Colombia: la ONU celebra las primeras condenas de la JEP como un avance histórico contra la impunidad
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El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó como un “hito crucial” las primeras condenas emitidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal de justicia transicional creado en Colombia tras el Acuerdo de Paz de 2016. Las sentencias, dirigidas contra siete exmiembros del Secretariado de las FARC-EP, marcan un paso decisivo en la lucha contra la impunidad por crímenes cometidos durante el conflicto armado.
“Tras décadas de atrocidades, estas condenas representan un paso fundamental en el cumplimiento de los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia”, afirmó Türk.
Los excomandantes fueron condenados por crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo más de 20.000 secuestros, torturas, violencia sexual y desapariciones forzadas. En lugar de penas privativas de libertad, los acusados enfrentarán restricciones de movimiento y deberán participar en actividades de reparación como desminado humanitario, búsqueda de personas desaparecidas y proyectos de memoria histórica.
La JEP ofreció a los acusados la posibilidad de negar o reconocer sus delitos. Todos optaron por la “ruta del reconocimiento”, lo que implica asumir responsabilidad y colaborar activamente en el proceso de justicia restaurativa.
“Ahora le corresponde al Gobierno garantizar las condiciones administrativas, legales y de seguridad para que estas sanciones se apliquen de manera efectiva”, subrayó Türk.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha acompañado técnicamente el trabajo de la JEP, asegurando que los derechos de las víctimas y testigos estén en el centro del proceso judicial. No obstante, Türk advirtió que el conflicto armado persiste en Colombia y que las violaciones de derechos humanos están en aumento, afectando especialmente a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y mujeres.
Entre las violaciones actuales, el Alto Comisionado destacó el asesinato de defensores de derechos humanos y el reclutamiento de menores por grupos armados no estatales. Además, se espera una nueva sentencia de la JEP sobre crímenes cometidos por agentes estatales, incluyendo ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”.
“La implementación de los acuerdos de paz rara vez es sencilla. Estas condenas reflejan avances, pero también la urgencia de seguir priorizando la aplicación integral del Acuerdo de 2016 para evitar nuevas violaciones y sufrimientos”, concluyó Türk.
El Acuerdo de Paz
El Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) puso fin a más de cinco décadas de conflicto armado interno que dejó más de 260.000 muertos, decenas de miles de desaparecidos y millones de personas desplazadas. El pacto estableció un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, cuyo componente judicial es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Este tribunal busca esclarecer los crímenes cometidos por todos los actores del conflicto, garantizar los derechos de las víctimas y evitar que las atrocidades se repitan. A pesar de los avances, el país sigue enfrentando violencia en varias regiones, con la presencia de grupos armados ilegales, economías ilícitas y graves violaciones a los derechos humanos que afectan especialmente a comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes.
