ley de seguridad integral propuesta por la Asamblea Nacional la semana pasada provocó que decenas de miles de personas se manifestaran en varias ciudades de Francia. Los manifestantes también expresaron su enojo por los videos que muestran a la policía desmantelando violentamente un campamento de migrantes en el corazón de París y la golpiza intolerable de un productor de música negro por parte de la policía, que fue captada por la cámara de seguridad. Cuatro agentes de policía han sido acusados en relación con este incidente.
«Estos incidentes son recordatorios indiscutibles del hecho de que las imágenes de video de abuso policial capturadas por el público juegan un papel esencial en el monitoreo de las instituciones públicas, que es fundamental para el estado de derecho», dijeron los expertos.
“Entre las muchas otras disposiciones del proyecto de ley que podrían limitar los derechos humanos, el artículo 22 que autoriza el uso de drones de vigilancia en nombre de la seguridad y la lucha contra el terrorismo permitiría una vigilancia extensa, especialmente de manifestantes. Esto tendrá serias implicaciones para el derecho a la privacidad, la libertad de reunión pacífica y la libertad de expresión en el país, así como en cualquier otro país que pueda inspirarse en esta legislación”, agregaron los expertos.
“La introducción de estas medidas de vigilancia debe leerse a la luz de las nuevas tecnologías, incluido el reconocimiento facial y la recopilación masiva e indiscriminada de datos personales, que podrían disuadir a las personas de ejercer sus derechos fundamentales”, dijeron los expertos.
Si bien acogieron con beneplácito el establecimiento de una comisión, encabezada por el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, encargada de formular recomendaciones sobre el artículo 24, los expertos instaron a las autoridades a realizar una evaluación integral de la compatibilidad. de todo el proyecto de ley con derecho internacional.
Expertos Independientes ante la ONU
Los Expertos Independientes forman parte de los llamados Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. El término “procedimientos especiales”, que se refiere al cuerpo más grande de expertos independientes dentro del sistema de derechos humanos de la ONU, generalmente se atribuye a los mecanismos independientes de investigación y supervisión establecidos por el Consejo de Derechos Humanos para abordar la situación específica de un país o cuestiones temáticas en todas las regiones del mundo. Los expertos en procedimientos especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y desempeñan sus funciones a título individual.
Los expertos han expresado previamente sus preocupaciones sobre la ley a las autoridades francesas y reiteran su disponibilidad para proporcionar cualquier asistencia técnica que las autoridades puedan necesitar en este contexto.
[1] Irene Khan, Relatora Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión; Clément Nyaletsossi Voule, Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y la libertad de asociación; Fionnuala Ní Aoláin, Relatora Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; Nils Melzer, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Agnes Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
Elena Rusca, Ginebra
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