Denuncian que el Minvu busca impunidad para empresarios que han obtenido permisos de edificación ilegales

La Fundación Defendamos la Ciudad informó que desde hace años la Corte Suprema viene señalando que un acto administrativo ilegal no puede generar un derecho adquirido al solicitante, lo que comenzó con el ya famoso proyecto Mall Plaza Barón en Valparaíso en 2017.

Este criterio del máximo tribunal fue un cambio sustantivo, pues anteriormente se permitía reclamar presuntos derechos adquiridos a partir de actos administrativos ilegales, muchas veces obtenidos corrompiendo a las autoridades responsables de entregar esas autorizaciones. Pues bien, recientemente tomamos conocimiento del oficio Ord. Nº 0598/2022 que se adjunta, de la División de Desarrollo Urbano (DDU) del MINVU, dirigida por el joven abogado Vicente Burgos Salas, según, señala esta Fundación, es adscrito al llamado Frente Amplio, conglomerado político instalado en el Palacio La Moneda. 

«En ese burlesco oficio, que es una respuesta a una de las constructoras de guetos verticales en Estación Central, el funcionario Burgos señala que pese a que un permiso de edificación sea ilegal, al no haber sido invalidado dentro de los 2 años de la fecha de su emisión, la Dirección de Obras Municipales debería otorgar la respectiva recepción definitiva del edificio, lo que además excede las atribuciones que la Ley General de Urbanismo y Construcciones le otorga a esa díscola función ministerial», denuncia la Fundación.

«En la práctica, lo que plantea la ingeniosa DDU del Minvu significa otorgar un derecho adquirido a quien no lo posee, pues su permiso de edificación es contrario a derecho, contradiciendo abiertamente la doctrina judicial de la Corte Suprema», agrega.

«Debemos recordar que los guetos verticales nunca debieron ser autorizados, pues un ex jefe de la DDU del Minvu, ya en el año 2007, había establecido la improcedencia de ese tipo de construcciones en ese sector de la comuna. Hemos explicado que cierto Director de Obras ignoró esa instrucción y procedió a autorizar decenas de esas torres, motivo por el cual ese ex funcionario público está querellado por el delito de prevaricación administrativa. Debido a los perjuicios producidos por esas torrres a la comunidad de Estación Central, hemos propuesto compensaciones económicas por parte de las empresas que las tienen terminadas, sin recepción final de obras, sana idea que incluso ha sido aceptada por las anteriores.  Ante este impúdico proceder de un organismo de la Administración del Estado, nos veremos obligados a denunciar este ilegal oficio de la DDU del Minvu en la Contraloría General de la República para restablecer el imperio del derecho», finaliza.

 

 

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