En la trama de sobornos del Qatargate, donde se prueba como Qatar “compró” el Mundial de Futbol de 2022, otro País parece surgir de la tormenta: se trata de Marruecos, involucrado en un escándalo talvez aún más grande de lo del Mundial. El País magrebí habría comprado medio parlamento europeo para mantener su autoridad sobre los Territorios del Sahara Occidental que sigue ocupando desde 1975, ricos en varios recursos, que están lejos de ser explotados exclusivamente por Mohamed VI.
En el escándalo del Qatargate que está sacudiendo Bruselas desde el final del año pasado la sombra de Marruecos es imponente. Pier Antonio Panzeri, ya protagonista del ‘Qatargate’, también habría mediado a favor de Rabat y habría recibido dinero y regalos por parte de los marroquíes. Él, junto a Eva Kaili, diputada griega por el Movimiento Socialista Panhelénico, y compaña de Francesco Giorgi, otro italiano involucrado en el caso, son los principales imputados.
Desde el comienzo de las investigaciones las autoridades belgas alcanzaron una serie de registros y detenciones que han incautado ya a más de un millón de euros. Varios de los registros se han realizado en las instalaciones del Parlamento Europeo en Bruselas y en Estrasburgo, donde los investigadores han obtenido material informático y también dinero en efectivo.
Las autoridades belgas tienen grabaciones de Panzeri y su familia que apuntan a esa relación con Marruecos. En una de las transcripciones, dicen que deben intentar no gastar 100.000 euros durante unas vacaciones navideñas como habían hecho el año pasado. Pero el origen de las dudas hacia Panzeri no son de julio de 2022, cuando empezó la investigación de la Fiscalía belga, sino que de antes: en 2021, los servicios secretos belgas entraron en la vivienda del antiguo eurodiputado, considerando que existía un riesgo de injerencia extranjera en la que él podía estar jugando un papel. Fue a partir de entonces cuando comenzó el seguimiento detallado y lo que propició la apertura de la investigación de la Fiscalía este verano.
Marruecos tiene muchos intereses en Bruselas, como demuestran los acuerdos de pesca tumbados por la Justicia europea, la petición de ser un socio preferencial de la Unión Europea en el norte de África o la defensa de sus intereses en la cuestión del Sáhara Occidental.
“Es un comentario generalizado que, durante las sesiones plenarias, la embajada marroquí tiene prácticamente una oficina permanente en el bar de eurodiputados. La cuestión es qué consecuencias tiene esto. Durante años, los socialistas han bloqueado sistemáticamente cualquier debate o resolución en el pleno de Estrasburgo que critique abiertamente a Marruecos o denuncie la situación en el Sáhara ocupado”, ha explicado en redes sociales Miguel Urbán, eurodiputado español de Anticapitalistas, haciendo referencia a una denuncia hecha en público por la antigua eurodiputada socialista Ana Gomes.
La portuguesa fue la primera en señalar a Panzeri y mencionó a Marruecos. “No es solamente Qatar. Marruecos tiene que haber estado financiando a Antonio Panzeri y sus amigos desde hace mucho tiempo. Para frustrar las resoluciones sobre el Sáhara Occidental y los derechos humanos en Marruecos. Son incontables las peleas que tuvimos sobre esos temas”, escribió al principio de las investigaciones Gomes en las redes sociales.
La realidad que ocurre en el Sahara Occidental viola numerosas leyes internacionales. Se trata delas explotaciones de los recursos saharauis, explotaciones que no están legitimadas por ningunas leyes pero que se hacen, y se siguen haciendo.
Aquí enseguida la lista de algunas entre las empresas que actualmente tienen un contrato o han mantenido alguno con Marruecos, llevando a cabo su actividad extractiva en territorio saharaui. El ránking de empresas lo lideran las españolas con una participación considerable (14), seguidos de Francia (9) y después Marruecos (6):
Son territorios, los ocupados por Marruecos, que tienen fosfatos, petróleo, oro, y una de las pescas más importante a nivel mundial. Empresas de más de 39 países diferentes explotan esos recursos, aunque la resolución 1803 (XVII) de Naciones Unidas afirma que “la violación de los derechos soberanos de los pueblos y naciones sobre su riqueza y recursos naturales es contraria al espíritu y los principios de las Naciones Unidas y obstaculiza el desarrollo de la cooperación internacional para la preservación de la paz”.
Mahfud Mohamed Lamin Bechri, del “International Institute for NonviolentAction” (NOVACT), denunciaba en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra ya hace unos años que “hay una explotación de los recursos en los territorios que viola las leyes internacionales. Hay una red compleja de corrupción para seguir explotando esos recursos, aunque legalmente eso no sería posible, y eso se hace bajo el consentimiento silencioso de la Unión Europea”.
“La mayoría de las empresas extranjeras se camuflan abriendo pequeñas sedes ficticias en Marrakech, con el fin de no recibir sanciones y explotar tranquilamente los recursos naturales de la región del Sahara Occidental. Esas empresas venden sus productos como si provinieran de Marruecos, una vez comprados en Europa no podemos comprobar con precisión su origen”, relató ya en aquel entonces Ahmed Ettanji, periodista de Equipe Media.
Numerosas empresas del sector pesquero español, principalmente andaluzas, canarias y gallegas, están muy ligadas al sector pesquero de los territorios del Sáhara Occidental. Un informe realizado por el Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo ha recopilado los nombres de algunas de las empresas españolas involucradas en este negocio, se trata de PULMAR, Canosa de Frigoríficos Camariñas, Congelados del Estrecho, Grupo Conservas Garavilla, Mivisa.
