La paz inconclusa: Colombia entre acuerdos y desplazamientos
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Han pasado nueve años desde que el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron el Acuerdo Final de Paz en Cartagena, el 26 de septiembre de 2016. Fue un momento histórico: tras más de cinco décadas de guerra, el país parecía abrir una puerta hacia la reconciliación. El acuerdo, negociado en La Habana con el acompañamiento de Cuba y Noruega, fue celebrado como un modelo mundial de resolución de conflictos.
Hoy, sin embargo, la paz sigue siendo inconclusa. Para comprender las luces y sombras de este proceso, entrevistamos a Diego Tovar, integrante de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) y delegado ante el Consejo de Seguridad de la ONU por la Alta parte contratante; John León, coordinador nacional de la Corporación Humanitaria Reencuentros y excombatiente de las FARC, dedicado a la búsqueda humanitaria de desaparecidos; Olga Lucía Quintero y Antonio Quintero, líderes sociales de la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), organización que defiende los derechos campesinos y denuncia las consecuencias de la no implementación del acuerdo en su territorio.
El pacto incluía seis grandes puntos: la reforma rural integral, la participación política, el fin del conflicto armado, la solución al problema de las drogas ilícitas, el reconocimiento y reparación de las víctimas, y los mecanismos de implementación y verificación internacional. Elevado a la categoría de tratado internacional y parte del bloque de constitucionalidad, el acuerdo fue considerado por el Consejo de Seguridad de la ONU como un “caso feliz”, un ejemplo de consenso en medio de un mundo marcado por guerras y divisiones.
Sin embargo, nueve años después, las voces de quienes han vivido el proceso desde dentro —excombatientes, líderes sociales y delegados internacionales— coinciden en que la paz sigue siendo una promesa inconclusa.
Diego Tovar: “El mandato de la ONU se debilitó por presión de Trump”
Diego Tovar, integrante de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) y delegado ante el Consejo de Seguridad de la ONU por la Alta parte contratante, recuerda un episodio reciente que refleja la fragilidad del proceso.
“Hace unas semanas, el 30 de octubre, participé en cinco sesiones del Consejo de Seguridad en Nueva York. Colombia era considerado el único ‘caso feliz’ entre más de 90 conflictos en agenda. Pero las tensiones políticas llevaron a que Donald Trump intercediera en el mandato. El resultado fue que el mandato perdió unanimidad y se redujo: ya no incluye el capítulo étnico ni el acompañamiento de la misión a las sanciones de la JEP”, explica Tovar.
Para él, este debilitamiento es grave porque afecta directamente a las víctimas. “La Jurisdicción Especial para la Paz es un modelo único de justicia transicional. Las víctimas reclaman avances, pero hasta ahora las sanciones han recaído solo sobre los excombatientes, no sobre otros máximos responsables. Limitar el mandato internacional es un retroceso”.
John León: “No fue el acuerdo el culpable, sino su no implementación”
John León, coordinador nacional de la Corporación Humanitaria Reencuentros y excombatiente de las FARC, recorre Europa para visibilizar la situación. En su voz se mezcla la esperanza con la frustración.
“El sonido de las balas no permitía escuchar el estruendo de las desigualdades sociales”, dice. “El acuerdo no solo significaba el tránsito de los exguerrilleros a la vida civil, sino que era un instrumento para transformar las causas del conflicto: la reforma agraria, la participación política, la sustitución de cultivos ilícitos. Pero la falta de implementación ha dejado esas causas intactas”.
León recuerda que el gobierno de Iván Duque construyó su campaña sobre la idea de “hacer trizas” el acuerdo. “No logró destruirlo, pero sí ralentizó y simuló su cumplimiento. Eso generó frustración y nuevas violencias. Hoy, nueve años después, seguimos reclamando que el acuerdo se cumpla en su integralidad. No sirve avanzar en un solo punto si los demás quedan rezagados”.
