Tribunal Constitucional
En un fallo dividido, por seis votos contra cuatro, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inconstitucionalidad presentado el 8 de marzo por 54 parlamentarios de la UDI, RN, Republicanos, PDG y Partido Social Cristiano contra la frase contenida en el proyecto de ley que estatuye «medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres en razón de su género», y que señala que «los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán promover una educación no sexista». El proyecto fue despachado por el Congreso el pasado 6 de marzo
Después de un largo período, este Tribunal volvió a tener una mayoría progresista durante el actual gobierno, lo que refleja mejor la opinión de la sociedad. En el mejor momento de la derecha conservadora, en la elección de consejeros constitucionales de mayo de 2023, no superó el 50% de los votos. La instancia, creada en 1970 y disuelta por la dictadura, y luego recreada en la constitución de 1980 y modificada en 2005, emana de los tres poderes y con frecuencia se ha erigido en un cuarto poder colegislador cuando ha estado dominada por la derecha conservadora. Su composición es crucial y depende de diversas nominaciones, incluyendo las supuestamente no políticas del poder judicial, que suelen inclinar la balanza. Se conforma con 3 miembros elegidos por la Corte Suprema; 3 miembros designados por el presidente de la República; 2 miembros elegidos por el Senado (por los 2/3 de los miembros en ejercicio) y 2 miembros propuestos por la Cámara de Diputados y confirmados por el Senado (por los 2/3 de los miembros en ejercicio, en ambas instancias). Duran nueve años en el cargo y se renuevan por parcialidades cada 3 años.
En este caso, los diputados opositores plantearon que «el concepto ‘no sexista’ contiene una indudable carga valórica, de gran intensidad, que incluso va más allá del concepto de perspectiva de género, no existiendo, hasta la fecha, una normativa vigente de estas características en nuestro derecho». Argumentaron que hay «tres derechos constitucionales afectados», como la libertad de conciencia y de religión, la libertad de enseñanza y que ‘los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos'». También apuntaron a un supuesto «afán hegemónico», señalando que «no es lo mismo promover la igualdad entre hombres y mujeres, y prevenir la violencia de la mujer en todas sus formas, que promover ‘una’ educación no sexista. De manera clara, la redacción denota precisamente un afán hegemónico que ni siquiera da espacio para el término ‘no sexista’ se pueda comprender en términos plurales y alternativos, toda vez que plantea la existencia de ‘una’ educación no sexista que, sumado a su contenido no neutral, amenaza gravemente con conculcar derechos fundamentales, especialmente los que hemos mencionado».
Señalaron que la «imposición» de una educación no sexista «es completamente ilegítima». Los parlamentarios de derecha sostuvieron que la educación ‘no sexista’ puede ser una alternativa para los padres y estudiantes que así lo deseen y elijan para sus hijos, «pero en ningún caso puede ser una obligación que deba promoverse desde un órgano del Estado».
La abogada Elisa Walker, quien asesora al Gobierno, comentó que la norma se justifica pues diversos materiales educativos muestran a hombres como profesionales y a mujeres en labores de cuidado, «imágenes que van consolidando esta idea de que la mujer es inferior y que el hombre es superior». Walker señala que «el derecho preferente de los padres no puede ser un argumento que permita justificar que haya programas educativos que se construyan sobre la base de que las niñas son inferiores a los niños y que es legítimo construir material didáctico que establezca que los niños son superiores a las niñas». Para el ejecutivo se trata de «eliminar estereotipos que construyen roles de inferioridad de las mujeres frente a la superioridad del hombre (…). La igualdad entre hombres y mujeres la tenemos consagrada en forma expresa en nuestra Constitución, no es algo que te guste o no te guste, es un compromiso social que nosotros tenemos partiendo por nuestra Constitución».
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¡Qué bueno! Y qué vergonzosa la actitud de la derecha ¡y de la jerarquía de la Iglesia Católica y de otras iglesias! Ah!, y si hubiese medios de comunicación masivos de centro-izquierda se podría avergonzarlos frente a la opinión pública. ¡Pero esto hoy no se puede, dado que los gobiernos de la Concertación (no Pinochet, ni Piñera) provocaron el exterminio -uno a uno- de todos ellos!...