Cannabis, salud y memoria: las banderas con que Gazmuri desafía a la política tradicional

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Actriz de cine y televisión, activista social y hoy diputada en ejercicio, Ana María Gazmuri se ha convertido en una de las voces más reconocibles de la política chilena contemporánea. Su trayectoria pública comenzó en el mundo cultural, pero se consolidó en la lucha por el acceso al cannabis medicinal, desde donde dio el salto a la política institucional. Hoy busca la reelección como diputada por el Distrito 12 (La Florida, Puente Alto, La Pintana, San José de Maipo y Pirque) bajo la lista Verdes, Regionalistas y Humanistas, reafirmando su apuesta por una política cercana a los territorios y distinta de los acuerdos cupulares.

En esta conversación con El Clarín, Gazmuri defiende su decisión de competir fuera de la lista unitaria de Unidad por Chile, resalta la necesidad de profundizar en la implementación de la ley que protege el cultivo de cannabis medicinal y plantea la urgencia de ampliar derechos en salud mental, cuidados y comunicación. Su mirada combina la defensa de derechos sociales con una agenda verde y territorial, que se expresa en propuestas concretas frente a la crisis climática y a las desigualdades persistentes entre comunas y regiones.

La diputada humanista también hace un balance de su gestión legislativa —con leyes sobre salud, derechos de las mujeres y democratización de los medios— y se pronuncia frente al avance del negacionismo y la ultraderecha en el Congreso. Con un estilo directo, asegura que no representa los intereses de los poderosos, sino los de quienes enfrentan a diario las consecuencias de esas decisiones. “No pretendo ser la diputada más popular, sino la que toma acción ante lo injusto”, afirma, resumiendo una forma de hacer política que busca sostenerse en las urnas este noviembre.

Vas como candidata por la lista Verdes, Regionalistas y Humanistas y no con Unidad por Chile. ¿Por qué esa decisión? ¿Qué marca la diferencia?

Porque las condiciones que se ofrecieron a nuestro partido, para integrar la lista unitaria implicaba, literalmente, la desaparición de Acción Humanista. No había espacio real que nos permitiera competir para mantener nuestra legalidad. Y eso habría significado despreciar el intenso trabajo desplegado por nuestra militancia para ser hoy día un partido prácticamente de alcance nacional, con ocho regiones legalizadas. Por eso optamos por una lista que nos permitiera desplegar a nuestros candidatos. Haber seguido otro camino, asegurando la reelección de ambos diputados en ejercicio, pero extinguiendo nuestro proyecto colectivo, no habría sido coherente. Desde Acción Humanista sostenemos una mirada que dialoga con los territorios, que busca ampliar la voz de la centroizquierda y aumentar la base de apoyo de la candidatura de Jeannette Jara.

Hace algunos años el tema del cannabis movilizaba a decenas de miles; hoy casi no se escucha. ¿Por qué se apagó y cómo piensas volver a ponerlo en agenda?

Parte de esa menor visibilidad tiene que ver, paradójicamente, con la normalización producto de los avances logrados. En 2023 se promulgó la Ley 21.575, que protege a quienes cultivan cannabis para uso medicinal, con prescripción médica. Esa ley fue un paso histórico, porque reconoció explícitamente el derecho de los pacientes a su tratamiento. Y digo explícitamente porque, en rigor, siempre ha estado permitido por nuestra ley de drogas. Pero por ser muchas veces en la práctica letra muerta, fue necesaria esta aclaración legislativa. Sin embargo, todavía falta su plena implementación: protocolos claros desde el Ministerio de Salud, para que los pacientes usuarios de la red de salud pública no se vean impedidos de ejercer su derecho al uso de esta alternativa terapéutica legal. Urge también protocolos y capacitaciones para las Policías, así como un actuar de Fiscalía acorde a las nuevas normativas. El debate también bajó de intensidad porque atravesamos un momento político más conservador, donde ciertos sectores prefieren dar “batallas culturales” antes que discutir soluciones reales. Por eso hoy nuestra tarea es volver a poner el tema desde los derechos, la salud y la seguridad, impulsando la implementación de la ley ya promulgada, así como el nuevo proyecto de ley —presentado transversalmente por diputados progresistas, junto a más de 50 organizaciones— que regula el acceso al uso adulto del cannabis.

