¡Liberar a los presos por luchar! Debates y desafíos ante la prisión política hoy

La prisión política viene siendo uno de los principales debates que se toma la prensa. Primero, la comisión de justicia de la Convención Constitucional aprobó en general la semana pasada la Iniciativa Popular de Norma por la libertad de los presos políticos, que ahora pasará a discutirse en particular, y a comienzos de esta semana, el gobierno anunció que le pondrá suma urgencia al proyecto de ley de indulto (ahora llamado amnistía) en el Senado, lo que obliga a que se vote en máximo 15 días plazo.

Ya había sido un tema cuando el gobierno de Boric anunció el retiro de 139 querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado. ¿El resultado? Se trató de un saludo a la bandera. Ningún preso salió de la cárcel y no se puso fin a ningún proceso contra nadie: todos los presos políticos del “estallido” están procesados o en juicios por otros delitos y causas.

Es imposible referirse a estos temas sin primero mencionar las mentiras y las falsedades que han dicho políticos de la derecha, la ex Concertación y también del gobierno. Felipe Kast amenazó con una acusación constitucional a Giorgio Jackson por hablar de prisión política. José Miguel Insunza declaró al medio Ex-Ante que “no hay nadie que esté preso por los delitos cometidos durante el estallido social”. Una falsedad absoluta; que vaya a conversar con la familia de Giordano Santander o Francisco Hernández, presos políticos condenados.

También Sergio Micco, el cuestionado director del INDH, declaró que “es evidente que no hay presos políticos en Chile”. Se refería a presos políticos mapuche, pero en su declaración deja claro que para él no hay presos políticos ni mapuche ni “chilenos”. Lo que es realmente evidente es que Micco ha operado como un protector de los responsables políticos y materiales de las violaciones a los DDHH ocurridas durante la rebelión popular.

Y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), también insistió en que no hay presos políticos mapuche porque “están condenados por un delito que está tipificado en el Código Penal”, el mismo lenguaje de la derecha que deja entrever una posición similar ante la prisión política de la rebelión.

Lo cierto es que hay abundantes elaboraciones que dan cuenta de que la prisión política es mucho más que “prisión por pensar distinto” o por haber cometido “delitos políticos”; se considera también prisión política cuando el Estado criminaliza la protesta, se ensaña en procesos y condenas o cuando no se respetan las garantías fundamentales de los detenidos, por ejemplo. Argumentos que han sido planteados por académicos como Claudio Nash o Álvaro Ramis y por organismos internacionales y nacionales como la Comisión Europea con sede en Estrasburgo y la Comisión Nacional sobre prisión política y tortura del 2005 en Chile.

Los políticos tradicionales (fuera o dentro del gobierno como los concertacionistas que Boric amablemente invitó a participar en su coalición) se cuadran de esta manera para negar la prisión política y mantener el castigo contra quienes fueron protagonistas durante la rebelión.

Los senadores PS ya anunciaron que “no están los votos” para aprobar la amnistía en Sala. Esto a pesar de que el gobierno les ha hecho todos los gestos posibles, insistiendo en que se puede aprobar porque se “rebajó el catálogo de delitos”, lo que las familias de presos políticos ya denunciaron porque deja aproximadamente a un 70% fuera de la amnistía. Lo que para los presos políticos y sus familias es una tragedia, para el gobierno es una necesidad, obsesionados en jugar el juego que quieren imponer los partidos de los 30 años.

 

Dos (tres) frentes de batalla

 

Lo cierto es que la discusión de la prisión política se juega en dos frentes de batalla que en realidad son tres. Uno es la Convención donde se discute la Iniciativa Popular, otro el Senado y finalmente el tercero, y más importante pero a la vez menos mencionado en el “debate público”, son las calles y la coordinación entre organismos de Derechos Humanos, familias, organizaciones de izquierda y sociales, para empujar y luchar por la libertad.

No se debe olvidar que la demanda por la libertad de los presos políticos de la rebelión ha sido una de las más sentidas por gran parte de la población. Es cuestión de recordar la ceremonia de asunción de Boric cuando cientos y miles de asistentes coreaban la exigencia de libertad. De hecho, en cada marcha y movilización, del movimiento estudiantil, del movimiento de mujeres, se ven pancartas, consignas y gritos en solidaridad con los presos políticos.

Por otra parte ya han sido diversas las asambleas estudiantiles en facultades y universidades que han votado apoyar la libertad de las y los presos políticos, lo que se constituyente un punto de apoyo fundamental, más ahora que el propio movimiento estudiantil se encuentra activándose en la lucha por las becas BAES y hay cierta tendencia a la unidad de estas demandas.

Por otra parte en la Convención la Iniciativa enfrenta un escenario complejo, ya que fue aprobada por 9 votos contra 8, y si llega a superar la instancia de la discusión particular, tendrá que encarar los aspectos más antidemocráticos de ese organismo, al tener que aprobarse por los ⅔ constitucionales del pleno, uno de los amarres que dejó el Acuerdo por la Paz de noviembre del 2019. La pelea inmediata en este terreno y la exigencia a los miembros de la Comisión de Justicia es que la Iniciativa Popular no sea modificada, a riesgo de que ocurra lo mismo que en el parlamento donde el Indulto se transformó hasta ahora en una ley de amnistía inofensiva que deja a la gran mayoría de los casos de prisión política fuera.

En el Senado es aún más difícil el escenario al requerirse al menos un voto de la derecha para aprobarse, y aún así debería sufrir importantes modificaciones en la Cámara de Diputados para que vuelva al sentido original del Indulto y no sea una ley que excluya a la mayoría de los casos.

Estas semanas han sido reveladoras: para conquistar la libertad no se puede confiar en las medidas que vaya a tomar este gobierno cuando retira querellas pero se mantiene la prisión, tampoco en que se aprobará fácilmente cualquier medida en la Convención y menos aún en los políticos de los 30 años.

La confianza debemos depositarla en buscar la más amplia unidad en las calles y en la coordinación. Es necesario organizarnos en común para levantar en Chile un verdadero y amplio movimiento democrático por los DD.HH que enfrente la represión y que hoy tenga como primera demanda y punta de lanza la lucha por la libertad de las y los presos políticos de la rebelión, apoyándose en el enorme apoyo popular que tiene esta demanda y que hemos visto que se ha expresado ampliamente en diferentes momentos, ligándose a movimientos como las y los estudiantes que han ido tomando paulatinamente esta bandera de lucha en sus manos.

Que le exija a los constituyentes de la izquierda, de los movimiento sociales, de la ex Lista del Pueblo, del Frente Amplio y del PC, que aprueben la Iniciativa Popular, pero más puntualmente que no modifiquen la Iniciativa para no dejar espacio a que la transformen en una ley inofensiva y que la Convención vote la libertad de los presos políticos. Que al Parlamento le exija que la amnistía sea modificada, que integre el catálogo de delitos original y amplíe la temporalidad. Y si es necesario, que exija a Boric que aplique al Indulto presidencial, sin condiciones, para avanzar en la anhelada libertad.

No podemos contentarnos con migajas o con medidas parciales. Pues mientras el gobierno, la Convención y el Senado se pasan la pelota entre ellos, los presos siguen esperando una solución. La lucha es por que todos los presos políticos sean libres, ya sea abandonando la prisión o ya sea poniendo fin a los injustos juicios y medidas cautelares en su contra.

 

Dauno Tótoro y Daniel Vargas