Lula enfrenta la mayor crisis de seguridad en Río tras una operación policial con saldo de 64 muertos
Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 55 segundos
La violencia volvió a estallar en Río de Janeiro y esta vez con una magnitud sin precedentes. Una operación policial realizada el martes en las favelas de Complexo do Alemão y Penha dejó al menos 64 personas muertas, según las autoridades locales, además de 81 detenidos y el decomiso de 75 rifles y una gran cantidad de drogas. Se trata de la mayor redada en la historia de la ciudad, dirigida contra el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasilcrimen organizado
El gobernador de Río, Cláudio Castro, cercano al expresidente Jair Bolsonaro, calificó la acción como un “hito” en el combate al narcotráfico. “Neutralizamos a 64 criminales”, afirmó en un mensaje difundido en redes sociales, subrayando que fue “la mayor operación de la historia de la ciudad”. Sin embargo, el operativo, que movilizó a unos 2.500 policías y soldados, también dejó escenas de guerra: helicópteros sobrevolando barrios densamente poblados, humo y fuego en las calles y escuelas cerradas por temor a los tiroteos.
Una tragedia y un escándalo político
Las imágenes de cuerpos en las calles y denuncias de abusos policiales encendieron la alarma de organismos de derechos humanos. César Muñoz, director de Human Rights Watch en Brasil, calificó lo ocurrido como “una gran tragedia” y un “desastre”. Exigió que el Ministerio Público investigue “las circunstancias de cada muerte” para determinar responsabilidades.
La magnitud del operativo no solo generó críticas por la violencia desatada en Río, sino que abrió una crisis política de alcance nacional. Desde Malasia, donde realizaba una gira internacional, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva recibió los primeros reportes por teléfono y decidió convocar de inmediato a una reunión de emergencia en Brasilia con sus principales ministros: Rui Costa (Gabinete), Ricardo Lewandowski (Justicia), Gleisi Hoffmann (Relaciones Institucionales) y Sidônio Palmeira (Comunicación).
El encuentro de este miércoles tiene un doble objetivo: conocer detalles de la operación y reforzar las medidas de seguridad pública que el gobierno busca impulsar desde abril, entre ellas la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) que amplía las facultades de la Policía Federal en delitos ambientales, interestatales e internacionales, y un nuevo proyecto de Ley “Anti-Facción” que contempla penas más duras y la confiscación de bienes de líderes criminales.
El choque entre Lula y Castro
El Palacio de Planalto aseguró en un comunicado que la operación no fue consultada con el gobierno federal, lo que tensó aún más la relación con el gobernador de Río. Castro acusó al Ejecutivo de no entregar el apoyo solicitado, en particular el envío de vehículos blindados, y reclamó que la administración de Lula “siempre encuentra un motivo para no cooperar”.
El gobierno respondió que mantiene desplegada la Fuerza Nacional en Río desde octubre de 2023 y que su presencia fue prorrogada hasta diciembre de este año. Gleisi Hoffmann recordó además que recientemente el Ejecutivo encabezó acciones contra el lavado de dinero del crimen organizado, como ejemplo de coordinación con los estados.
El enfrentamiento refleja la disputa política entre un presidente de izquierda que busca mostrar firmeza ante la violencia y un gobernador conservador que intenta capitalizar la demanda ciudadana de seguridad.
Un flanco débil para Lula
La seguridad pública es considerada uno de los puntos débiles en el discurso de Lula. Sus declaraciones de la semana pasada, al afirmar que los narcotraficantes “también son víctimas de los consumidores”, generaron polémica y fueron interpretadas como una muestra de indulgencia frente al crimen. Ahora, tras la operación en Río y la ola de críticas, el mandatario se ve presionado a endurecer su discurso y acelerar la agenda legislativa en materia de seguridad.
El vicepresidente Geraldo Alckmin ya había encabezado una reunión de emergencia el martes, lo que evidencia la gravedad de la situación. Para analistas, la crisis llega en un momento delicado: a poco menos de tres años de las elecciones, Lula debe demostrar capacidad de liderazgo frente a una de las principales demandas de la sociedad brasileña.
Cifras de guerra, eficacia en duda
La operación del martes dejó cifras comparables a las de un enfrentamiento militar. Luis Flavio Sapori, sociólogo y experto en seguridad pública, advirtió que “estos son números de guerra” y cuestionó la eficacia de este tipo de acciones. Según el especialista, las operaciones masivas rara vez golpean a los verdaderos cabecillas, que suelen escapar, mientras los eslabones bajos de las facciones son rápidamente reemplazados.
La historia reciente de Río confirma la observación. En 2005, 29 personas murieron en Baixada Fluminense; en 2021, 28 fallecieron en la favela Jacarezinho. Ninguno de esos operativos logró desarticular de forma duradera al Comando Vermelho ni a otras facciones criminales.
Un desafío abierto
Mientras Río amanece con barrios sitiados y comunidades atemorizadas, Lula enfrenta un desafío mayúsculo: responder a la violencia sin ceder al discurso de la “mano dura” que capitalizan sus opositores. Entre los reclamos de la oposición y la presión por resultados inmediatos, el gobierno busca equilibrar una política de seguridad efectiva con el respeto a los derechos humanos.
El desenlace de esta crisis marcará no solo la relación entre el Ejecutivo y el estado de Río, sino también el tono del debate nacional sobre cómo enfrentar al crimen organizado en Brasil.
Fuente: AP y Prensa Latina
