Tolerancia cero a los asesinatos policiales: la ONU exige justicia frente a la impunidad global
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La persistencia de asesinatos cometidos por fuerzas policiales en todo el mundo ha encendido una nueva alarma en las Naciones Unidas. En su último informe, el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz, denuncia que estas muertes ilegales —muchas veces encubiertas por sistemas judiciales débiles o cómplices— socavan la confianza pública en las instituciones encargadas de proteger la vida. La ONU exige a los Estados una política de “tolerancia cero” frente a estos crímenes, y llama a implementar medidas concretas para prevenirlos, investigarlos y sancionarlos sin excepción.
El derecho a la vida, traicionado por quienes deben protegerlo
“La función de las fuerzas del orden es proteger a la ciudadanía y garantizar el derecho a la vida. Sin embargo, los asesinatos ilegales por parte de la policía siguen ocurriendo, a menudo con total impunidad”, afirma Tidball-Binz. Esta contradicción entre el mandato institucional y la práctica cotidiana revela una crisis estructural en los sistemas de seguridad pública.
El informe destaca que estas ejecuciones no son hechos aislados, sino parte de patrones sistemáticos que afectan especialmente a personas en situación de vulnerabilidad: jóvenes de barrios populares, migrantes, indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad o en situación de calle. En muchos casos, las víctimas son estigmatizadas como “sospechosos” o “delincuentes” antes de que se les reconozca siquiera el derecho al debido proceso.
De la ley al gatillo: el uso letal de la fuerza como norma
Tidball-Binz subraya que el uso de la fuerza letal por parte de agentes del Estado solo puede justificarse en circunstancias excepcionales, y siempre bajo los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución, no discriminación y rendición de cuentas. Sin embargo, en la práctica, estas normas son ignoradas o reinterpretadas para justificar ejecuciones sumarias, especialmente en contextos de protesta social, operaciones antidrogas, control migratorio o estados de emergencia.
El informe advierte sobre los riesgos de la militarización de la policía, el uso de armamento letal en tareas de orden público y la falta de supervisión independiente. En contextos de alta tensión —como manifestaciones, operativos antiterroristas o intervenciones en barrios marginales— la ausencia de controles efectivos puede convertir a las fuerzas del orden en actores de violencia institucional.
Impunidad estructural: el enemigo silencioso
Uno de los puntos más críticos del informe es la denuncia de la impunidad estructural que rodea a estos crímenes. Las investigaciones suelen ser tardías, superficiales o directamente inexistentes. En muchos países, los cuerpos encargados de investigar a la policía dependen jerárquicamente de las mismas instituciones que deben ser escrutadas, lo que impide la independencia y la imparcialidad.
Tidball-Binz exige la creación de organismos de investigación autónomos, con capacidad operativa y recursos suficientes para actuar sin interferencias. También reclama la protección de las escenas del crimen, de las pruebas y de los testigos, así como el fortalecimiento de la medicina forense y la transparencia mediante datos desagregados y comunicación pública.
“El Protocolo de Minnesota de la ONU establece que toda muerte potencialmente ilegal debe ser investigada de forma rápida, eficaz, independiente e imparcial”, recuerda el experto. “Las familias de las víctimas deben ser informadas y tratadas con dignidad durante todo el proceso”.
El rol de los superiores: responsabilidad jerárquica y obstáculos legales
El informe también aborda un aspecto clave: la responsabilidad de los mandos superiores. En muchos casos, los crímenes son cometidos por agentes de bajo rango, pero responden a órdenes, políticas o prácticas institucionales que deben ser examinadas. La impunidad se perpetúa cuando los altos mandos no son investigados, o cuando existen mecanismos legales —como inmunidades o amnistías— que los protegen.
Tidball-Binz es enfático: “Eliminar las barreras sistémicas a la rendición de cuentas, incluso cuando está en juego la responsabilidad superior, no es opcional. Es una obligación indispensable para preservar el Estado de derecho”.
América Latina: entre la represión y la resistencia
La región latinoamericana es uno de los escenarios más preocupantes. Desde Chile hasta Colombia, pasando por Brasil, México y Perú, los informes sobre ejecuciones policiales se multiplican. En muchos casos, las víctimas son manifestantes, líderes sociales, campesinos o jóvenes de sectores populares. La represión de la protesta social, el uso de la fuerza en contextos de pobreza y la criminalización de la juventud configuran un patrón de violencia institucional que exige respuestas urgentes.
En Chile, por ejemplo, las denuncias por violencia policial durante el estallido social de 2019 siguen sin resolverse plenamente. En Brasil, las operaciones policiales en favelas han dejado cientos de muertos, muchos de ellos sin antecedentes penales. En México, las desapariciones forzadas y los asesinatos cometidos por fuerzas de seguridad son parte de una crisis de derechos humanos que se arrastra desde hace décadas.
¿Cómo construir confianza en las instituciones?
El informe de la ONU no solo denuncia, también propone. Entre las recomendaciones clave se encuentran:
- Reformar la legislación para alinear el uso de la fuerza con los estándares internacionales.
- Establecer protocolos operativos claros y mecanismos de revisión posterior a los incidentes.
- Crear organismos de investigación independientes y fortalecer la medicina legal.
- Garantizar la transparencia mediante datos públicos y desagregados.
- Asegurar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.
- Promover la formación en derechos humanos para los cuerpos policiales.
“El cumplimiento efectivo de los estándares establecidos, tanto en la ley como en la práctica, es esencial para proteger el derecho a la vida y reconstruir la confianza pública”, concluye Tidball-Binz.
La impunidad no es inevitable: es prevenible
El mensaje del Relator Especial es claro: la impunidad no es una fatalidad, es una elección política. Los Estados tienen la obligación de actuar, de investigar, de sancionar y de reparar. No basta con declaraciones; se necesitan acciones concretas, recursos adecuados y voluntad política.
La defensa del derecho a la vida no puede depender del azar ni de la geografía. Cada muerte ilegal es una herida en el tejido democrático, una traición al contrato social, una negación de la humanidad. Frente a ello, la ONU exige justicia, verdad y reparación.
Elena Rusca, Ginebra, 3.11.2025
