Cuba resiste, la ONU denuncia: seis décadas de sanciones de Estados Unidos
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Tras más de seis décadas de sanciones de Estados Unidos, Cuba enfrenta una crisis humanitaria agravada por el endurecimiento del bloqueo. La Relatora Especial de la ONU, Alena Douhan, denuncia que las medidas coercitivas afectan directamente a la población, limitan el acceso a alimentos, medicinas y recursos básicos, y vulneran derechos fundamentales. La ONU reitera su llamado a poner fin al embargo y respetar el derecho internacional.
Han pasado más de seis décadas desde que Estados Unidos impuso su régimen de sanciones económicas, comerciales y financieras contra Cuba. Se trata de la política unilateral más prolongada en la historia de las relaciones exteriores estadounidenses, un entramado de medidas que ha sobrevivido a once presidentes y que ha marcado la vida de varias generaciones de cubanos. En noviembre de 2025, la Relatora Especial de la ONU sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales, Alena Douhan, concluyó una visita oficial a la isla y denunció con claridad lo que muchos en Cuba y en la comunidad internacional llevan años señalando: las sanciones no solo persisten, sino que se han endurecido, profundizando las dificultades cotidianas y socavando derechos fundamentales como la salud, la alimentación y el desarrollo.
Douhan recordó que desde 2018 las restricciones se han intensificado, con nuevas medidas que se sumaron a las ya existentes, y que en 2021 se produjo un salto cualitativo cuando Cuba fue nuevamente incluida en la lista estadounidense de Estados Patrocinadores del Terrorismo. Esa designación, más política que jurídica, abrió la puerta a un endurecimiento de las sanciones y a una sobrerregulación por parte de terceros países y empresas, que temen las multas y represalias de Washington. El resultado es un clima de incertidumbre que paraliza proyectos, encarece costos y desalienta inversiones, incluso en sectores donde existen licencias o exenciones.
La Relatora escuchó testimonios de médicos, ingenieros, profesores, líderes religiosos y representantes de la sociedad civil que describieron un panorama marcado por la escasez de maquinaria, repuestos, electricidad, agua, combustible, alimentos y medicinas. La emigración de trabajadores calificados se ha convertido en una constante: profesionales que, ante la imposibilidad de ejercer con recursos mínimos, buscan oportunidades en otros países. Este éxodo erosiona aún más el tejido social y limita las posibilidades de desarrollo. “Las generaciones de cubanos han vivido bajo medidas coercitivas que han moldeado el panorama económico y social del país”, señaló Douhan, subrayando que el impacto no es abstracto, sino profundamente humano.
La vida cotidiana en Cuba está atravesada por la imprevisibilidad. Los procesos de adquisición de insumos se vuelven largos e inciertos, con cancelaciones de último minuto que elevan los costos y retrasan la asistencia. Las iniciativas sociales y económicas se ven interrumpidas por trabas administrativas y por la imposibilidad de planificar a largo plazo. En palabras de la Relatora, el bloqueo “asfixia el tejido social de la sociedad cubana”. No se trata únicamente de un problema económico: es un ataque directo a la capacidad de un pueblo de organizar su vida, de proyectar su futuro, de garantizar derechos básicos.
La Asamblea General de la ONU ha aprobado, año tras año, resoluciones que exigen el fin del bloqueo. La última, en noviembre de 2025, contó con un apoyo abrumador: 187 votos a favor, solo dos en contra (Estados Unidos e Israel) y un par de abstenciones. Sin embargo, la política estadounidense no se ha modificado. Douhan subrayó la contradicción entre ese consenso internacional y la persistencia de las medidas coercitivas. “Hago un llamado a todos los Estados a respetar los principios y normas del derecho internacional y a garantizar que las consideraciones humanitarias sean plenamente respetadas”, afirmó, apelando a la solidaridad y al multilateralismo.
El endurecimiento de las sanciones desde 2018 coincide con un contexto interno complejo. Cuba enfrenta dificultades estructurales, agravadas por la pandemia de COVID-19 y por la crisis global de suministros. Pero el bloqueo multiplica esas dificultades y las convierte en un obstáculo casi insalvable. La escasez de medicinas esenciales, por ejemplo, no se debe únicamente a problemas de producción local, sino a la imposibilidad de adquirir insumos en el mercado internacional. Empresas extranjeras que podrían vender a Cuba se abstienen por miedo a sanciones. Incluso cuando existen licencias, la amenaza de multas millonarias disuade a los inversores.
