Agricultores de Curacaví y María Pinto interponen recurso de protección por derrumbe de Canal Las Mercedes

Mientras el Gobierno anunció un bono de emergencia para los 1.108 pequeños agricultores de Curacaví y María Pinto, este lunes 21 de diciembre los afectados interpusieron un Recurso de Protección en contra de la empresa Colbún, la Asociación Canal Las Mercedes, la Gobernación Provincial de Melipilla y las municipalidades de Curacaví y María Pinto. Esta acción, tiene como objetivo determinar responsables y acceder a indemnizaciones que ayuden a palear las millonarias pérdidas.

El pasado 25 de noviembre, el Canal Las Mercedes sufrió un abrupto derrumbe que provocó la imposibilidad de continuar con el riego de más de 16 mil hectáreas de cultivos. En estas propiedades, más de mil campesinos desarrollan sus pequeñas actividades económicas, las se encuentran entre 80 a 90% con pérdida total. “Cabe consignar que estos agricultores ya venían resentidos producto del estallido social y la pandemia, por lo que habían dispuesto de una gran inversión en esta temporada productiva, con la intención de recuperar las pérdidas anteriores”, comenta Gustavo Espinoza,  socio fundador  de la ONG Avancemos.

A casi un mes del derrumbe del Canal Las Mercedes, los afectados aún no han tenido reuniones ni han participado de una mesa de negociación con la autoridad local ni de gobierno, lo que motivó a Carolina Carrasco, en su calidad de afectada y en representación del Comité de Agua Potable Rural Santa Inés de Pataguilla a interponer un Recurso de Protección. A través de este medio, “los damnificados buscan determinar responsables que informen qué fue lo que provocó el accidente y posteriormente poder recuperar las mermas de los campesinos, con estudios sobre el avaluó y calculo total de las pérdidas”, explica Gustavo Espinoza.

Los afectados además, han señalado que si bien el gobierno ha dispuesto de un fondo de emergencia, estos son administrados por los municipios, donde los pequeños agricultores no cuentan con representación. Asimismo, denuncian que las municipalidades de Curacaví y de María Pinto, no realizaron ningún tipo de acción para afrontar la emergencia, ya que en ninguna de las dos zonas se dispusieron de camiones aljibes para continuar con el regadío de las plantaciones.

“La pérdida es prácticamente total, y la ayuda que ofrece el Ministerio de Agricultura no se condice con el real perjuicio de los campesinos que están endeudados hasta el cuello. Ellos necesitan algún tipo de ayuda financiera real lo antes posible, para que puedan quedar un poco más tranquilos y eviten la quiebra de sus negocios, lo que además incidirá en el alza de los precios finales, lo que terminará por afectar a los consumidores”,  declara Gustavo Espinoza,  socio fundador  de la ONG Avancemos.