El racismo sistémico en los sistemas penales: una herencia colonial que persiste
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Un nuevo informe de expertos de Naciones Unidas denuncia la persistencia del racismo estructural contra africanos y personas afrodescendientes en los sistemas judiciales del mundo. Más allá de las estadísticas, el documento revela cómo las raíces coloniales y las lógicas de exclusión siguen moldeando las instituciones penales. ¿Puede la justicia reformarse sin cuestionar sus fundamentos históricos?
La sombra larga del colonialismo
El 24 de septiembre de 2025, el Mecanismo Internacional Independiente para el Avance de la Justicia Racial y la Igualdad en la Aplicación de la Ley —creado por la ONU tras el asesinato de George Floyd— publicó un informe demoledor: el racismo sistémico contra africanos y afrodescendientes no solo persiste, sino que se intensifica en los sistemas judiciales contemporáneos. Las cárceles, los tribunales, las comisarías y los códigos penales reproducen una lógica de exclusión que hunde sus raíces en la historia colonial.
La afirmación no es retórica. El informe señala que muchas instituciones legales fueron concebidas durante el dominio colonial, con el objetivo explícito de controlar, castigar y deshumanizar a las poblaciones racializadas. Aunque los imperios hayan caído, sus arquitecturas jurídicas siguen en pie. La ley, lejos de ser neutral, conserva trazos de su origen racializado.
Más allá de los números: la arquitectura del sesgo
La sobre-representación de personas afrodescendientes en prisiones y centros de detención no es una anomalía estadística: es el síntoma de un sistema que opera bajo prejuicios estructurales. Desde la detención hasta la sentencia, cada eslabón del proceso judicial está contaminado por estereotipos raciales que asocian la negritud con la criminalidad.
El informe identifica doce elementos clave para desmantelar esta maquinaria discriminatoria. Entre ellos: la eliminación del perfilamiento racial, la equidad en el acceso a la libertad condicional, la formación antirracista de jueces y policías, el uso de datos desagregados por raza, y la representación justa de personas afrodescendientes en todos los niveles del sistema judicial.
Pero más allá de las recomendaciones técnicas, el documento plantea una pregunta incómoda: ¿puede reformarse un sistema que fue diseñado para excluir?
El poder de decidir, el peso de sufrir
Uno de los aportes más lúcidos del informe es su análisis de la asimetría de poder. Los dispositivos judiciales —siguiendo la noción foucaultiana— son conjuntos de elementos heterogéneos (leyes, presupuestos, prácticas, saberes, espacios) articulados para responder a un problema social. Pero en este caso, el problema es la “gestión” de poblaciones racializadas, y quienes diseñan el dispositivo no son quienes lo padecen.
La justicia penal se convierte así en un dispositivo de control social, donde el poder de decidir reside en instituciones blancas, mientras que la experiencia de la ley se vive como coerción por parte de los cuerpos negros. Esta asimetría no es solo jurídica: es epistemológica, política y simbólica.
El orden tácito: lo que no se dice pero se impone
El informe también alude a un “orden tácito” que estructura las prácticas judiciales. No se trata solo de leyes escritas, sino de normas implícitas, de expectativas silenciosas, de rutinas institucionales que perpetúan la exclusión sin necesidad de proclamarla. Por ejemplo, la sospecha automática hacia jóvenes negros en espacios públicos, la criminalización de la pobreza, o la invisibilización de las denuncias de violencia policial.
Este orden tácito es más difícil de desmontar que el legal, porque opera en el terreno de lo no dicho, de lo normalizado. Requiere no solo reformas jurídicas, sino una transformación cultural profunda.
Justicia restaurativa: ¿alternativa o maquillaje?
El informe destaca algunas prácticas prometedoras, como las revisiones de sentencias, las evaluaciones de impacto racial y cultural, y las medidas de justicia restaurativa. Estas iniciativas buscan humanizar el sistema penal, ofrecer alternativas al encarcelamiento y reconocer el daño histórico.
Sin embargo, cabe preguntarse si estas medidas son suficientes. ¿Puede la justicia restaurativa convivir con un sistema que sigue encarcelando masivamente a personas negras? ¿No corre el riesgo de convertirse en un maquillaje progresista que legitima una estructura profundamente injusta?
El riesgo de retroceso en el contexto global
Los expertos advierten que estas violaciones están en riesgo de aumentar en el actual contexto global. El auge de discursos autoritarios, la criminalización de la protesta, el racismo institucionalizado y la erosión de los derechos humanos configuran un escenario preocupante. La justicia penal, lejos de ser un refugio, se convierte en un instrumento de represión.
La presentación del informe ante el Consejo de Derechos Humanos el 1 de octubre en Ginebra será una oportunidad para exigir compromisos concretos. Pero también para recordar que la lucha contra el racismo no se gana solo en los foros internacionales, sino en las calles, en las aulas, en los tribunales, en los cuerpos que resisten.
¿Reformar o abolir?
La pregunta final que deja el informe es radical: ¿basta con reformar el sistema penal, o hay que repensarlo desde sus fundamentos? ¿Es posible una justicia verdaderamente antirracista dentro de estructuras heredadas del colonialismo? ¿Qué significaría desmantelar el dispositivo penal y construir uno nuevo, basado en la reparación, la equidad y la dignidad?
Estas preguntas no tienen respuestas fáciles. Pero ignorarlas sería perpetuar el orden tácito que el informe denuncia. Y como recuerda Akua Kuenyehia, presidenta del Mecanismo: “Necesitamos trabajar juntos para superar el racismo sistémico. No hay justicia sin igualdad.”
