¿A dónde va la Convención Constitucional?

La reciente propuesta de la convencional María Rivera en la Comisión Sistema Político de la Convención Constitucional que propone la disolución de los poderes del Estado —en la jerga liberal ejecutivo, legislativo, judicial— en una «Asamblea Plurinacional de Trabajadores y los Pueblos», ha tenido la virtud de echar luz sobre la vigencia del Acuerdo por la Paz y la consistencia de este bloque patronal comandado por Apruebo Dignidad, generando un unánime repudio por parte de estas fuerzas del régimen que la han calificado de antidemocrática y descabellada, entre otros epítetos. Este bloque que encabeza Boric —quien calificó la propuesta como fuera del «marco democrático» (sic)»—se extiende desde la ultraderecha hasta el PC, quienes coinciden en la necesidad alcanzar un texto constitucional de consenso, que modernice la institucionalidad vigente, pero que en lo sustancial la preserve.

Veamos el contexto de este exabrupto. Al día de hoy, faltando un mes para la instalación del Gobierno de Boric, la Convención Constitucional se nos presenta como la sala de máquinas del régimen y por lo mismo nada podemos esperar de ella. El llamado proceso constituyente no es más que la restauración del régimen. En efecto, si de algo sirvió el proceso de Iniciativas Populares de Norma (INP)—creado en apariencia para incentivar la participación popular en la conformación de normas constitucionales— fue para servir de balón de oxígeno a la Derecha la que logró llegar a esta instancia con las mayores propuestas patrocinadas. Por otro lado, que los principales reclamos que sirvieron de base al levantamiento popular del 18 de Octubre , como el de la libertad a los presos políticos, la nacionalización de la gran minería o el fin de las AFP, apenas hayan logrado superar el umbral de patrocinios, es un claro índice que las INP no lograron despertar al activismo y a las organizaciones de base, que vieron en ellas una simple maniobra comunicacional de la Convención sin ninguna perspectiva política real.

Se equivocan quienes culpan al pueblo por su falta de interés en participar.

Ocurre que la mecánica de la lucha de clases es un implacable proceso histórico que pone a las clases sociales en un choque antagónico y es este impacto entre clases el que erosiona y a veces alimenta, sistemáticamente, las ilusiones de los explotados en la democracia burguesa. La Convención no escapa a esta regla general, del momento que es un órgano parlamentario del Estado burgués, vale decir ella está creada y financiada por el aparato burocrático con el que la minoría explotadora —la clase capitalista— se impone sobre la mayoría nacional explotada. En consecuencia, las normas que de ella provengan —la nueva Constitución— serán invariablemente normas de derecho patronal. Por lo indicado la institución —Convención Constitucional— y las normas generadas —Constitución— forman parte del sistema de control social capitalista que en un sentido más amplio se expresa a través del Estado. Es imposible, por una cuestión igualmente de clase, que la nueva Constitución de respuesta a las grandes reivindicaciones planteadas por el proceso revolucionario abierto el 18 de Octubre. Quienes así lo plantean no solo alimentan las ilusiones democráticas, sino que invitan a los trabajadores a nuevas frustraciones y derrotas.

En el mejor de los casos la Convención podrá plantear problemas, enunciarlos discursivamente, como ocurrirá con el catálogo de los derechos fundamentales. Olvidémonos por un momento que la Convención es un órgano del Estado burgués, olvidemos que fue generada y se encuentra reglamentada contramayoritariamente (2/3) como un elemento integrante del aparato represivo capitalista. Imaginemos que la Convención logra aprobar alguna moción que interfiera en la estructuración del régimen del gran capital, como por ejemplo que declare la propiedad colectiva de los grandes medios de producción, la disolución de las FFAA, el Poder Judicial y reconozca a las asambleas populares como auténticas portadoras de la soberanía popular de la clase trabajadora. La aplicación de tales medidas necesariamente supondrían el establecimiento de un gobierno de trabajadores que eche abajo al conjunto de la institucionalidad, expulsando insurreccionalmente a la burguesía del poder, única forma de arrebatar los medios de producción a la canalla capitalista y las armas a sus FFAA.