Olga y Antonio Quintero: “El Estado nos falló, no el acuerdo”
En el Catatumbo, la voz de Olga Lucía Quintero y su esposo Antonio Quintero, líderes sociales de la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), refleja la crudeza de la realidad.
“Mucha gente dice que es culpa del acuerdo, pero no lo es. Es culpa del Estado por no haberlo implementado”, afirma Olga. “A nueve años de la firma, lo que pedimos es reencauzar el acuerdo y darle el estatus que merece. Eso ayudaría a enfrentar la crisis”.
ASCAMCAT nació como respuesta a esa ausencia. La organización campesina defiende los derechos humanos, impulsa la Zona de Reserva Campesina como estrategia agraria de paz y lucha contra el desplazamiento forzado.
Antonio recuerda cómo la falta de programas de sustitución de cultivos ilícitos dejó a las familias en la pobreza. “Hubo un momento en que no había comercialización de la base de coca. Era la oportunidad de apoyar a la gente para transitar hacia economías lícitas. Pero el gobierno perdió esa oportunidad. Hoy vivimos una crisis humanitaria con más de 80.000 desplazados”.
El Catatumbo: epicentro de la violencia degradada
Los testimonios campesinos revelan una degradación inédita de la guerra. “Nunca habíamos visto casas minadas”, dice un dirigente de ASCAMCAT. “La guerra está cada vez más degradada, sin respeto por los derechos humanos ni por el derecho internacional humanitario”.
La violencia sexual contra mujeres y niñas se ha convertido en un patrón. Dos adolescentes desaparecieron en el trayecto entre El Tarra y Tibú, generando protestas y bloqueos. El reclutamiento forzado de menores es constante, las escuelas están destruidas y los drones mal manipulados caen sobre casas y corrales, matando ganado y campesinos.
“No tenemos garantías para la vida”, resume Olga. “Dos líderes de otra asociación campesina han sido asesinados. Muchos de nosotros estamos fuera del territorio porque entrar sería entrar a morir”.
La reconfiguración de los actores armados
La falta de implementación ha permitido la reconfiguración de actores armados, vinculados más a economías ilegales que a proyectos políticos.
Colombia registra hoy cerca de 300.000 hectáreas de coca, una cifra nunca vista. “En tiempos de las FARC, nosotros regulábamos el cultivo en los territorios”, recuerda John León. “Decir que el acuerdo no sirve es una excusa. Lo que falta es voluntad política”.
Además, las disidencias han impulsado la minería ilegal. Lo que antes era minería artesanal se multiplicó por miles. Sobrevolar zonas del Putumayo, Caquetá o el Catatumbo revela un fenómeno extendido que antes no existía.
Entre la paz total y la paz inconclusa
El gobierno de Gustavo Petro lanzó la política de “paz total”, como política de gobierno, mientras que el Acuerdo Final de Paz es política de Estado. Sin embargo, la falta de claridad entre ambos procesos ha generado confusión y desaliento.
“Cuando se cuestiona la paz total, ese desacierto arrastra y afecta también al acuerdo de paz”, advierte Diego Tovar.
Campesinos del Catatumbo insisten en que la paz total no puede sustituir la implementación integral del acuerdo. “Si funciona, la apoyaremos a ojos cerrados”, dicen Olga y Antonio. “Pero lo que necesitamos es que el acuerdo se cumpla en su integralidad”.
La deuda con el campo colombiano
A nueve años de la firma, el Acuerdo de Paz sigue siendo un instrumento histórico y vigente. Pero su no implementación integral ha generado nuevas violencias y crisis humanitarias.
El Catatumbo es hoy símbolo de esa deuda: campesinos organizados en ASCAMCAT reclaman que el Estado cumpla lo pactado, pues solo así podrá construirse una paz duradera que respete la vida y la dignidad de las comunidades rurales.
“La paz no es una farsa”, concluye John León. “El 85% de los firmantes seguimos comprometidos. Lo que falta es voluntad política para cumplir”.
Ginebra, 23 de noviembre 2025
Elena Rusca