Tú vienes trabajando desde Fundación Daya en cannabis medicinal. ¿Qué avances concretos ves y cuáles son las trabas que todavía dejan a pacientes y usuarios criminalizados?

A lo largo de estos años, gracias a un trabajo sostenido desde la sociedad civil, y también desde el parlamento, hemos logrado avances concretos: hoy hay jurisprudencia abundante, un marco jurídico que, cuando sea plenamente implementado, debiese permitir tener médicos en la salud pública que acompañen a los pacientes que optan por esta alternativa con mayor seguridad, y una ley que reconoce la receta médica como justificación suficiente para el cultivo medicinal. Eso era impensable hace una década. Aun así, muchos pacientes siguen siendo allanados o criminalizados porque falta que las instituciones implementen correctamente esas normas. Seguimos en un contexto político donde la oposición ha optado por librar una guerra cultural antes que una política pública seria. Por eso insisto: la voluntad del Ejecutivo es clave. Este gobierno, que se presentó como progresista, aún tiene pendiente la tarea de hacer cumplir su propio compromiso con los pacientes. Es hora de pasar del discurso al reglamento, y del reglamento a la protección efectiva.

Muchos pacientes que buscan terapias alternativas, como el cannabis medicinal, reclaman inequidad y altos costos. ¿Cómo se puede transformar el sistema para que haya acceso sin discriminación ni barreras económicas?

La clave es incorporarlas al sistema público. Que el GES cubra atenciones, que Fonasa reconozca las terapias complementarias indicadas médicamente, y que los hospitales y CESFAM puedan ofrecerlas.
Pero además, respetar el derecho al autocultivo, que es la forma más económica y segura de acceder al cannabis medicinal. Hoy la mejor manera de reducir costos y ampliar el acceso es garantizar que se cumplan los derechos de los pacientes ya consagrados en la ley. Es necesario ofrecer alternativas, pero lo más importante es acabar con la criminalización.

El gobierno lanzó la primera campaña nacional sobre salud mental. ¿Cómo la ves y qué falta para que sea un derecho garantizado?

Es una buena señal, pero no basta con visibilizar: hay que garantizar acceso real. Hoy en Chile solo 53 psiquiatras atienden con bono Fonasa, y una sesión psicológica cuesta entre 15 y 50 mil pesos, sin contar medicamentos. En las últimas semanas vimos un aumento de suicidios en el Metro. Detrás de cada caso hay una familia rota, amigos que no entienden qué pasó. La salud mental no puede seguir tratándose como algo individual; es un problema social que exige políticas públicas que lleguen a tiempo. Necesitamos fortalecer la Atención Primaria, con equipos multidisciplinarios en los CESFAM, ampliar la cobertura de Fonasa y asegurar que el Estado esté presente con prevención, acompañamiento y comunidad.

En salud y cuidados, las mujeres cargan con una sobreexigencia histórica. ¿Cómo debería cambiar esa realidad desde la política?

El cuidado ha sido invisibilizado durante décadas, y lo sostienen en su mayoría las mujeres. Cambiar esa realidad exige políticas concretas y presupuesto. En línea con el programa de Jeannette Jara, apoyo la creación de un Sistema Nacional de Cuidados que reconozca el trabajo doméstico y de cuidados como un pilar de la economía y de la seguridad social, lo que implica: redes comunales de cuidados; pensión de cuidados; licencias y jornadas adaptadas para quienes cuidan personas dependientes; y un sistema público de salud mental que apoye a cuidadoras, madres jefas de hogar y adultos mayores. No se trata solo de “ayudar a las mujeres”, sino de corresponsabilidad, compartir los cuidados, para que todas y todos podamos tener tiempo y condiciones de vida dignas.

En Chile los grandes medios siguen concentrados en pocas manos. ¿Qué rol debería jugar el Estado para abrir espacio a medios independientes y comunitarios?

