La Comisión de Constitución despachó a la Sala el proyecto que excluye del beneficio de reducción de pena a personas condenadas por genocidio o crímenes de guerra o de lesa humanidad.
La iniciativa ya había sido aprobada en general por la Sala a inicios de abril y retornó a la comisión para el análisis de las indicaciones.
En la sesión del pasado martes, la instancia culminó el trámite con la aprobación de una indicación del diputado Marcos Ilabaca (PS) y la diputada Karol Cariola (PC). Esta modificación mueve el contenido del proyecto a una norma relativa a los límites de la aplicación del beneficio.
Durante la sesión, se analizaron otras indicaciones presentadas por el diputado Luis Sánchez (PREP) y de los exdiputados Luis Pardo y Leopoldo Pérez. No obstante, se declararon inadmisibles por estimar que estaban fuera de la idea matriz del proyecto o por haber sido mal formuladas.
Acompañó el debate del proyecto el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo. También estuvo presente la diputada Lorena Pizarro (PC), quien informará el texto legal a la Sala.
La iniciativa que despachó Constitución agrega una nueva disposición a la Ley 19.856. Este marco legal crea un sistema de reinserción social de los condenados, sobre la base de la observación de buena conducta.
La modificación impide la entrega de sus beneficios a personas condenadas por delitos como genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.
Estos delitos son: homicidio, homicidio calificado, secuestro, secuestro calificado, sustracción de menores, detención ilegal, inhumación o exhumación ilegal, tormentos o rigor innecesario y asociación ilícita.
Lo anterior se aplicará cualquiera haya sido la denominación o clasificación que dichas conductas hubiesen tenido al momento de la condena.
Asimismo, la restricción operará para los delitos contemplados en la Ley 20.357, que tipifica crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes y delitos de guerra.
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