La discusión sobre el proyecto de ley para permitir el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para condenados mayores de 65 años o con enfermedades terminales ha generado un intenso debate en el Senado. El proyecto busca regular el beneficio y modificar el lugar de cumplimiento de la pena, reemplazándola por la reclusión domiciliaria total en casos específicos.
Uno de los puntos más controvertidos es la inclusión de condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura civil militar, lo cual ha suscitado fuertes opiniones en ambas veredas. Mientras algunos argumentan que beneficiaría a condenados por graves delitos de derechos humanos sin mostrar arrepentimiento, otros sostienen que es necesario brindar un trato digno y humano a los privados de libertad, especialmente a los adultos mayores, en línea con tratados y organizaciones internacionales.
En la primera jornada de discusión, se expresaron diversas opiniones. Algunos senadores consideran la iniciativa incomprensible tras los 50 años del golpe militar, ya que podría revictimizar a los familiares de detenidos desaparecidos y a aquellos que sufrieron violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, los impulsores del proyecto argumentan que es necesario adaptar la legislación a los compromisos y acuerdos internacionales en materia de derechos de personas adultas mayores.
El proyecto define la enfermedad terminal como una condición patológica grave y progresiva sin tratamiento específico curativo, con pronóstico fatal y debidamente diagnosticada por al menos tres médicos especialistas. Durante el debate, se escucharon opiniones de representantes de organizaciones de derechos humanos, senadores y senadoras, así como intervenciones relacionadas con temas reglamentarios.
Es relevante destacar que el ministro de Justicia, Luis Cordero, manifestó que el proyecto resultaba «técnicamente deficiente». Además, para el miércoles se solicitó una votación separada de una disposición y se presentó una indicación, lo que indica que la discusión continúa y podría haber modificaciones en el proyecto antes de ser votado por la Sala del Senado.
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Y finalmente, si el proyecto beneficia a criminales de lesa humanidad, se supone que la "centro-izquierda" lo votará en contra. O en último caso lo vetará Boric. ¡Porque si hasta en esto se subordinan a la derecha merecerán un lapidario juicio histórico!...