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Comisión contra la Desinformación: Estos son los nueve expertos

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El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación anunció recientemente los nombres de los nueve integrantes de la Comisión contra la Desinformación en Chile. Esta instancia, establecida por el decreto n.° 12 publicado en el Diario Oficial el pasado 12 de junio, tiene como objetivo asesorar al ministro(a) de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y al ministro(a) secretario(a) general de Gobierno en el análisis del fenómeno global de la desinformación y su manifestación a nivel local.

La Comisión está compuesta por expertos provenientes de diversas áreas y cumpliendo con los requisitos establecidos en el decreto. Entre los miembros se encuentran representantes de universidades estatales y privadas, tanto incluidas como no incluidas en el artículo 1° del D.F.L. N.° 4, de 1981, del Ministerio de Educación. También se incorporan representantes de universidades con sede fuera de la Región Metropolitana, así como de ONG, fundaciones y la sociedad civil relacionadas con el objeto de la Comisión. Por último, se incluye un representante de una organización de Fact-Checking.

Los integrantes de la Comisión son destacados profesionales en sus respectivas áreas. A continuación, presentamos una breve descripción de cada uno de ellos:

  1. Lionel Brossi Garavaglia: Académico de la Universidad de Chile y director del Núcleo Inteligencia Artificial y Sociedad. Sus investigaciones se enfocan en Inteligencia Artificial, calidad de la información y tecnologías y derechos de niños, niñas y adolescentes.
  2. Claudio Elórtegui Gómez: Académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y director de la Escuela de Periodismo PUCV. Su especialidad es la comunicación política y forma parte del equipo de investigación DEEP, que analiza la relación entre las redes sociales y los fenómenos políticos en Chile.
  3. Ingrid Bachmann Cáceres: Académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Experta en desinformación, lidera FONDECYT y dirige el Núcleo Milenio NM NUDOS. Ha realizado numerosas investigaciones sobre estos temas.
  4. Pedro Anguita Ramírez: Abogado y director del Programa Doctoral en Comunicación de la Universidad de los Andes. Es experto en regulación constitucional y legal de los medios de comunicación, libertad de expresión y acceso a la información.
  5. María José Escobar Silva: Académica de la Universidad Técnica Federico Santa María. Es especialista en Ingeniería Civil Electrónica y se desempeña como directora general de Vinculación con el Medio de la UTFSM. Además, es presidenta de la Gobernanza de Emprendimiento e Innovación de la Región de Valparaíso.
  6. Patricia Peña Miranda: Directora de la Fundación Datos Protegidos y académica de la Universidad de Chile. Su experiencia se centra en comunicación digital y desarrollo de proyectos digitales.
  7. Juan Carlos Lara Gálvez: Abogado y director ejecutivo de Derechos Digitales. Es especialista en derechos humanos enlínea, incluyendo libertad de expresión, propiedad intelectual y protección de datos personales. Cuenta con experiencia en investigación, docencia y litigio en temas relacionados con el entorno digital.
  8. Paulina Ibarra Araya: Experta en género, gobierno abierto y derechos humanos, con enfoque en América Latina y el Caribe. Es directora ejecutiva de la Fundación Multitudes y participa en diversas instancias internacionales relacionadas con la desinformación y las fake news.
  9. Fabián Padilla Arenas: Periodista y estudiante de doctorado en Ciencias de la Comunicación. Es director y editor general de Fast Check CL, medio especializado en fact-checking y certificado por IFCN. Ha sido profesor en diversas universidades chilenas y su experiencia se centra en periodismo digital y marketing digital.

La Comisión contra la Desinformación trabajará de manera ad honorem y recibirá apoyo administrativo por parte del Ministerio de Ciencia. Próximamente, se llevará a cabo la sesión constitutiva en las dependencias del Ministerio.




Esta iniciativa es fundamental en el contexto actual, donde la desinformación representa un desafío significativo para la sociedad. La Comisión busca brindar asesoramiento experto para analizar este fenómeno, contribuyendo así a promover la calidad de la información y fortalecer la confianza en los contenidos compartidos en Chile.

 

 

La UDI y la inconstitucionalidad

 

La Unión Demócrata Independiente (UDI) presentó un recurso de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional para impugnar la creación de la Comisión contra la desinformación, impulsada por el gobierno. Según el partido de derecha, esta comisión vulnera la libertad de expresión y de información, así como el principio de reserva legal.

La Comisión contra la desinformación fue anunciada por el gobierno el pasado 15 de junio, con el objetivo de «prevenir y combatir las noticias falsas, las campañas de desprestigio y las operaciones de influencia extranjera que buscan alterar el proceso electoral».

Sin embargo, la UDI considera que esta comisión es una amenaza para la democracia y que no tiene fundamento legal. En su recurso, el partido argumenta que la comisión «no tiene una ley que la regule, ni un mandato específico, ni un plazo determinado, ni un presupuesto asignado, ni un mecanismo de control». Además, sostiene que la comisión «puede ejercer una censura previa sobre los medios de comunicación y las redes sociales, limitando el derecho a informar y a ser informado».

La UDI pide al Tribunal Constitucional que declare inaplicable el decreto supremo que creó la comisión y que suspenda sus efectos mientras se resuelve el fondo del asunto. El partido también solicita que se convoque a una audiencia pública para escuchar los

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  1. Felipe Portales says:

    No hay que ser muy suspicaz -sobre todo teniendo en cuenta la mantención de la actitud subordinada del gobierno a los poderes fácticos respecto el caso «Clarín»- para captar que esto constituye un volador de luces para esquivar el factor de fondo de la desinformación sistemática que sufre desde hace décadas la sociedad chilena: la obscena concentración de los grandes medios de comunicación por parte de los grandes grupos económicos. Concentración, además, en gran parte generada por los gobiernos de la Concertación que desarrollaron una «eficaz» política de exterminio de los medios de centro-izquierda e independientes.

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