La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputadas y Diputados continúo analizando el proyecto por el cual se aprueba el “acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe”, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018.
En la sesión expuso Carlos De Miguel, jefe de Unidad Políticas para el Desarrollo Sostenible de la Cepal. Señaló que el objetivo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental. Igualmente, de la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, así como del acceso a la justicia en asuntos ambientales.
También, busca crear y fortalecer las capacidades y la cooperación para contribuir a la protección del derecho de cada persona. Asimismo, promueve que las generaciones, presentes y futuras, puedan vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
Carlos De Miguel comunicó que, desde la perspectiva operativa, el acuerdo está compuesto de cuatro pilares centrales y uno transversal. El primero de ellos es el acceso a la información que está centrado en buscar elementos de transparencia en la política pública.
El segundo pilar es de participación informada, con la idea que se propenda a encontrar soluciones y a prevenir cualquier conflicto.
Informó que el tercer pilar es el acceso y fomento a la justicia justicia ambiental. “El Acuerdo de Escazú potencia los medios de pruebas para establecer la justicia en asuntos ambientales”, señaló.
Acotó que los defensores de los derechos humanos están señalados en el cuarto pilar. “En este ámbito prefirieron hacer un artículo por separado, con el objeto de enfatizar la problemática y poner un foco de atención en esta situación regional” , acotó.
Finalmente, precisó que el quinto pilar es transversal. Busca “fortalecer las capacidades, la cooperación regional y el intercambio de experiencias y los acuerdos regionales”.
La instancia también escuchó al coordinador nacional de Escazú Ahora Chile, Sebastián Benfeld. Expuso que “no es un tratado que garantice una democracia ambiental directa donde la ciudadanía pueda votar y determinar con un sí o no a un tratado ambiental. Estimó que, lo que busca, “es aumentar el diálogo y las conversaciones”.
Destacó que hay mucho que avanzar para que la información sea accesible y comprensible. De igual modo, que se entregue en un plazo adecuado para que la ciudadanía pueda utilizarla de manera efectiva.
Asimismo, indicó que solamente el 5 % de los proyectos de impacto ambiental son sometidos a mecanismo de participación ciudadana. Además, planteó que, hoy día, solo se cuenta con tres tribunales ambientales en todo Chile. “Hay mucho en avanzar en materia de participación ciudadana, información y justicia en la línea de lo que establece el Acuerdo de Escazú”, remarcó.
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