Crece la alerta por atentados contra sitios de memoria
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Cuatro palomas entrelazadas daban forma a la escultura El Vuelo, emplazada en avenida Santa Rosa con Sebastopol en la capital, en memoria de 78 personas secuestradas y desaparecidas en la comuna de San Joaquín por agentes del Estado durante la dictadura de Pinochet. Tres de esas palomas fueron robadas el 6 de diciembre pasado, y la que quedaba fue cercenada el 24 de diciembre, en dos de los ataques a sitios de memoria perpetrados durante las últimas semanas en el país.
El memorial está en el sitio donde el 29 y el 30 de abril de 1976 represores de la Dina secuestraron e hicieron desaparecer a Manuel Recabarren Rojas, a sus hijos Luis Emilio y Manuel Guillermo Recabarren González y a su nuera, Nalvia Rosa Mena, embarazada de tres meses y medio. «Este acto no fue simplemente vandalismo», dijo Ricardo Recabarren, integrante de la familia, tras el segundo embate. «Fue un ataque premeditado y cargado de odio que destruyó la última paloma restante de la obra El Vuelo, apenas tres semanas después del robo de las otras tres figuras que la componían».
Ricardo Recabarren es hijo de Ana González, quien estaba casada con Manuel Recabarren y es la madre de Luis Emilio y Manuel Guillermo. Desde el secuestro de sus familiares en 1976, como parte de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos ella se volvió una activista incesante en la lucha por la verdad y la justicia hasta su muerte en 2018. En el año recién pasado, con motivo de su centenario, fue publicado el libro autobiográfico “Compañera Ana González” y fue organizado en la Universidad de Chile el seminario Derechos Humanos, Memoria y Futuro, entre otras actividades.
«No son hechos aislados ni casuales», agregó Ricardo Recabarren en una declaración pública tras los recientes atentados. «Son expresiones de un negacionismo que busca borrar la historia, intimidar a las familias y perpetuar la impunidad. Como familiar de cuatro de la víctimas homenajeadas en este memorial, y en nombre de todos lo que hemos vivido el dolor de la ausencia por décadas, exijo que se continúe y profundice la investigación ya en curso por parte de la PDI y autoridades competentes, incluyendo a la Fiscalía, para identificar y sancionar a los responsables con la mayor celeridad y rigor».
El memorial del paso bajo nivel del camino San Isidro en Quillota que recuerda a los ejecutados de 1974, en imágenes previas a la vandalización del lugar el pasado 29 de diciembre. Fotos: cuenta de Facebook del diputado Matías Ramírez Pascal.
Memorial en Quillota, un nuevo ataque
Más recientemente, el 29 de diciembre fueron vandalizados el monolito y los murales que recuerdan a las personas asesinadas en Quillota, región de Valparaíso, al año siguiente al golpe de Estado. Es el sitio de memoria en el paso bajo nivel del camino San Isidro, lugar donde en enero de 1974 fueron ejecutados en un falso enfrentamiento Pablo Gac Espinoza, ex alcalde de Quillota; el abogado Rubén Cabezas Parés y los dirigentes Manuel Hurtado Martínez, Víctor Fuenzalida Fuenzalida, Levy Arraño Sancho, Ángel Díaz Castro, Hugo Aranda Bruna, Julio Loo Prado y Osvaldo Manzano Cortés.
«Estas acciones son un daño a la convivencia comunal, regional y nacional. Son un atentado al patrimonio, a la cultura y a la dignidad de todos y todas las víctimas y sobrevivientes de la dictadura», afirmó en un comunicado la Agrupación Cultural Antonio Llidó Mengual, de Quillota, en rechazo y condena a los ataques. «Exigiremos justicia y verdad a través de una querella para que las autoridades competentes y el Ministerio Público investiguen e individualicen a quienes resulten responsables».
Las noticias han motivado la preocupación de otros sitios de memoria. «Estos hechos violentan la memoria de las víctimas como así también de sus familias y de la sociedad en su conjunto», suscribieron desde la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, y también se expresó al respecto la Corporación 3 y 4 Álamos, espacio correspondiente al centro de detención, tortura y exterminio más grande usado por la represión.
