Mapuzugun no es Coa: la criminalización lingüística en la ficha penitenciaria de Héctor Llaitul

El requerimiento —ingresado en la causa RUC 2000038327-K, RIT 1423-2020— se basa en la minuta N° 791 enviada por la jefa del Complejo Penitenciario Bío Bío, Pabla Arias Díaz, donde se ratifica que a Llaitul se le asigna un “puntaje 3” en la variable de uso de coa, justificando que “lo utiliza ocasionalmente”. Lo que el documento omite es que este “coa” corresponde, en realidad, al idioma mapuzugun, hablado por Llaitul como expresión cultural, política y comunitaria de su pueblo.

Una lengua milenaria convertida en “jerga delictual”

La calificación de Gendarmería no es un mero error administrativo. Implica colocar la lengua de un pueblo originario —reconocida por la Ley Indígena chilena y por instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT— en el mismo plano que el argot delictual, naturalizando una asociación directa entre cultura mapuche y criminalidad. Este acto, además de vulnerar derechos culturales, forma parte de un patrón más amplio de asimilación forzada y estigmatización lingüística que se remonta a la ocupación militar del Wallmapu por el Estado chileno a fines del siglo XIX, cuando se prohibía el uso del mapuzugun en escuelas y actos públicos.

Errores “técnicos” con consecuencias políticas

El abogado Maulen también denunció otro hecho grave: la ficha penitenciaria clasifica a Llaitul como condenado por “atentado a jefe de Estado” bajo la Ley Antiterrorista (Ley 18.314), cuando la sentencia judicial es clara: el werken fue condenado por atentado contra la autoridad (art. 261 N° 2 y art. 262 del Código Penal), con pena de tres años de presidio menor en grado medio.

Esta adulteración de los antecedentes judiciales eleva artificialmente su peligrosidad, condiciona su régimen de visitas, acceso a beneficios penitenciarios y posibilidad de traslado, afectando directamente la ejecución de la pena. Maulen desmonta, además, la justificación de Gendarmería de que se trata de un “sistema automático”: los datos no se generan solos, son ingresados y ponderados por funcionarios, bajo criterios institucionales que responden a una política carcelaria.

Un patrón de persecución política

La criminalización de la lengua, de la identidad y del liderazgo mapuche no es un hecho aislado. La historia reciente muestra cómo el Estado chileno ha utilizado sus aparatos judiciales, policiales y penitenciarios para tipificar como amenaza a dirigentes mapuche, ya sea a través de la Ley Antiterrorista o de reglamentos internos que distorsionan su perfil. Casos similares han ocurrido con otros presos políticos mapuche, a quienes se les asignan perfiles de “alta peligrosidad” para justificar su aislamiento y limitar su articulación política dentro de las cárceles.

En este contexto, el caso de Llaitul es paradigmático: líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), condenado por delitos comunes reinterpretados bajo una óptica política, hoy enfrenta una nueva ofensiva que busca deslegitimarlo incluso en su dimensión cultural y lingüística.

Una lucha que trasciende los muros

La solicitud de audiencia presentada por Maulen exige citar a todos los intervinientes, acceder a la ficha completa con sus 13 variables y determinar las responsabilidades en la adulteración de los datos. Pero, más allá del trámite judicial, el reclamo se inscribe en la lucha histórica del Pueblo Nación Mapuche por el respeto a su lengua, su cultura y su derecho a la libre determinación.

Que el mapuzugun sea tratado como jerga delictual no es un error menor: es un síntoma de un Estado que, a 140 años de la invasión del Wallmapu, sigue intentando borrar la identidad de un pueblo que resiste. Y en esa resistencia, la defensa de la lengua y la verdad judicial son parte inseparable de la demanda por libertad y descolonización.