Kaiser en la mira del Servel: ¿Puede una candidatura antidemocrática seguir en carrera?
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Las palabras tienen consecuencias. Y en política, más aún. Las recientes declaraciones del diputado y candidato presidencial Johannes Kaiser, quien afirmó que “sin duda apoyaría un nuevo golpe de Estado de ser necesario”, ya no solo encendieron las alarmas políticas y éticas. Ahora también podrían tener efectos legales.
Este viernes, el Servicio Electoral (Servel) declaró admisible una denuncia presentada por el diputado Luis Cuello y la bancada del Partido Comunista en contra del Partido Nacional Libertario, encabezado por Kaiser, por infringir los principios de promoción de la democracia establecidos en la Ley N°18.603 sobre Partidos Políticos.
La resolución no es menor. Servel calificó la denuncia como “seria, plausible y de mérito suficiente para iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio”, tanto contra la colectividad como contra su presidente. En el peor de los escenarios para el PNL, el proceso podría derivar en la disolución del partido y su exclusión del sistema electoral.
La amenaza de la disolución
Una segunda denuncia, presentada por el diputado ecologista Félix González, también fue declarada admisible. En ella se argumenta que el PNL, al justificar un eventual quiebre democrático y reivindicar las violaciones a los derechos humanos de 1973, no cumple con los requisitos legales para existir como partido político.
La Ley N°18.603, en su artículo 1°, establece que las colectividades políticas deben contribuir al fortalecimiento de la democracia y al respeto de los derechos humanos. Si se comprueba que el Partido Nacional Libertario infringe esta norma, el Servel —amparado en los artículos 56 y 61— podría ordenar su disolución.
“Es una obligación de todos los partidos que estamos en el juego democrático defender la democracia. Lo que le hemos pedido al Servel es que cancele la inscripción del Partido Nacional Libertario por no ser un partido democrático”, señaló González.
Una campaña basada en la provocación
No es la primera vez que Kaiser agita las aguas con declaraciones de este tipo. El pasado 3 de julio, en el programa “De Frente” de Meganoticias, sostuvo que, de repetirse las circunstancias de 1973, “sin duda apoyaría un nuevo golpe de Estado, con todas sus consecuencias”. La frase desató un amplio repudio, pero también se enmarcó en una estrategia comunicacional de provocación, propia de las extremas derechas globales.
Esta afirmación, sumada a otras como la del diputado del PNL Cristián Labbé —quien dijo que “Chile ya sacó al comunismo una vez, y si es necesario hay que hacerlo de nuevo”—, ha encendido un debate sobre los límites del discurso político en democracia.
La ministra Camila Vallejo, vocera de Gobierno, fue categórica: “Es un riesgo para la democracia que en pleno siglo XXI haya personas que amenacen con repetir la tortura, el exterminio, la desaparición forzada. Y perdón que lo diga tan abiertamente, pero de eso se trata”.
¿Hasta dónde puede llegar la libertad de expresión?
Los defensores de Kaiser sostendrán que se trata de libertad de expresión. Pero la ley chilena —al igual que muchas constituciones democráticas— establece límites claros cuando se trata de incitar a la violencia o de justificar regímenes represivos.
El Servel, al acoger la denuncia, marca un precedente importante: no todo cabe en la arena democrática. Y sobre todo, no es aceptable que un candidato presidencial utilice la retórica golpista como plataforma electoral, ni que un partido que relativiza los crímenes de la dictadura aspire a ocupar un lugar institucional.
¿Una prueba para la institucionalidad democrática?
El caso de Kaiser pone a prueba no solo al Servel, sino al sistema político chileno en su conjunto. Las palabras de los diputados Cuello y González —que hablan de un “peligro para la democracia”— reflejan un clima de alerta, similar al que atraviesan países como Brasil, Argentina o España frente al avance de fuerzas radicales que desprecian las reglas del juego democrático.
Si la institucionalidad no actúa con firmeza, el riesgo es que el mensaje cale: que se puede llamar abiertamente a un golpe, y que eso sea parte aceptable del debate. Si por el contrario, el procedimiento del Servel avanza, será una señal clara de que la democracia chilena todavía tiene herramientas para defenderse.
Un contraste incómodo: la doble vara en la derecha
La situación de Kaiser contrasta llamativamente con la reciente reacción de la candidata de la UDI, Evelyn Matthei, quien denunció hace solo días una “campaña asquerosa” en su contra —llevada a cabo por cercanos al Partido Republicano— por insinuaciones sobre su salud mental.
Matthei pidió campañas limpias y condenó la manipulación digital como táctica política. Sin embargo, hasta ahora no ha hecho ninguna declaración crítica hacia los dichos de Kaiser, quien plantea abiertamente repetir un golpe militar. ¿Dónde está su condena frente a este discurso antidemocrático? ¿Hay temas que no se tocan si provienen del mismo sector político?
Las declaraciones de Johannes Kaiser podrían costarle mucho más que el repudio público. Hoy enfrenta un procedimiento que podría dejar fuera de carrera no solo a él, sino a todo su partido. Más que un episodio aislado, este caso es una advertencia: la democracia no es un decorado vacío, y las instituciones, si funcionan, deben estar dispuestas a poner límites cuando los discursos cruzan la línea de la amenaza autoritaria.
Simón del Valle
