Nicolás Maduro se declara “prisionero de guerra” ante un tribunal de Nueva York tras su secuestro
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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, realizó sus primeras declaraciones públicas ante un tribunal federal de Nueva York luego de haber sido secuestrado por comandos especializados del ejército de Estados Unidos durante una operación militar ejecutada en territorio venezolano. En su comparecencia, el mandatario rechazó categóricamente los cargos presentados en su contra y se declaró “prisionero de guerra”, afirmando que su detención constituye una violación de la soberanía venezolana, de su inmunidad presidencial y del derecho internacional.
“Soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas”, declaró Maduro ante el juez, estableciendo el marco jurídico desde el cual interpreta su situación: no como un acusado criminal sometido a jurisdicción extranjera, sino como un jefe de Estado legítimo secuestrado en el contexto de un conflicto internacional. “No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país”, añadió, subrayando la distinción entre su condición institucional y las acusaciones impulsadas por Washington.
Durante la audiencia también compareció la primera dama, Cilia Flores, quien se declaró inocente de los cargos en su contra y solicitó formalmente una visita consular tanto para ella como para el presidente Maduro, en línea con las normas internacionales que rigen la protección de autoridades extranjeras detenidas.
Reclamo ante Naciones Unidas
De manera simultánea, el representante permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, Samuel Moncada, reiteró ante el Consejo de Seguridad la vocación de paz de la nación sudamericana y exigió una respuesta urgente del organismo. “Venezuela exhorta a este Consejo de Seguridad a asumir plenamente su responsabilidad y actuar conforme al mandato que le confiere la Carta de las Naciones Unidas”, señaló.
Entre las solicitudes formales presentadas por la delegación venezolana figura la exigencia al gobierno de Estados Unidos de garantizar el respeto pleno de las inmunidades diplomáticas que corresponden al presidente Maduro y a la primera dama, así como la liberación inmediata de toda acción judicial en su contra y su retorno seguro a la República Bolivariana de Venezuela, conforme a las normas del derecho internacional público.
Secuestro y respuesta institucional en Caracas
El secuestro del presidente venezolano se produjo el 3 de enero de 2026, cuando comandos militares estadounidenses ejecutaron una incursión armada en su residencia en Caracas, un hecho que las autoridades venezolanas denunciaron de inmediato como un intento de “descabezar” al gobierno bolivariano, provocar una crisis institucional y facilitar la imposición de un Ejecutivo tutelado desde Washington.
Ante esa situación, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó que la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez asumiera todas las funciones presidenciales en condición de encargada, con el objetivo de garantizar la continuidad institucional del Estado y la operatividad de los poderes públicos.
En ese marco, Delcy Rodríguez presidió este domingo el Consejo de Ministros número 757, con la participación de los vicepresidentes sectoriales y ministros de áreas estratégicas, una señal que el Gobierno presentó como prueba de la plena gobernabilidad y estabilidad del aparato estatal frente a la agresión externa.
Un caso que reabre el debate internacional
La comparecencia de Nicolás Maduro ante la justicia estadounidense, bajo la condición que él mismo define como la de prisionero de guerra, abre un escenario inédito en la política internacional contemporánea. La situación combina elementos de derecho penal, derecho internacional humanitario y relaciones entre Estados, y ha generado un amplio debate entre gobiernos, organismos multilaterales y especialistas sobre los límites del uso de la fuerza, la extraterritorialidad judicial y la protección de la soberanía estatal.
Mientras Caracas insiste en que se trata de un secuestro ilegal de un jefe de Estado en ejercicio, la evolución del caso en tribunales estadounidenses y en el Consejo de Seguridad de la ONU será clave para definir no solo el futuro inmediato del presidente venezolano, sino también el precedente que este episodio puede sentar para el orden internacional.
Fuente: teleSUR (DRB), AP, Redacción el Clarín.
