La ley de la impunidad: el caso Gustavo Gatica y el punto de quiebre del Estado de derecho
Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 28 segundos
El fallo que absolvió al exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo por el cegamiento de Gustavo Gatica no es un episodio judicial más. Es un hito político, jurídico y moral que desnuda una verdad incómoda: en Chile, la arquitectura legal vigente puede convertir una violación gravísima de derechos humanos en un acto “legítimo” del Estado. Y lo hace amparada por una ley aprobada en democracia y promulgada por un gobierno que se proclamó garante del “nunca más”.
Los hechos son conocidos y, aun así, estremecen. El propio tribunal dio por acreditado que el disparo que dejó ciego a Gustavo Gatica provino del arma de Crespo. No hubo duda sobre la autoría material. Sin embargo, la absolución se sostuvo en una interpretación jurídica que declaró la conducta como legítima defensa, bajo el paraguas de una norma que presume legal el uso de la fuerza policial ante una “agresión potencialmente letal”. Que esa agresión haya sido una piedra en la mano de un manifestante —frente a una escopeta antidisturbios— no pareció un obstáculo. La balanza se inclinó hacia el uniformado.
Aquí se abre el núcleo del problema: la legítima defensa privilegiada consagrada por la llamada Ley Naín-Retamal. Esta norma introduce una presunción a favor de agentes del Estado cuando usan la fuerza en contexto de orden público. En la práctica, invierte la carga de la prueba y eleva el umbral para sancionar abusos. Lo que antes exigía demostrar proporcionalidad y necesidad ahora se presume cumplido. El resultado es devastador: el daño queda probado, la responsabilidad se diluye.
El fallo, así, no solo afecta a una víctima emblemática del estallido social. Sienta un precedente peligroso. ¿Qué mensaje se envía a quienes perdieron ojos, movilidad, libertad o vida en 2019? ¿Qué incentivo se entrega a las fuerzas policiales cuando saben que, aun causando lesiones irreversibles, la ley puede absolverlos? La respuesta es tan clara como inquietante: impunidad funcional.
Que esta ley haya sido aprobada durante el gobierno de Gabriel Boric —con indicaciones del Ejecutivo y promulgación en La Moneda— agrega una capa de gravedad política. Se argumentó entonces que era indispensable “dar respaldo” a Carabineros frente a una crisis de seguridad. Se prometió que los estándares de derechos humanos no serían vulnerados. Se aseguró que no habría cheques en blanco. Hoy, el caso Gatica demuestra que esas garantías eran, como mínimo, insuficientes.
Las reacciones políticas tras el fallo reflejan la magnitud del quiebre. Desde el Frente Amplio, el socialismo y el mundo de los derechos humanos se habló de una “vergüenza nacional”. No es retórica. Cuando una sentencia declara probado el disparo y, aun así, absuelve por una presunción legal, el sistema entra en contradicción consigo mismo. La justicia deja de reparar y pasa a administrar el daño.
Más aún: la presencia de parlamentarios de ultraderecha en la audiencia para respaldar al exoficial no es anecdótica. Es la señal de un clima político que celebra la mano dura y naturaliza la violencia estatal. La ley que debía ser excepcional se vuelve regla; la excepción, la sanción. Así se normaliza la doctrina del “orden” por sobre la vida y la dignidad.
Desde una perspectiva democrática, el problema no es la independencia de los tribunales —que debe resguardarse— sino el marco legal que condiciona sus decisiones. Cuando ese marco es defectuoso, la independencia produce injusticia. Y cuando esa injusticia se repite, erosiona la confianza pública y debilita el Estado de derecho.
El caso Gatica interpela, además, al progresismo chileno. Obliga a una autocrítica que no puede postergarse. No basta con lamentar el fallo o expresar solidaridad. Es necesario revisar y corregir una legislación que hoy opera como escudo para abusos. Derogar o reformar de manera sustantiva la legítima defensa privilegiada no es un gesto simbólico: es una exigencia democrática.
Porque, al final, la pregunta es simple y brutal: ¿qué vale más para el Estado chileno, el derecho a protestar sin ser mutilado o la tranquilidad jurídica de quien dispara? Mientras la respuesta esté escrita en leyes que consagran presunciones de impunidad, la herida del estallido seguirá abierta. Y la promesa de “nunca más” quedará reducida a una consigna vacía.
El fallo de Gustavo Gatica no cierra una etapa; la inaugura. Marca el momento en que Chile debe decidir si tolera que la violencia estatal quede sin sanción o si está dispuesto a corregir el rumbo. Lo contrario —mirar hacia otro lado— no es neutralidad: es complicidad.
Paul Walder
Las opiniones vertidas en esta sección son responsabilidad del autor y no representan necesariamente el pensamiento del diario El Clarín
