El gobierno del Presidente Gabriel Boric sostiene terminar el endeudamiento por estudiar, lo que conlleva inevitablemente avanzar en gratuidad. ¡Muy bien!
La política pública de subsidio a la demanda o voucher llamado Crédito con Aval del Estado (CAE), ha significado que cada año desde el 2005, el fisco deba desembolsar un monto anual enorme, que alcanzaría hoy para financiar la educación de ⅔ del estudiantado en la Educación Superior, lo que equivale a cubrir hasta el noveno decil inclusive. Es decir, esa partida del presupuesto de la nación, que es gasto fiscal, podría otorgar gratuidad y resolver un grave problema social y de desarrollo nacional. Pero el CAE no solo ha causado endeudamiento, también ha privatizado creando un artificial mercado desregulado, ha afectado la calidad al precarizar las relaciones laborales en las comunidades educativas y al imponer un trato abusivo al estudiantado. Son efectos mercantiles reñidos con la esencia de la educación, de este modo desvirtuada.
El fracaso de este esquema de financiamiento es escandaloso, es ineficiente tanto fiscal como socialmente, y ha sido tildado ampliamente como abusivo e inmoral. En varios momentos en la última década, la ciudadanía ha creído que llegaba a su fin, sin embargo los conflictos de interés y el fanatismo ideológico de sus sostenedores (personajes transversales, como constatamos hasta hoy) lo ha impedido.
Es responsable un esquema de condonación de efectividad inmediata para los y las deudoras, reconocimiento de la pérdida del 56% de la “cartera” que está en manos del fisco pues ya la ha recomprado y absorción fiscal del 44% restante, hoy en manos de la banca, negociando con esta un acuerdo de largo plazo que le resultará conveniente frente a la altísima morosidad (que predijo la OECD ya en el 2011) actual de 54% y que va desde el 47% entre quienes egresaron, al 79% en casos de deserción. Además, la banca tendría que reconocer que el fisco, al comprar ese 56% incluyó un cuantioso sobreprecio (o recarga) de un tercio a su favor.
En estos días hemos vuelto a escuchar argumentos añejos: que faltan recursos tanto para condonar como para avanzar en gratuidad, y que condonar sería injusto con quienes ya han pagado.
Se equivocan en lo primero, la plata está pero se gasta mal.
Sobre lo segundo, efectivamente corresponde una reparación al daño infligido a ese grupo que bien podría consistir en la transformación del pago ya efectuado en un crédito de impuestos. Una medida de esta naturaleza tendría gran impacto en la vida de jóvenes profesionales que han visto gravados y esquilmados sus salarios.
Como se viene demandando hace más de una década, y como una obligación ética y urgente, es tiempo de terminar el endeudamiento estudiantil, condonar las deudas de más de un millón de familias que llevan esta apremiante carga. Es la base para la estabilidad y la reconstrucción del sistema público de educación superior, y para avanzar a un sólido y ético desarrollo del país.
Roxana Pey Tumanoff
Académica Universidad de Chile
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Y no sólo con el CAE, sino también con las AFP, las Isapres, el Plan Laboral, la ley minera, las elusiones, las evasiones, las colusiones, los subsidios a las forestales, la ley de pesca, el monopolio de la prensa y la TV, el extractivismo, el cobre y litio en manos de grandes grupos económicos, la renuencia a indemnizar a los dueños de "Clarín", etc, etc.