Memorial Paine
La Corte Suprema ha acogido los recursos de casación en el fondo presentados por el Programa de Derechos Humanos y la parte querellante en el caso de las ejecuciones ocurridas el 16 de septiembre de 1973 en los asentamientos «Arcoíris» y «Santa Rosa» de la comuna de Paine. Esta sentencia ha resultado en la condena de un oficial de Carabineros en retiro y un civil por su responsabilidad en los homicidios de Ricardo Eduardo Carrasco Barrios y Saúl Sebastián Cárcamo Rojas.
La Segunda Sala de la Corte Suprema, en un fallo unánime, declaró que la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, cometió errores al acoger la media prescripción y reducir la pena impuesta en primera instancia. Nelson Iván Bravo Espinoza, capitán a cargo de la Subcomisaría de Carabineros de Paine en la época de los hechos, fue condenado como autor de los homicidios, revirtiendo así la reducción de su condena.
La sentencia también confirmó la pena de 10 años y un día de presidio para Juan Francisco Luzoro Montenegro, quien participó como autor en el homicidio de Carrasco Barrios.
Este fallo de la Corte Suprema hace hincapié en que, a pesar de la aplicación de la media prescripción, esta no es válida en casos de delitos de lesa humanidad, como los ocurridos en 1973. Además, subraya que la reducción de penas por prescripción es incompatible con los principios del derecho penal humanitario internacional.
Los hechos que llevaron a estas condenas fueron previamente establecidos por la ministra en visita Marianela Cifuentes Alarcón en primera instancia. Los funcionarios policiales de la Subcomisaría de Carabineros de Paine, bajo el mando del capitán Nelson Iván Bravo Espinoza, allanaron los hogares de Cárcamo Rojas y Carrasco Barrios en busca de militantes políticos del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Lamentablemente, ambos jóvenes fueron asesinados en circunstancias extremadamente violentas.
La sentencia de la Corte Suprema marca un hito en la búsqueda de justicia en Chile, reafirmando la responsabilidad de los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, incluso después de décadas de impunidad. Este paso es crucial para el proceso de reconciliación nacional y para garantizar que los crímenes cometidos durante la dictadura no sean olvidados ni pasados por alto.
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