El Estado tiene una deuda pendiente con la libertad de expresión en sentido amplio. No basta con garantizar formalmente dicha libertad si los recursos se concentran siempre en los mismos grupos empresariales.
Por eso, presentamos dos proyectos de resolución que solicitaban al Presidente reponer y ejecutar más de 2.600 millones de pesos que estaban destinados a fortalecer a las radios comunitarias y otros $2.500.000.000 pesos para beneficiar a cerca de 50 concesiones locales y regionales de televisión abierta en formato digital y que, por decisión de la Subtel, quedaron sin uso. Esos fondos existían, pero nunca llegaron a quienes sostienen la comunicación local con esfuerzo y vocación.Necesitamos concursos con reglas justas y montos que permitan participar de verdad, no concursos simbólicos. Y una política de avisaje estatal descentralizada, transparente y con criterios públicos, para que también las radios, medios territoriales y digitales puedan informar y fiscalizar desde sus comunidades. Democratizar la comunicación es democratizar la política.

En el Congreso hemos visto negacionismo sobre violaciones a los derechos humanos, incluso en dictadura y en el estallido. ¿Cómo enfrentas ese avance del pinochetismo y la ultraderecha?

Vivimos tiempos complejos, donde resurgen discursos de odio y negacionismo. Ante eso, la única respuesta posible es no dejarlos pasar: enfrentarlos con memoria y con verdad.
La verdad es más poderosa que la mentira, pero también requiere voluntad y trabajo. La derecha crece cuando nos alejamos de nuestra historia; no por nada busca recortar las clases de historia en los colegios o minimizar el valor de la memoria. Por eso debemos insistir en llegar a las nuevas generaciones, con nuevas formas de comunicar y con espacios que mantengan viva la memoria, como museos, fundaciones y organizaciones que hacen un trabajo silencioso pero imprescindible. En esa línea, valoro especialmente el Plan Nacional de Búsqueda impulsado por el gobierno, porque demuestra que, aunque parezca tarde, seguir buscando la verdad tiene sentido.

Tu lista pone mucho énfasis en lo verde y territorial. ¿Cómo se traduce eso en propuestas concretas para enfrentar la crisis climática y las desigualdades entre comunas y regiones?
Lo verde no puede quedarse en el discurso. Tiene que ver con cómo respiramos, con el agua que tomamos y con los territorios donde vivimos. En Santiago, y especialmente en nuestro distrito, convivimos con la depredación ambiental a diario: basta mirar las amenazas que enfrenta el Cajón del Maipo —sector de mi distrito— con proyectos como Alto Maipo, solo por nombrar un ejemplo.
Creemos en una transición socioecológica justa, que combine sostenibilidad ambiental y bienestar social: más empleos verdes, eficiencia energética en viviendas, electromovilidad y participación comunitaria en las decisiones que afectan el territorio. La derecha suele hablar del medioambiente como si fuera un tema accesorio. Para nosotras es parte de la justicia social. Cuidar la naturaleza es cuidar la vida y reducir las desigualdades que separan a las comunas ricas de las más postergadas.

Si un votante común te pregunta por qué debería apostar por ti y no por las alternativas tradicionales, ¿qué le responderías?

Que mi trabajo está a la vista. Cumplimos lo que prometimos: trabajar para que exista salud digna, protección social, derechos humanos, seguridad con enfoque comunitario y avances históricos en cannabis medicinal. He sido una diputada presente en el territorio: acompañando a vecinos en Puente Alto, en particular Bajos de Mena, lo mismo en Pirque, La Pintana, San José de Maipo y La Florida. Cuando hubo temporales, cortes de luz o violencia en los barrios, estuvimos ahí, gestionando soluciones reales. He mantenido más de un 96% de asistencia en el Congreso y un trabajo legislativo activo, con 10 proyectos de ley de autoría, más de 100 proyectos de resolución y casi 400 oficios fiscalizadores. He presidido la Comisión de Salud y he impulsado leyes que responden a las demandas reales de las personas: la que prohíbe el “impuesto rosa”, la que regula el uso adulto del cannabis, la que permite a los municipios retirar el cableado en desuso y la que extiende la Ley Karin al sector público. No represento los intereses de los poderosos, sino de quienes viven las consecuencias de sus decisiones. Por eso, si alguien me pregunta por qué votar por mí, le digo que trabajo para que la política vuelva a servir a las personas comunes, no a los privilegios. Porque creo en una forma distinta de hacer política: cercana, con ética y con esperanza. Porque creo que lo mejor que puede hacer una, es actuar. No pretendo ser la diputada más popular, sino la que toma acción ante lo injusto, la que escucha e intenta resolver los problemas de los vecinos de nuestro distrito, sin promesas, con acción real.

Paul Walder

Paul Walder

Periodista