El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación anunció recientemente los nombres de los nueve integrantes de la Comisión contra la Desinformación en Chile. Esta instancia, establecida por el decreto n.° 12 publicado en el Diario Oficial el pasado 12 de junio, tiene como objetivo asesorar al ministro(a) de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y al ministro(a) secretario(a) general de Gobierno en el análisis del fenómeno global de la desinformación y su manifestación a nivel local.
La Comisión está compuesta por expertos provenientes de diversas áreas y cumpliendo con los requisitos establecidos en el decreto. Entre los miembros se encuentran representantes de universidades estatales y privadas, tanto incluidas como no incluidas en el artículo 1° del D.F.L. N.° 4, de 1981, del Ministerio de Educación. También se incorporan representantes de universidades con sede fuera de la Región Metropolitana, así como de ONG, fundaciones y la sociedad civil relacionadas con el objeto de la Comisión. Por último, se incluye un representante de una organización de Fact-Checking.
Los integrantes de la Comisión son destacados profesionales en sus respectivas áreas. A continuación, presentamos una breve descripción de cada uno de ellos:
La Comisión contra la Desinformación trabajará de manera ad honorem y recibirá apoyo administrativo por parte del Ministerio de Ciencia. Próximamente, se llevará a cabo la sesión constitutiva en las dependencias del Ministerio.
Esta iniciativa es fundamental en el contexto actual, donde la desinformación representa un desafío significativo para la sociedad. La Comisión busca brindar asesoramiento experto para analizar este fenómeno, contribuyendo así a promover la calidad de la información y fortalecer la confianza en los contenidos compartidos en Chile.
La UDI y la inconstitucionalidad
La Unión Demócrata Independiente (UDI) presentó un recurso de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional para impugnar la creación de la Comisión contra la desinformación, impulsada por el gobierno. Según el partido de derecha, esta comisión vulnera la libertad de expresión y de información, así como el principio de reserva legal.
La Comisión contra la desinformación fue anunciada por el gobierno el pasado 15 de junio, con el objetivo de «prevenir y combatir las noticias falsas, las campañas de desprestigio y las operaciones de influencia extranjera que buscan alterar el proceso electoral».
Sin embargo, la UDI considera que esta comisión es una amenaza para la democracia y que no tiene fundamento legal. En su recurso, el partido argumenta que la comisión «no tiene una ley que la regule, ni un mandato específico, ni un plazo determinado, ni un presupuesto asignado, ni un mecanismo de control». Además, sostiene que la comisión «puede ejercer una censura previa sobre los medios de comunicación y las redes sociales, limitando el derecho a informar y a ser informado».
La UDI pide al Tribunal Constitucional que declare inaplicable el decreto supremo que creó la comisión y que suspenda sus efectos mientras se resuelve el fondo del asunto. El partido también solicita que se convoque a una audiencia pública para escuchar los
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No hay que ser muy suspicaz -sobre todo teniendo en cuenta la mantención de la actitud subordinada del gobierno a los poderes fácticos respecto el caso "Clarín"- para captar que esto constituye un volador de luces para esquivar el factor de fondo de la desinformación sistemática que sufre desde hace décadas la sociedad chilena: la obscena concentración de los grandes medios de comunicación por parte de los grandes grupos económicos. Concentración, además, en gran parte generada por los gobiernos de la Concertación que desarrollaron una "eficaz" política de exterminio de los medios de centro-izquierda e independientes.
Orwelliano!