Este domingo se desarrollarán en Chile las elecciones constituyentes, al mismo tiempo que las municipales y de gobernadores regionales. La elección de esta Convención Constitucional es un acontecimiento central del nuevo ciclo político que se abrió con la gran rebelión popular de octubre 2019.
Hubiéramos esperado a que exprese alegría, pero Alondra Carrillo está furiosa. Desde hace muchos años, esta joven militante feminista de Santiago esperaba el momento en que su país se desharía de la Constitución de 1980, heredada de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1989). Mientras que desde la transición a la democracia todos los gobiernos se dedicaron a preservar el statu quo, unas manifestaciones masivas finalmente forzaron al poder a modificar la Carta Magna. Se estableció, entonces, una plataforma virtual para facilitar el patrocinio ciudadano de las dos mil personas que optaron por una candidatura independiente, lejos de las formaciones tradicionales. Con algunas compañeras de la Coordinadora Feminista del 8 de Marzo, Carrillo se presenta como candidata para las elecciones de convencionales constituyentes.
Sin embargo, en este 2 de marzo, echa humo: la autoridad electoral acaba de hacer público el modo de financiamiento de la elección, que niega a los candidatos independientes condiciones similares a las de los grandes partidos. Denuncia que es una forma de “discriminación antipopular”, consciente de que para los 450 candidatos independientes que ya obtuvieron las firmas validando su candidatura, la carrera de obstáculos está lejos de haber terminado.
Desde el final negociado del régimen militar en 1989, Chile ha sido descrito por las elites latinoamericanas como una “democracia de consenso” ejemplar. Sin embargo, la success story de la contrarrevolución neoliberal inaugurada por los militares en 1973 se ha ido fisurando progresivamente hasta revelar el malestar de una sociedad desigual, mercantilizada y anómica. A pesar del aplastamiento del movimiento popular durante el régimen del general Pinochet y de la precarización general del trabajo, las iras dispersas seguían incubándose bajo las cenizas. Estudiantes, trabajadores portuarios o mineros, feministas y minorías sexuales, jubilados dependientes de fondos de pensión, clases medias endeudadas: desde 2006, muchos sectores manifestaron su descontento. Sólo faltaba una chispa para el estallido.
La gota que hizo rebalsar el vaso fue el aumento de treinta pesos del metro. El 7 de octubre 2019, estudiantes secundarios hicieron un llamado a no pagar y a practicar felizmente el salto de los torniquetes. Gracias a las redes sociales, la práctica se extiende. El poder piensa poder apagar el incendio incrementando la presencia policial en las calles; está tirando aceite al fuego. El 25 de octubre, cerca de dos millones de personas toman las calles: la marcha más grande de la historia del país, proclama una prensa obligada, momentáneamente, a contener su apoyo al poder. “¡Chile despertó!”, proclaman algunos. Todos los reclamos, fruto de una democratización parcial y de un modelo económico violento, resurgen. Las banderas del pueblo Mapuche se izan junto a la bandera nacional en la Plaza Italia, rebautizada “Plaza de la Dignidad”. Las paredes de las ciudades se cubren de consignas y de frescos que denuncian una clase política desacreditada por los casos de corrupción, unas fuerzas armadas manchadas por casos de enriquecimiento ilícito y una Iglesia Católica culpable de mansedumbre frente a los pedófilos en sotana. Por las noches, las calles retumban con conciertos de cacerolas que parecen unir los suburbios populares y los barrios de clase media. Contra la pared, el gobierno levanta el estado de urgencia mientras Piñera echa a dos ministros y anuncia algunas tímidas medidas sociales.
