
ONU: Empoderar a las niñas hoy para construir un Zimbabue igualitario mañana
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Zimbabue debe invertir urgentemente en los derechos, la educación y la seguridad de las niñas para garantizar que la igualdad de género se convierta en una realidad para las generaciones futuras, declaró el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas
Al concluir una visita oficial al país, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas emitió una declaración en la que elogia el compromiso constitucional de Zimbabue con la igualdad de género y acoge con satisfacción las iniciativas legislativas y programáticas para promover los derechos de las mujeres y las niñas.
“A pesar de los esfuerzos del Gobierno, la discriminación persistente y las arraigadas normas patriarcales siguen negando a las niñas sus derechos fundamentales y limitando sus oportunidades futuras”, declaró el Grupo de Trabajo.
“Como explicó un interlocutor al Grupo de Trabajo durante nuestra visita, en Zimbabue la igualdad de género no es una opción, sino una obligación constitucional”, afirmaron las expertas. Zimbabue debe afrontar y erradicar activamente las actitudes patriarcales que subestiman a las niñas, creando una sociedad que fomente su potencial como futuras líderes, innovadoras y generadoras de cambio.
Los expertos expresaron especial preocupación por la prevalencia del matrimonio infantil y el embarazo adolescente. En Zimbabue, 1,4 millones de mujeres se casaron antes de los 18 años y 241.000 antes de los 15. A pesar de que la Ley de Matrimonios (2022) establece los 18 años como edad mínima legal y penaliza el matrimonio infantil, no se han producido procesos judiciales.
El embarazo adolescente sigue siendo elevado, con un 23%, y casi el 43% de las adolescentes inician su actividad sexual antes de los 18 años. Al buscar servicios sexuales y reproductivos, las niñas se enfrentan al estigma, la desinformación sobre el consentimiento parental y un acceso limitado a atención adaptada a sus necesidades. Muchas se ven obligadas a abandonar la escuela, lo que socava su bienestar e independencia a largo plazo.
El Grupo de Trabajo instó al Gobierno a ampliar, dotar de recursos e implementar intervenciones específicas para las niñas, especialmente aquellas de bajos ingresos y entornos rurales, embarazadas, casadas o marginadas de alguna otra manera, y a combatir las actitudes discriminatorias en las familias y comunidades que subestiman la educación de las niñas.
Acogieron con satisfacción los avances en la reducción de la mortalidad materna y la introducción de estrategias nacionales sobre violencia de género (VG), reflejados en la ampliación del acceso a servicios de salud reproductiva y asistencia jurídica en algunas zonas. «Sin embargo, el abuso sexual infantil sigue siendo una grave preocupación, ya que las niñas abandonadas por padres migrantes trabajadores, las menores no acompañadas, las niñas con discapacidad, las niñas huérfanas y las niñas pertenecientes a sectas religiosas son particularmente vulnerables», afirmaron los expertos.
También señalaron que, a pesar de la aprobación de leyes pertinentes, los espacios en línea restringen cada vez más la libertad de expresión de mujeres y niñas, con frecuentes ataques a través del ciberacoso, la pornografía vengativa, la culpabilización de las víctimas y la desinformación con enfoque de género.
En algunas provincias, se informó al Grupo de Trabajo de que los riesgos de VG para las mujeres y las niñas se ven agravados por la creciente crisis de abuso de drogas y sustancias, principalmente entre los hombres jóvenes. Los expertos instaron al Gobierno a intensificar las campañas de sensibilización contra la violencia de género, ampliar la capacitación de las fuerzas del orden y el poder judicial sobre enfoques centrados en las víctimas y con enfoque en el trauma, y garantizar la pronta ejecución de las acciones judiciales.
“El Gobierno debería dotar de recursos adecuados a los albergues y centros de atención integral, que son servicios esenciales y una responsabilidad fundamental del Estado”.
Los expertos destacaron la necesidad de garantizar que la igualdad de género se asuma como un valor social que beneficie a todos. “La igualdad de género no es un objetivo de suma cero; los hombres y los niños también se beneficiarán significativamente de una sociedad más justa e igualitaria”, afirmaron.
El Grupo de Trabajo instó al Gobierno a promover campañas de concienciación pública y a priorizar la educación en derechos humanos para niños y niñas, basada en los valores de igualdad, dignidad y autonomía.
“La igualdad de género debe ser más que una promesa en el papel; debe convertirse en una realidad para todas las mujeres y niñas de Zimbabue”, afirmaron.
El Grupo de Trabajo presentará su informe final sobre la visita al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2026.
* El Grupo de Trabajo se reúne con autoridades nacionales y locales, mujeres y niñas, organizaciones de la sociedad civil, entidades de la ONU y otros actores relevantes en Harare, Mutare, Masvingo y Bulawayo.
El Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas fue creado por el Consejo de Derechos Humanos en 2010 para identificar, promover e intercambiar opiniones, en consulta con los Estados y otros actores, sobre buenas prácticas relacionadas con la eliminación de leyes que discriminan a las mujeres. El Grupo también tiene la tarea de fomentar un diálogo con los Estados y otros actores sobre leyes que tienen un impacto discriminatorio en las mujeres.
El Grupo de Trabajo está compuesto por cinco expertas independientes: Laura Nyirinkindi (Presidenta), Claudia Flores (Vicepresidenta), Dorothy Estrada Tanck, Ivana Krstić y Haina Lu.
Los grupos son expertos independientes en derechos humanos designados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En conjunto, estos expertos se denominan Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben salario por su labor. Si bien la Oficina de Derechos Humanos de la ONU actúa como secretaría de los Procedimientos Especiales, los expertos actúan a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluidas la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la ONU. Las opiniones y puntos de vista presentados son exclusivamente del autor y no representan necesariamente los de la ONU ni los de la ACNUDH.





