Agroindustria global: cuando las multinacionales despojan a quienes alimentan al mundo
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En un contexto de crisis climática, desigualdad creciente y erosión democrática, dos informes presentados ante la Asamblea General de la ONU en octubre de 2025 advierten sobre una tendencia alarmante: la concentración del poder empresarial en los sistemas alimentarios mundiales está socavando los derechos humanos, la soberanía alimentaria y la resiliencia rural. El Grupo de Trabajo sobre los Derechos de los Campesinos y el Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación denuncian una captura corporativa que amenaza los fundamentos ecológicos y sociales de la alimentación global.
Los pequeños agricultores, pescadores, pastores y trabajadores rurales —quienes producen la mayor parte de los alimentos saludables y diversos que consume la humanidad— están siendo desplazados por un modelo agroindustrial respaldado por Estados poderosos. Este modelo prioriza el beneficio económico por encima de las personas y del planeta, y se basa en prácticas como el acaparamiento de tierras, la monopolización de semillas y agroquímicos, la especulación alimentaria y la agricultura por contrato en condiciones de explotación.
Gobernanza capturada, autonomía erosionada
La digitalización de los sistemas alimentarios, lejos de democratizar el acceso, ha ampliado el control corporativo mediante la apropiación de datos agrícolas. Los espacios de decisión que antes ocupaban las comunidades rurales están siendo ocupados por actores privados, generando dependencias estructurales que debilitan la autonomía campesina y la capacidad de respuesta ante las crisis.
Frente a esta ofensiva, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP) ofrece un marco jurídico fundamental. Reconoce derechos específicos —a la tierra, a las semillas, a la biodiversidad, a la participación— que deben ser garantizados mediante leyes vinculantes y mecanismos sólidos de rendición de cuentas. Los compromisos voluntarios, advierten los expertos, ya no son suficientes.
Derechos vulnerados, impunidad persistente
Los abusos son múltiples: exposición a sustancias tóxicas, desalojos forzosos, robo de salarios, criminalización de las luchas rurales. Las víctimas siguen enfrentando enormes obstáculos para acceder a la justicia. Por ello, los expertos instan a los Estados a regular la actividad empresarial, incluidas las instituciones financieras, y a adoptar un tratado internacional jurídicamente vinculante que ponga fin a la impunidad corporativa.
«Los alimentos no son una mercancía, son un derecho humano», afirman. «Debemos actuar ahora para garantizar que quienes alimentan al mundo puedan vivir y trabajar con dignidad, libres de explotación y miedo.»
Elena Rusca