Sin embargo, la movilización continúa, al igual que la represión. Según Amnistía Internacional, “los carabineros violaron de forma generalizada los derechos de los manifestantes”. En cuarenta y cuatro días, más de 12.000 heridos ingresaron en las guardias de los hospitales. Unos 2.000 fueron alcanzados por armas de fuego y casi 50 fueron víctimas de lesiones oculares graves. Miles de casos de malos tratos en las comisarías y cientos de denuncias de violencia sexual cometida por depositarios de la autoridad pública inundan los tribunales. Pero la cultura de la impunidad persiste. Más de 2.000 personas con prisión preventiva o imputadas y con medidas cautelares esperando ser juzgadas, a veces desde hace más de un año. Algunas son sin embargo menores y todas son consideradas como “presos políticos” por varios abogados y ciertas figuras políticas, entre ellas la diputada comunista Camila Vallejo, que pide una Ley de amnistía. A la vez que manejaba con vigor la mano derecha del Estado, el ejecutivo comprendió rápidamente que debía buscar una solución política a la crisis. No porque la oposición parlamentaria pareciera en condiciones de capitalizar la fuerza vital de la calle. Los estados mayores partidarios y sindicales del centroizquierda están desbordados, y hasta asustados, por este movimiento descentralizado, radical y horizontal que cuestiona su cogestión del neoliberalismo desde hace treinta años. La salida de Piñera se convierte rápidamente en una de las reivindicaciones de los “insurgentes”. El éxito de la gran huelga nacional del 12 de noviembre de 2019, cuya organización debió asumir la Central Única de Trabajadores (CUT) ante la presión de los acontecimientos y de su base, es una muestra para el gran empresariado y La Moneda de la gravedad de la situación.
Cada artículo propuesto deberá ser aprobado por una mayoría calificada de dos tercios, lo que otorga a la derecha una minoría de bloqueo, sobre todo en un contexto en el que ésta se encuentra unida mientras que el centro y la coalición de la izquierda parlamentaria (en torno al PC) no han logrado ponerse de acuerdo sobre listas comunes. Por último, la posibilidad de una presencia notoria de candidatos surgidos de movimientos sociales fue descartada: las normas electorales han sido calcadas del escrutinio proporcional plurinominal de las elecciones legislativas (según el cuestionado sistema D’Hondt), que favorece mecánicamente los grandes pactos electorales y sobrerrepresenta las listas que obtienen más votos.
Otros son mucho más críticos acerca de esta participación y afirman que la trampa de una Convención Constitucional moldeada por los deseos de los poderosos está clausurando la lucha llevada a cabo desde octubre de 2019. Estas elecciones no harán más que poner una capa de barniz democrático al sistema –cambiar la Constitución para que nada cambie, en cierta forma–. Es en alguna medida lo que explicaba, a fines de 2020, el ministro de Asuntos Exteriores Andrés Allamand. Buscando tranquilizar a todos aquellos que temían que la nueva Constitución “refunde” Chile, el antiguo apóstol de la dictadura analizaba aquello que consideraba como un “gravísimo error”. Al contrario, explicaba: el nuevo texto permitiría “mantener, sin ninguna duda, algunos pilares claves del desarrollo económico chileno como el respeto a la propiedad privada, la iniciativa individual, el tratamiento no discriminatorio entre la inversión nacional y la inversión extranjera”. Según las diversas estimaciones, los sectores conservadores tienen algunas razones para alegrarse: con alrededor del 40% de los elegidos, deberían asegurarse cómodas minorías de bloqueo para la Convención.
Piñera, gracias a lo que parecía un exitoso programa de vacunas contra el Covid-19 (con la ayuda de China), ha aumentado levemente -y de manera muy transitoria- su extremadamente decaído apoyo en los sondeos. Hoy está totalmente aislado políticamente. No obstante, la derecha sigue soñando con un triunfo posible en la próxima elección presidencial a fines de año con un candidato como Joaquín Lavín, lo que evidentemente está por verse. Una nueva rebelión popular o, en otro plano, la cada vez más popular candidatura presidencial de Daniel Jadue, alcalde comunista de la comuna de Recoleta (Santiago), podrían perturbar los planes de la oligarquía chilena.
Por Franck Gaudichaud
Este texto fue publicado originalmente en la edición de abril de Le Monde Diplomatique (Francia) www.monde-diplomatique.fr. Traducción de Micaela Houston.
la Cámara de Diputados debatió y finalmente rechazó una propuesta que modificaba la ley de…
La carta enviada responde al mandato de la Oficina de la ONU de promover y…
Para Amnistía Internacional es preocupante que esos hechos lamentables pudieran haber afectado la independencia del Ministerio…
Nueve jugadores de fútbol, ex cadetes de Cobreloa fueron detenidos por denuncia de violación masiva…
La Directora (S) del INDH, Haydee Oberreuter Umazabal, argumentó que esta presentación busca velar por…
El 5 de septiembre de 2022 el Tribunal de ejecución del Laudo dio traslado al…
Ver comentarios
Pregunte , infórmese , recuerde votar por independientes no relacionados con los "partidos30años".