La Relatora recogió un número récord de contribuciones durante su visita: testimonios de funcionarios, diplomáticos, organizaciones internacionales, ONG, académicos y ciudadanos comunes. Todos coincidieron en señalar que las sanciones afectan directamente a la población, no al gobierno. La narrativa oficial estadounidense insiste en que las medidas buscan presionar a las autoridades cubanas, pero en la práctica los costos recaen sobre las familias, sobre los hospitales, sobre las escuelas. La falta de electricidad y combustible limita el transporte y la producción; la escasez de alimentos golpea la nutrición de los más vulnerables; la ausencia de repuestos paraliza industrias enteras.
El informe preliminar de Douhan es contundente: las sanciones constituyen una violación de los derechos humanos. Al restringir el acceso a bienes esenciales, impiden el disfrute de derechos reconocidos internacionalmente, como el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación y al desarrollo. La Relatora recordó que el derecho internacional prohíbe las medidas coercitivas unilaterales que afectan a poblaciones civiles. Sin embargo, Estados Unidos mantiene su política, reforzada por un discurso que asocia a Cuba con amenazas globales y que justifica el bloqueo en nombre de la seguridad nacional.
La paradoja es evidente: mientras Washington habla de democracia y derechos humanos, sus sanciones generan un escenario donde esos mismos derechos se ven vulnerados. La emigración de médicos y profesores, la falta de medicinas y alimentos, la imposibilidad de planificar proyectos de desarrollo, son consecuencias directas de una política que se presenta como defensa de valores universales. Douhan insistió en que las consideraciones humanitarias deben prevalecer sobre los intereses políticos.
El caso de Cuba es también un espejo para el mundo. La Relatora recordó que las medidas coercitivas unilaterales se aplican en otros países, como Venezuela, Irán o Siria, y que en todos los casos los efectos son similares: deterioro de las condiciones de vida, debilitamiento de los sistemas de salud y educación, aumento de la pobreza y la desigualdad. Cuba, por su historia y por la duración del bloqueo, se convierte en un laboratorio de resistencia, pero también en un ejemplo de cómo las sanciones pueden perpetuar crisis y obstaculizar soluciones.
La visita de Douhan no es un hecho aislado. Forma parte de un esfuerzo más amplio de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que buscan visibilizar las consecuencias de políticas que, aunque presentadas como legítimas, violan principios básicos del derecho internacional. Su informe final será presentado en septiembre de 2026, pero el mensaje preliminar ya es claro: el bloqueo debe terminar.
En Cuba, la reacción a las palabras de la Relatora fue de reconocimiento y esperanza. Organizaciones sociales y comunitarias señalaron que su voz aporta legitimidad a una denuncia que el país ha sostenido durante décadas. Para muchos, el respaldo de la ONU es un recordatorio de que la lucha contra el bloqueo no está aislada, que existe un consenso internacional que respalda la demanda de justicia.
La política de sanciones de Estados Unidos contra Cuba no es solo un asunto bilateral. Es un tema que interpela al sistema internacional, que cuestiona la capacidad de la ONU de hacer cumplir sus resoluciones, que pone en evidencia la tensión entre el poder de una superpotencia y los principios del multilateralismo. Douhan lo expresó con claridad: “Las consideraciones humanitarias deben ser plenamente respetadas, basadas en los principios de respeto mutuo, solidaridad, cooperación y multilateralismo”.
La paz, el desarrollo y la dignidad de los pueblos no pueden estar subordinados a intereses políticos. Cuba, con sus dificultades y su resistencia, recuerda al mundo que el bloqueo no es una abstracción, sino una realidad que se mide en hospitales sin medicinas, en familias que hacen colas interminables para conseguir alimentos, en jóvenes que emigran porque no encuentran oportunidades. La visita de la Relatora Especial ha puesto nuevamente en evidencia que la política de sanciones es insostenible, injusta y contraria al derecho internacional.
El desafío ahora es transformar ese diagnóstico en acción. La Asamblea General de la ONU ha hablado con claridad, pero la implementación depende de la voluntad política de los Estados. Mientras tanto, Cuba sigue resistiendo, con un pueblo que, pese a las dificultades, mantiene su capacidad de organización y su esperanza en un futuro distinto. La voz de Alena Douhan se suma a esa resistencia, recordando que la solidaridad internacional no es un gesto simbólico, sino una necesidad urgente para garantizar derechos básicos y para poner fin a una política que ha marcado la vida de generaciones enteras.
Ginebra, 26 de noviembre 2025
Elena Rusca
