El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó este jueves un informe sobre la respuesta del Estado a las recomendaciones del Instituto en relación al respeto de los derechos humanos.
Las recomendaciones han sido dirigidas al Poder Ejecutivo, Judicial y el Ministerio Público, las cuales son un efecto y reacción a las reiteradas violaciones a los derechos humanos ocurridas a partir del estallido social desde octubre del 2019 y durante el 2020.
Las recomendaciones principales se basan en cinco puntos: Uso de la escopeta antidisturbios con apego a los principios de proporcionalidad, gradualidad y necesidad. Uso de agentes químicos ajustado al respeto de los derechos humanos. Asegurar el deber estatal de investigar todas las denuncias de violaciones a los DD.HH. Brindar acceso a recursos judiciales expeditos y efectivos ante violaciones de DD.HH. Por último, establecer la verdad sobre las violaciones de DD.HH., reparación y la garantía de no repetición.
Ninguna de estas cinco recomendaciones ha sido cumplida en su totalidad.
Cabe destacar, en relación a la respuesta del Poder Judicial y el Ministerio Público, que de las 2.834 querellas interpuestas por el INDH por hechos ocurridos hasta el 31 de marzo, 42 causas han sido formalizadas, es decir, un 1,5% del total.
Adicionalmente, los datos disponibles indican que el Ministerio Público ha presentado acusaciones en cuatro causas, existiendo una causa con uno de sus imputados condenado.
Respecto a los plazos desde la ocurrencia del delito hasta el cierre de la investigación formalizada, en las 42 causas referidas, el tiempo mínimo registrado es de 82 días, el tiempo máximo es de 501 días y en la mitad de las causas, transcurre un lapso superior a los 362 días.
Estos antecedentes generan preocupación respecto de los obstáculos operativos que se deben resolver para cumplir con el principio de un trabajo diligente, sin dilación y que responda adecuadamente al desafío que representa la lucha contra la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos.
INFORME INDH
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Está claro. Hay una sistemática violación del derecho a la justicia en nuestro país. Lo que no se entiende es por qué el INDH no dice nada acerca de un factor muy negativo para la vigencia de los derechos humanos (¡y de la propia democracia!) desde 1990: La autonomía operativa de que disponen las FF. AA. y Carabineros en virtud de su Ley Orgánica Constitucional dejada como uno de sus legados por Pinochet en 1990 poco antes de dejar el gobierno (¡no el poder!).