«Como sobrevivientes a la dictadura civil militar y también como ciudadanas y ciudadanos exigimos no sólo respeto por la memoria de las 78 víctimas de los derechos humanos de San Joaquín, sino también la oportuna investigación policial y la justicia que se nos ha negado por tantos años. Bien sabemos que sin memoria no hay justicia y sin justicia no hay paz social», se lee en un comunicado de la Corporación 3 y 4 Álamos.
Tiempos de auge del negacionismo
También las autoridades han reaccionado a estas hostilidades. “No podemos dar ningún espacio a la violencia política ni a quienes con sus actos buscan negar las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar”, declaró el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien tras el ataque en San Joaquín presentó junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos una denuncia ante la Fiscalía Metropolitana Sur.
Un recurso similar fue interpuesto por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, y además expresó su inquietud la diputada comunista Alejandra Placencia, cuyo distrito incluye la comuna de San Joaquín. La parlamentaria respaldó la solicitud de Montse Muñoz Gárate, concejala de la comuna, para que el municipio se querelle por este caso, y ofició a la Subsecretaría de Seguridad Pública a que informe sobre medidas adoptadas, refuerce la vigilancia preventiva, disponga una coordinación policial permanente y presente los antecedentes al Ministerio Público.
«En tiempos de auge del negacionismo éste no es un hecho aislado. Hemos visto ataques en el monumento de Salvador Allende, en San Joaquín, en José Domingo Cañas, en la ex Clínica Santa Lucía en Santiago. Espacios esenciales para resguardar los derechos humanos y nuestra democracia», enumeró la diputada Placencia, con mención a la Casa Memoria José Domingo Cañas y al sitio de memoria Ex Clínica Santa Lucía, espacios a los que se suma el Ex Centro de Detención La Providencia, en Antofagasta.
«Lamentablemente observamos un patrón de agresiones y provocaciones que busca relativizar graves violaciones a los derechos humanos», comentó a su vez Sofía González Cortés, quillotana y diputada comunista electa por la V Región interior. «Es urgente que se adopten medidas concretas, que se investiguen estos hechos y se apliquen las sanciones que correspondan. La protección de la memoria histórica es un deber irrenunciable del Estado y una responsabilidad de toda la sociedad».
Al respecto el Instituto Nacional de Derechos Humanos informó que sólo en el período de 2018 a 2022 se produjeron en Chile 110 ataques a sitios de memoria. «Estos espacios preservan la verdad histórica, promueven los derechos humanos y contribuyen al fortalecimiento de la democracia», manifestó el organismo en un comunicado. «El INDH insta a las autoridades a que investiguen los hechos de manera oportuna y eficaz, y que adopten medidas destinadas a garantizar la protección de los sitios de memoria».
Ricardo Recabarren González, hijo de Ana González (foto 1) / Patricia Recabarren González, hija de Ana González, con la diputada Alejandra Placencia y la concejala Montse Muñoz Gárate, en el memorial El Vuelo de la comuna de San Joaquín, atacado el 6 y el 24 de diciembre (foto 2). Fotos: Centenario Ana González / Corporación 3 y 4 Álamos.
Un escenario político que relativiza los derechos humanos
Desde la citada Ex Clínica Santa Lucía llamaron la atención sobre el contexto en que se han registrado estos atentados, en un comunicado siguiente a las elecciones presidenciales de 2025. «Manifestamos nuestra profunda preocupación frente a un escenario político que habilita discursos y proyectos que relativizan las violaciones a los derechos humanos, banalizan la violencia del Estado y promueven el negacionismo respecto de los crímenes cometidos durante la dictadura civil-militar», dijeron.
«La relativización de la dictadura no es una opinión; es una forma de violencia contra sobrevivientes, contra los familiares de las víctimas y contra la sociedad en su conjunto. El negacionismo no es libertad de expresión, es una amenaza directa a la democracia y a las garantías de no repetición», agregaron. «Hacemos un llamado a las organizaciones sociales, comunidades, territorios, sitios de memoria y a todas las personas comprometidas con la dignidad humana a mantenerse alerta, organizadas y activas. La defensa de la memoria, los derechos humanos y los derechos sociales requiere presencia, cuidado colectivo y acción permanente».
«Sin memoria no hay justicia», concluyó Ricardo Recabarren en sus declaraciones posteriores a la vandalización del memorial en San Joaquín. «Estos ataques no nos silenciarán. Al contrario, refuerzan nuestra convicción de seguir luchando por la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición. La memoria de los familiares y de todas las víctimas resistirá como siempre lo hemos hecho».
