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Seis años después: el ocaso de la rebelión popular en Valparaíso

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Con una escasa participación se conmemoraron el sábado en Valparaíso los seis años de la rebelión popular del 19 de octubre del 2019.

Un pequeño grupo de manifestantes se congregó en la Plaza Aníbal Pinto a partir de las 18 horas para luego marchar por las principales calles del centro de Valparaíso. Un par de asistentes, mediante el uso de altoparlantes manifestó lo siguiente:

“Estamos hoy acá porque este país está lleno de tomas, porque no hay solución para la vivienda, para la gente, porque la gente gana salarios de hambre, no le alcanza para ahorrar, no le alcanza para pedir crédito hipotecario y no le queda otra cosa que irse a una toma, por eso estamos acá. No es porque sí, no es porque nos guste estar en la calle gritando, sino porque estamos exigiendo nuestros derechos. Queremos una salud digna, una educación digna, pensiones dignas, las demandas por nuestros derechos siguen siendo las mismas que cuando nos levantamos con rabia el 18 de octubre de hace 6 años atrás, no se han solucionado y, por el contrario, se han agravado”

 

“Hoy también tenemos que honrar a nuestros compañeros y compañeras que fueron violentados, mutilados y asesinados durante la revuelta por el Estado de Chile y sus agentes represivos. No ha existido una reparación real e integral para quienes sufrieron violaciones de sus derechos e incluso varios compañeros se han suicidado porque el Estado les falló. Por eso tenemos que seguir en las calles exigiendo todos nuestros derechos, levantando todas nuestras demandas, por esas demandas que salimos a las calles en el año 2019 y 2020.”




Con la consigna “Dónde está Julia Chuñil” voceada enérgicamente por las y los manifestantes se dio inicio a la marcha por la calle Condell, mientras uno de los asistentes a esta movilización se acercó y me dijo “ya ni siquiera podemos decir que siempre somos los mismo los que nos encontramos en estas movilizaciones, sino que ahora, más encima, cada vez somos menos”.

Este comentario expresa de manera potente y dolorosa la real magnitud de la derrota coyuntural sufrida por el movimiento popular que participó de la rebelión de octubre del 2019, derrota que es, a mi parecer, el resultado de dos elementos fundamentales: el acuerdo por la paz y la nueva constitución y la pandemia de coronavirus.

El primero de estos elementos ofreció un caramelo multicolor, un nuevo y remozado arcoíris de alegría camuflado de Convención Constitucional al cual se plegaron entusiastamente los partidos institucionales, seguidos tímidamente por las organizaciones sociales en rebeldía. El Covid 19 y las extremas medidas de confinamiento y restricciones asociadas a él, dieron el impulso final para que el embravecido mar de protestas, que inundó y estremeció todo el territorio nacional, se transformara en un aquietado remanso institucional, preocupado de candidaturas y un proceso constitucional publicitado como la madre de todas las batallas, que produjo expectativas de cambio exageradas, ya que se dejó mañosa y ciegamente de lado que tenía como marco institucional regulatorio la Constitución elaborada en dictadura. La incipiente organización popular surgida al calor de la rebelión popular, en los espacios extraparlamentarios o extra institucionales, se fue poco a poco desarticulando, desmovilizando y diluyendo, y muchos de sus integrantes, obnubilados por los espejitos de colores institucionales, se sumaron también así a los caminos definidos desde las elites.

Por eso, la profunda depresión post “Rechazo” todavía no logra ser superada por los viudos y viudas de la Convención Constitucional, quienes una vez embarcados en dicha convención continuaron mecánica y sumisamente insertándose en los sucesivos procesos electorales, sin siquiera cuestionar estos instrumentos al servicio del restablecimiento del oasis institucional en nuestro país, que el gobierno de las coaliciones Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático encabezado por Gabriel Boric se encargó de consolidar.

Además, la derecha tradicional, en todas sus variantes, logró instalar un relato para desvirtuar y negar las legítimas, innumerables e insatisfechas demandas sociales que dieron origen a la rebelión popular, introduciendo dos ideas fuerzas como son el “octubrismo” y el “estallido delincuencial”, conceptos despectivos que han permeado la sociedad chilena y a los cuales se han plegado en forma desvergonzada los autodenominados sectores “progresistas”, encargados actualmente de la administración del modelo neoliberal en el gobierno, el parlamento y otras instituciones del Estado, llegando incluso a renegar de figuras metafóricas o simbólicas como el “perro matapacos”, con el objetivo de mostrar una deslavada y amable cara “republicana” para no incomodar a las elites dominantes.

El resultado de esta derrota coyuntural se ha podido observar durante estos últimos años en la escasa participación de manifestantes durante los numerosos llamados a movilizaciones, pese a que las demandas populares que desencadenaron la rebelión del octubre del 2019 no solo siguen vigentes, sino que se han continuado profundizado y agravando.

La pobre convocatoria de ayer sábado, con una grave situación actual de cobros abusivos en las cuentas de la luz que podría haber representado un motivo concreto para una masiva participación, es una muestra de la lamentable realidad por la que atraviesa el movimiento social rebelde. Tener conciencia de ello es imprescindible y necesario para poder empezar a revertir esta situación de depresión y reflujo, para partir nuevamente desde abajo y por fuera de los restrictivos espacios institucionales, alejándose de los cantos de sirenas electorales que, una vez más, se amplifican con fuerza ante una nueva e inconducente lucha por la presidencia de una nueva administración de un modelo de sociedad definido claramente en la Constitución Política elaborada durante la dictadura civil militar, la Constitución del 80, que sigue viva y robustecida con iniciativas como la aprobación del Tratado Internacional TPP 11, el fortalecimiento de las AFP con la Reforma Previsional, la flexibilidad laboral incluida en la Ley de las 40 Horas, la militarización y el Estado de Emergencia permanente en el Wallmapu, junto a las nuevas y abundantes leyes represivas que criminalizan la protesta y la movilización social.

Todas estas iniciativas y leyes no han sido promulgadas por un gobierno de derecha, de ultraderecha o “fascista”, sino durante el actual gobierno “progresista” encabezado por Gabriel Boric, que, en los hechos y no en los pomposos y alambicados discursos, ha sido un gobierno más al servicio del sistema de dominación capitalista en su versión neoliberal y de democracia restringida establecido en la Constitución del 80 que rige en nuestro país.

Guillermo Correa Camiroaga, Valparaíso 19 octubre 2025

 

 

 



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