En España existe una extensa red de empresas que importan materias primas de la región del Sáhara Occidental para su comercialización y distribución posterior. Entre ellas encontramos la Salgado Congelados SL, Discefa, o Canosa, en Galicia; Viveros Merimar ubicada, en Palencia; Angulas Aguinaga, en el País Vasco.
Uno de los productos que más se importa es el pulpo.
Desde Dajla 1.000 toneladas son importadas por la distribuidora Rosa de los Vientos (que comercializa bajo la marca “O Pulpeiro”); 2.000 toneladas por Profand y 9.200 toneladas por Discefa.Esos pulpos son vendidos a otras empresas mayoristas, grandes superficies o supermercados donde los adquieren los consumidores españoles. El informe cita, entre otros, a Makro, el Corte Inglés, Carrefour o Mercadona.
Según el Observatorio de Derechos Humanos, “el proceso y la manera de operar que siguen estas empresas en la distribución de sus productos es muy variado. Algunas de ellas disponen de sus propias plantas de procesado en el país de origen, donde se manipula la materia prima para su posterior distribución, como Salgado Congelados SL, que disponen de plantas en Marruecos y también se encarga del proceso de congelación para mantener la cadena de frío o el de la compañía Frigoríficos de Camariñas que en 2017 anunció la apertura de una nueva planta en Agadir (Marruecos)”.
El último acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos fue aprobado el 12 de febrero de este año por el Parlamento Europeo. En él se incluye la región del Sáhara Occidental. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea define muy bien en su sentencia C-266/16 que los acuerdos de pesca son aplicables solamente a “las aguas bajo soberanía o jurisdicción” del Reino de Marruecos. Según la sentencia del Tribunal y en virtud de la Convención sobre el Derecho del Mar, “las aguas sobre las que el Estado ribereño tiene derecho a ejercer su soberanía o jurisdicción están limitadas a las adyacentes a su territorio y comprendidas en su mar territorial o su zona económica exclusiva”.
Entonces, continua el Tribunal, “habida cuenta de que el territorio del Sáhara Occidental no forma parte del territorio del Reino de Marruecos, las aguas adyacentes al territorio del Sáhara Occidental no están comprendidas en la zona de pesca marroquí, objeto del Acuerdo de pesca”. “La explotación de recursos naturales en un Territorio no Autónomo por una potencia administradora sólo sería legales si se llevaran a cabo en beneficio de la población de dicho territorio, en su nombre, o con el consentimiento de sus representantes. Ninguno de los supuestos se da en el caso del Sáhara”, denuncia por su parte el Observatorio de Derechos Humanos y Empresas.
Hay un incumplimiento flagrante de España con el pueblo saharaui así como con la resolución de la ONU sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.
En efecto, el Sáhara Occidental fue una colonia española hasta 1975. Ese mismo año, España entregó el territorio a Marruecos y Mauritania. En aquel momento, el ejército español estaba abandonando definitivamente el territorio.1975 es también el año de la Marcha Verde, cuando, el 7 de noviembre, 250.000 civiles marroquíes ingresan a las tierras de los saharauis. Tras estos hechos se forma el Frente Polisario (Frente Popular de Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro), un movimiento creado por la población de la excolonia española para recuperar sus tierras. El enfrentamiento entre Marruecos y el Frente Polisario duró hasta el cese el fuego logrado por la ONU en 1991. Desde ese entonces Marruecos gobierna el 80% de los territorios saharauis, recuperando el Frente Polisario solo el 20% de los mismos. Una brecha, llamada «Muro de la Vergüenza», de cinco km de ancho y unos 2720 km de largo, divide los dos territorios del Sáhara Occidental.
El cese al fuego logrado en 1991 por la ONU habría debido servir para permitir un referéndum que en la actualidad todavía no se ha llevado a cabo. Como resultado, la situación se estanca en detrimento de las poblaciones indígenas. “Hay un incumplimiento flagrante de España con el pueblo saharaui así como con la resolución de la ONU [resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 14 de diciembre de 1960] sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales” declaraba Gorka Urtaran, alcalde de Vitoria Gasteiz ante el Consejo de Derechos Humanos en 2019. “El gobierno de España y de la Unión Europea tienen que asumir la responsabilidad que tienen en la resolución del conflicto”, señaló.
Efectivamente, la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1960, sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales instaba a devolver a todas las colonias su independencia. En ese sentido, el Sáhara Occidental sigue siendo considerado por Naciones Unidas como un territorio no autónomo que debe ser descolonizado mediante el ejercicio del derecho a la autodeterminación. La Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental —MINURSO— fue creada con este propósito en 1991.
Hace algunos años —entre diciembre de 2018 y marzo de 2019— después de años de silencio, unas mesas redondas fueron organizadas en la sede de Naciones Unidas de Ginebra, Suiza, para decidir sobre el destino de estos territorios, que viven en un limbo silencioso desde hace más de cuatro décadas. Desafortunadamente, los últimos tentativos de la ONU de llegar a una resolución del conflicto no fueron concluyentes: Horst Kohler, Enviado Especial del Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, abandonó sus funciones a final del mes de mayo de 2020.
Hoy, un nuevo Enviado Especial, Staffan de Mistura, retomó el cargo dejado por Kohler. Sin embargo, hasta el momento, no se percibe ninguna luz al final del túnel.
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