La ONU rompe el silencio: crímenes sin juicio en aguas latinoamericanas
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La reciente denuncia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, contra los ataques perpetrados por fuerzas armadas estadounidenses en el Caribe y el Pacífico, marca un punto de inflexión en la relación entre América Latina y Estados Unidos. Más de 60 personas han muerto desde septiembre en bombardeos a embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico. Pero lo que está en juego va mucho más allá de la lucha contra el crimen organizado: se trata de una ofensiva militar que vulnera el derecho internacional, erosiona la soberanía regional y revive los fantasmas del intervencionismo imperial.
Una política de fuerza que desborda la legalidad
La administración Trump ha defendido estas acciones como parte de una estrategia de seguridad hemisférica, amparada en el derecho humanitario internacional. Sin embargo, como ha subrayado Türk, el combate al narcotráfico es una cuestión de orden público, regida por el derecho internacional de los derechos humanos. La fuerza letal solo puede utilizarse como último recurso ante una amenaza inminente a la vida. Nada en los informes públicos del gobierno estadounidense sugiere que las víctimas de estos ataques representaran tal peligro.
La falta de transparencia, la ausencia de juicios y la ejecución sumaria de presuntos delincuentes constituyen una grave violación de los principios fundamentales del derecho internacional. La ONU ha exigido investigaciones independientes, pero hasta ahora, Washington ha respondido con silencio o justificaciones vagas.
Venezuela: laboratorio de una nueva doctrina de intervención
El despliegue del buque USS Gravely frente a las costas venezolanas, junto con las operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano —reconocidas por el propio presidente Trump—, revelan una estrategia de presión militar que recuerda los peores episodios del intervencionismo estadounidense en América Latina. Venezuela se ha convertido en el epicentro de una nueva confrontación geopolítica, donde el discurso antidrogas sirve de pretexto para una política de reposicionamiento estratégico.
La narrativa oficial estadounidense presenta al gobierno de Nicolás Maduro como una amenaza regional, vinculada al narcotráfico y al autoritarismo. Pero detrás de esta retórica se esconde una lógica de control territorial y disciplinamiento político que busca reconfigurar el mapa de alianzas en América Latina.
Efectos colaterales: migración, polarización y erosión democrática
Las consecuencias de esta política son múltiples y profundas. En primer lugar, se erosiona la soberanía de los Estados latinoamericanos, que ven cómo sus aguas jurisdiccionales se convierten en zonas de guerra sin consulta ni coordinación. En segundo lugar, se agrava la crisis migratoria: la presión militar y económica sobre Venezuela intensifica el éxodo de millones de personas, desbordando la capacidad de acogida de países como Colombia, Brasil, Perú y Chile.
Además, la polarización política se profundiza. Gobiernos aliados de Trump, como el de Javier Milei en Argentina, podrían verse tentados a replicar estrategias de fuerza, debilitando aún más el tejido democrático regional. La criminalización de la disidencia, el uso de la seguridad como excusa para el control social y la militarización de las fronteras son síntomas de una deriva autoritaria que amenaza con consolidarse.
¿Una nueva doctrina Monroe armada?
La política de Trump parece revivir la lógica de la doctrina Monroe, bajo una nueva narrativa de seguridad hemisférica. Pero esta vez, el enemigo no es el comunismo, sino el narcotráfico y el chavismo. El problema es que, en nombre de estos enemigos, se están violando principios fundamentales del derecho internacional, como el debido proceso, la presunción de inocencia y la prohibición de ejecuciones extrajudiciales.
La militarización de la política exterior estadounidense no es nueva, pero su aplicación directa en aguas latinoamericanas, con víctimas civiles y sin rendición de cuentas, representa un salto cualitativo. La ONU ha roto el silencio, pero la respuesta de los gobiernos latinoamericanos ha sido, en muchos casos, tímida o cómplice.
¿Dónde están las voces de América Latina?
La falta de una respuesta contundente por parte de organismos regionales como la CELAC o la OEA es preocupante. La defensa de la paz, la soberanía y los derechos humanos no puede quedar subordinada a los intereses estratégicos de una potencia que ha demostrado estar dispuesta a imponer su voluntad por la fuerza.
Es urgente que América Latina recupere una voz común frente a estas agresiones. No se trata de defender gobiernos específicos, sino de proteger los principios que sustentan el orden internacional: la legalidad, la dignidad humana y la autodeterminación de los pueblos.
El silencio como complicidad
La denuncia de la ONU debe ser un llamado de alerta. Si América Latina no reacciona, corre el riesgo de normalizar la violencia estatal sin juicio, la intervención militar sin mandato y la erosión sistemática de sus instituciones democráticas. El silencio, en este contexto, no es neutral: es complicidad.
La historia de la región está marcada por intervenciones, golpes y dictaduras promovidas o toleradas por Estados Unidos. Hoy, bajo nuevas formas, esa historia amenaza con repetirse. Pero también está marcada por resistencias, por movimientos sociales, por voces que se alzan en defensa de la justicia.
Es hora de que esas voces se escuchen nuevamente.
Elena Rusca, Ginebra, 3.11.2025
Ricardo says:
Vivimos momentos dramáticos en América, y la complicidad de los gobiernos se explica por el miedo: en cada país hay fuerzas aliadas al imperialismo prestas para reemplazar a las democráticas ; y aunque se saben minoritarias igualmente se saben poderosas : el 91% de los mexicanos desconfía de Trump , según encuesta de la conservadora institución Pew, de EEUU, pero en sitios masivos de comentarios de ese país ¡ hay apoyo desproporcionado a Trump! : es simplemente escalofriante.