Volvamos ahora a la moción de la Asamblea Plurinacional. Por cierto defendemos incondicionalmente a María Rivera y el puñado de convencionales que han sostenido esta propuesta, del histérico ataque de que han sido objeto por parte de las fuerzas del Acuerdo por la Paz, del momento que tal ataque se perpetra con la pretensión de aplastar toda expresión política que reivindique a la clase trabajadora. Nuestra defensa obedece por lo mismo a una elemental cuestión de clase.

Sin embargo, no podemos estar de acuerdo con la fundamentación democrática que exponen en La Voz de los Trabajadores, órgano de MIT. En dicha nota sostienen que «nuestra propuesta es infinitamente más democrática que el Estado actual y es la única que lleva a fondo las reformas necesarias para que el Estado sea la representación de la mayoría de la población», clarificando más adelante que «Lo que proponemos es acabar con todas las instituciones que están al servicio de los dueños del país y construir otras nuevas. generando un «nuevo poder, totalmente electo, con control popular y sin la influencia del gran capital, podría tener las condiciones de evitar la corrupción y tomar decisiones al servicio de la mayoría de la población. Los ministros, los jueces, el presidente del Banco Central, etc., serían electos por ese poder, con alta representatividad popular.»

Saludamos el ímpetu revolucionario que asoma en estas líneas y nos sumamos a la reivindicación de la URSS como el primer gobierno obrero de la historia, sin embargo creemos que el razonamiento sobre el que descansa la propuesta es —al decir lo menos— limitado. La diferencia fundamental apunta a que resulta totalmente errado plantear reformar al Estado para que éste represente a la mayoría de la población, aún cuando más adelante se clarifique que persigan acabar con las instituciones burguesas y reemplazarlo por un poder totalmente electo. Estas ideas reformistas y de un riguroso itinerario electoral nos remiten en la esencia a la Unidad Popular y en el lenguaje plurinacional a la experiencia de una corriente burguesa como la del MAS boliviano, una de cuyas máximas figuras —García Linera— ha sido considerado como maestro por el propio Boric.

No hay democracia posible—entendida como poder obrero de los trabajadores— bajo la dominación del gran capital. Por lo mismo el Estado burgués no puede ser reformado —en realidad toda reforma deviene en intrascendente— sino que debe ser destruido, y tal tarea política solo puede materializarse en el terreno de la acción directa y la lucha insurreccional. Si algo nos ha demostrado la historia de las revoluciones obreras es que el camino electoral solo conduce a nuevas y más profundas derrotas. En Chile la catastrófica experiencia de la Unidad Popular marcó a fuego la completa inviabilidad de la llamada Vía Chilena al Socialismo, que no es otra cosa que el pacífico e ingenuo camino electoral. De poco sirve reivindicar a la URSS y rechazar a Stalin, si se termina en los hechos abonando terreno a las concepciones pacifistas e institucionalistas propias del estalinismo.

Resulta necesario, en un plano más general, sacar las lecciones del levantamiento revolucionario del 18 de Octubre. Obligadamente tal levantamiento ha de ser la medida para comprender la transición reaccionaria y restauradora que encarnará el Gobierno de Boric y frente a éste hemos de concentrar nuestras fuerzas en el fortalecimiento de un sólido polo de oposición obrera al régimen, que se conduzca en términos de clase y señale claramente al conjunto de los explotados que sin unidad y sin movilización nos volverán a pasar por encima. No es tarea de los trabajadores andar por la vida construyendo instituciones para el Estado patronal. No. De lo que se trata es de reconstruir las organizaciones de base, las asambleas, los cabildos, la Primera Línea y proyectarlas para dar respuesta a las urgentes necesidades que la inminente crisis irá planteando a los trabajadores.

Sabemos dónde va la Convención y cómo tal organismo seguirá operando contra los intereses de la mayoría trabajadora y sirviendo al gran capital y al imperialismo. Este 11 de marzo, en Valparaíso, la instalación del nuevo Gobierno ha de encontrarnos con una propuesta clara de lucha y movilización. En esta tarea estamos todos convocados sin ningún tipo de sectarismo. La cárcel para Piñera y su gobierno de criminales, el juicio y castigo a los asesinos y la inmediata e incondicional libertad a todos los presos políticos, los históricos, subversivos, mapuche y de la revuelta, son las banderas que impostergable y decididamente han de encolumnar el período de luchas que se avecina.

 

Por Gustavo Burgos