Delcy Rodríguez ante el vacío: la línea de mando chavista tras el secuestro de Maduro

Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 57 segundos

La escena política venezolana entró en un territorio excepcional desde que el presidente Donald Trump afirmó que fuerzas estadounidenses ejecutaron una operación militar en Venezuela y “sacaron” del país al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Para Caracas —y para buena parte de la región— no se trata de una “captura” sino de un secuestro y, sobre todo, de una violación de la soberanía venezolana y del derecho internacional, un punto que atraviesa casi todas las condenas diplomáticas y que vuelve a poner en primer plano un debate que los especialistas llevan años advirtiendo: cuando el uso de la fuerza se normaliza como herramienta de política exterior, el multilateralismo queda debilitado y se abre un precedente difícil de contener. Ese diagnóstico aparece con fuerza en la cobertura internacional y en voces jurídicas consultadas por medios globales.

Pero, puertas adentro, la pregunta inmediata es otra: ¿quién manda en Venezuela cuando el jefe del Estado es removido por la fuerza y trasladado al exterior? El chavismo respondió con una fórmula que combina institucionalidad controlada y disciplina de aparato: el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asuma como presidenta interina para garantizar “continuidad administrativa” y la “defensa integral de la nación” frente a la “ausencia forzosa” del mandatario. El fallo, además, anunció que se abrirá un debate jurídico para encuadrar el funcionamiento del Estado bajo esta situación extraordinaria.

Quién es Delcy Rodríguez y por qué importa ahora

En las horas posteriores al operativo, Rodríguez intentó fijar una línea política clara: el secuestro de Maduro no crea un nuevo orden legítimo. “Hay un solo presidente… y se llama Nicolás Maduro”, dijo en un mensaje transmitido por radio y televisión, mientras exigía su liberación inmediata y presentaba la acción de Estados Unidos como una agresión incompatible con la legalidad internacional.

Ese gesto —subrayar continuidad simbólica mientras asume funciones ejecutivas— revela el núcleo del momento: Rodríguez debe administrar un poder sin jefe, sostener la cohesión del chavismo y, a la vez, lidiar con el actor que produjo la crisis. El País la describe como la figura que se mueve “a medio camino” entre la supervivencia del régimen y una transición, con un rol decisivo en la relación del chavismo con Trump. En ese marco, la presenta menos como “moderada” (etiqueta que circula desde hace tiempo) y más como una dirigente con capacidad de adaptación: conoce los resortes del poder real, en particular el sector petrolero, y desde 2024 controla la cartera de Hidrocarburos, un detalle clave cuando Washington habla abiertamente de influir en la industria energética venezolana.

The Guardian coincide en que Rodríguez camina por una cuerda floja: endurece el discurso para marcar “líneas rojas” ante la intervención —no ser “colonia”, no aceptar tutelajes—, pero su supervivencia depende de mantener apoyos internos, en especial los militares, mientras la presión externa se concentra en “estabilizar” el país bajo parámetros que Estados Unidos considera aceptables.

La arquitectura del mando: TSJ, Ejecutivo y Fuerza Armada

En crisis de esta magnitud, la “línea de mando” importa tanto como la retórica. El TSJ, órgano central del entramado institucional chavista, funcionó como cerradura jurídica: al ordenar que Rodríguez asuma, procura evitar un vacío formal y envía un mensaje a los cuadros del Estado —gobernadores, ministerios, empresas públicas, sistema judicial— sobre quién firma y decide.

El segundo pilar es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y el aparato de seguridad. En la práctica, la continuidad del poder en Venezuela suele descansar en el triángulo Ejecutivo–FANB–servicios de inteligencia. La cobertura de The Washington Post subraya que Rodríguez apareció respaldada por figuras consideradas “duras” del chavismo, entre ellas el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y Diosdado Cabello, un actor clave del oficialismo, lo que sugiere que su autoridad inmediata se sostiene por alineamiento del núcleo coercitivo del Estado.

Al mismo tiempo, reportes de agencias internacionales y medios globales describen un clima de incertidumbre social y tensión contenida, con Caracas paralizada, cierres de comercios y temor a nuevas escaladas. AP lo retrata como “calma tensa”, con ciudadanos intentando descifrar quién gobierna realmente y qué consecuencias tendrá el choque con Washington.

La paradoja Rodríguez: continuidad “con Maduro” y gobierno “sin Maduro”

Desde el chavismo, la fórmula elegida es paradójica pero funcional: Rodríguez gobierna, pero Maduro “sigue siendo el presidente”. En términos políticos, esto busca evitar dos riesgos: (1) que el chavismo reconozca tácitamente que el secuestro produjo un cambio de régimen; (2) que sectores internos interpreten la ausencia de Maduro como oportunidad para disputas sucesorias. Ese equilibrio —ejercer el mando operativo sin declararse “la sucesora definitiva”— intenta congelar ambiciones y mantener disciplina.

Los especialistas citados por El País apuntan a que las próximas horas y días medirán si Rodríguez puede consolidarse como interlocutora inevitable (para adentro y para afuera) o si emergerán fracturas en un oficialismo que, sin su figura principal, queda expuesto a tensiones latentes. En un punto crucial, el diario señala que el anuncio de Washington de “gobernar” Venezuela y tomar control de la industria petrolera sugiere un involucramiento de largo plazo, y que la llave de ese vínculo —técnico y político— pasa por Rodríguez y su control sobre Hidrocarburos.

Soberanía en disputa y el peso de lo “externo”

Más allá de las disputas de poder internas, el secuestro de un jefe de Estado por fuerzas extranjeras reinstala una discusión de fondo: la frontera entre “operación de seguridad” y acto de fuerza internacional. En la reconstrucción de The Guardian y The Washington Post, el operativo aparece como una acción militar con objetivos políticos, ejecutada sin el marco clásico de autorización multilateral y con consecuencias regionales impredecibles. La controversia sobre legalidad —tanto en derecho internacional como en derecho interno estadounidense— ya se convirtió en parte de la crisis.

Por eso, incluso análisis críticos del chavismo enfatizan que el hecho constituye una agresión contra un Estado soberano. El País lo formula con crudeza: puede haber alivio en sectores que celebran la salida de Maduro, pero eso no borra que se cruzó una línea que puede derivar en “protectorado” o en una transición tutelada, con legitimidades frágiles y violencia latente.

Qué mirar ahora

Si el conflicto se estabiliza o escala dependerá, en buena medida, de tres tableros simultáneos:

1. el control efectivo del territorio por parte del Estado venezolano y su mando militar;

2. la negociación (visible o subterránea) entre la cúpula chavista —con Rodríguez al frente— y Washington;

3. la presión multilateral en Naciones Unidas y en los mecanismos regionales para frenar la normalización del uso de la fuerza

Delcy Rodríguez queda, así, en el centro de una ecuación incómoda: debe ser a la vez garante de continuidad y administradora de una posible transición, jefa de gobierno interina y símbolo de que el secuestro no “cambió” al presidente. En esa tensión —entre supervivencia del régimen y reconfiguración inevitable— se jugará el futuro inmediato de Venezuela.

Fuentes: The Guardian, The Washington Post, El País, AP, Reuters y Redacción del Clarín.

The Guardian, The Washington Post, El País, AP, Reuters y Redacción del Clarín