Incendios en Biobío y Ñuble ponen de manifiesto la necesidad de regulaciones
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Los incendios que afectan desde el sábado 17 de enero a cuatro regiones del país ya han quemado más de 24 mil hectáreas y han provocado 19 víctimas fatales, 18 de ellas en la región del Biobío y una en la región de Ñuble. El domingo 18 el Gobierno decretó Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en Ñuble y Biobío, y al cierre de esa jornada la autoridad cifró en más de 1.500 el número de personas afectadas, con 630 de ellas refugiadas en nueve albergues, 325 viviendas destruidas y más de 1.100 en evaluación. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, calificó el conjunto de siniestros como «extremo» y comparable a los grandes incendios de 2017, 2023 y 2024.
Hasta las seis de la tarde de este domingo se mantenían activos 33 incendios forestales en cuatro regiones. Ñuble y Biobío se encuentran con alerta roja regional, y en O’Higgins y la Araucanía hay alertas rojas decretadas para cinco comunas, según información de la Corporación Nacional Forestal (Conaf). Los dos mayores focos afectan a la región del Biobío, en las comunas de Concepción, Penco y Tomé, y son los incendios Trinitarias (que ha consumido 10.621 hectáreas de superficie preliminar) y Rancho Chico (5.079 hectáreas), además del incendio Rucahue Sur en la comuna de Laja (2.000 hectáreas).
Originado durante la tarde del sábado 16 de enero en el sector Puente 1 en Concepción, el fuego se propagó hasta alcanzar a pueblos de la comuna de Tomé como Punta de Parra, y de la comuna de Penco como la localidad portuaria de Lirquén, que resultó destruida en más de un 80% durante la misma tarde del sábado, según comunicó el alcalde de Penco, Rodrigo Vera. Sólo en Lirquén se registraron 14 de las 19 primeras muertes consignadas hasta el domingo. Según un reporte de Radio Biobío en la región, Villa Lord Cochrane, Villa Los Aromos y las inmediaciones de la empresa Indura también estaban bajo emergencia en la misma comuna.
En paralelo en la región de Ñuble hay incendios forestales en las comunas de Ranquil (3.300 hectáreas), Quillón (1.500 hectáreas), Pinto (536 hectáreas), San Nicolás (361 hectáreas), El Carmen (45 hectáreas), Bulnes (9,7 hectáreas) y Coelemu (1,6 hectáreas). En la región de la Araucanía se registra fuego en las comunas de Collipulli (657 hectáreas), Purén (120 hectáreas), Lumaco (106 hectáreas) y Angol (80 hectáreas), y en la región de O’Higgins un incendio forestal se mantiene en la comuna de Marchigüe (10 hectáreas).
Además de los daños y víctimas causadas en las zonas urbanas, los incendios han provocado y amenazan con provocar serios perjuicios ambientales. Según reportes del medio regional Defendamos Patagonia, en la comuna de Chiguayante, región del Bíobío, las llamas alcanzaron al Parque Nacional Nonguén y se ciernen sobre el relleno sanitario e industrial de la empresa Hidronor en Copiulemu, comuna de Florida en la misma región, con riesgo de combustión masiva de residuos tóxicos y de contaminación tanto aérea como de napas subterráneas.
Otra zona afectada en la comuna de Penco es el fundo Coihueco, que alberga bosques de árboles como queule (Gomortega keule), pitao (Pitavia punctata) y naranjillo (Citronella mucronata), los tres endémicos de Chile, es decir que no existen en ningún otro lugar. También en esos bosques viven animales como pudú (Pudu puda), güiña (Felis guigna), monito de monte (Dromiciops gliroides), lagartija de Schroeder (Liolaemus schroederi) y rana rosácea de hojarasca (Eupsophus roseus). Al contrario del Parque Nacional Nonguén, este lugar no es una zona protegida, sino un sector en disputa con la industria minera.
La Corporación Parque Para Penco es una colectividad formada con el propósito de que el fundo Coihueco sea declarado parque intercomunal, opuesto a los intereses de la minera Aclara, ex BioLantánidos. Esta última es una empresa que del yacimiento superficial de arcillas de Penco proyecta extraer tierras raras, es decir minerales del grupo de los lantánidos, que incluyen terbio, disprosio, neodimio y praseodimio, además de itrio y escandio. En su web oficial la compañía asegura que hará esa explotación «de forma responsable con el entorno».
«El Parque para Penco que queremos en el fundo Coihueco es incompatible con el proyecto minero de tierras raras», afirman por el contrario en la corporación, que este domingo 18 reportó noticias preocupantes del incendio en sus redes sociales: «El peor desastre en Penco. Se quemó el parque, se quemó donde se quiere instalar la minera, se quemaron muchas casas. El fuego sigue sin control. Lo que comenzó con tres focos aislados, dos muy cerca de donde se quiere instalar la minera, ahora se transforma en el peor incendio en décadas en Penco-Lirquén. Sin queules, sin pitaos, sin fauna nativa… así les conviene».
Apenas cuatro días antes de los incendios, ejecutivos de la minera hacían proyecciones optimistas con miras a la inminente administración de José Antonio Kast. “Podríamos recibir mucho apoyo del próximo gobierno para agilizar lo que estamos haciendo”, dijo el director ejecutivo de Aclara, Ramón Barua, en declaraciones difundidas por Radio Biobío el martes 13 de enero. Ya a fines de 2025, el gerente general de la misma firma, Nelson Donoso, se refirió a los permisos ambientales que mantienen pendiente el comienzo de las faenas, previstas para partir a fines de 2026.
En efecto la minera depende para operar de permisos del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), y en este punto el asunto entronca directamente con la llamada “permisología”, el vocablo acuñado para descalificar al conjunto de requisitos que todo proyecto de inversión está obligado a cumplir respecto de un uso prudente de los recursos naturales y de las mitigaciones por los eventuales efectos negativos que ocasionen esos negocios.
No es un secreto que el signo del próximo gobierno es contrario a ese tipo de regulación. El 7 de enero, mismo día en que fue anunciado por el propio Kast como próximo ministro de Hacienda, el economista Jorge Quiroz anunció ante una audiencia de empresarios que se propone agilizar una inversión de US$12 mil millones en proyectos en trámite en Chile. “Tenemos el compromiso de generar todas las inversiones que han sido ingresadas hace más de dos años y resolverlas en el curso del año siguiente. Vamos a montarnos sobre el sistema de facilitación de permisos que se ha hecho para, derechamente, eliminar los permisos”, dijo, citado por Ciper.
No por nada el futuro ministro tuvo incidencia directa en las colusiones empresariales de los rubros farmacéutico y avícola que perjudicaron el bolsillo de millones de personas durante cuatro años. Quiroz emitió un informe técnico favorable a Salcobrand, una de las tres cadenas farmacéuticas ―junto a Ahumada y Cruz Verde― involucradas en el alza coordinada de precios de medicamentos entre 2007 y 2008, y fue el autor del modelo que permitió a las mayores firmas avícolas locales ―Ariztía, Agrosuper, Don Pollo― repartirse el mercado a través de cuotas de producción y fijar precios con cadenas de supermercados ―Cencosud, Walmart, SMU― entre 2008 y 2011.
Con tales antecedentes es claro que Jorge Quiroz no es un adepto de la regulación estatal. Al ser ungido por Kast afirmó además que se propone terminar con “ciertas regulaciones”, que motejó de ilegales. “Vamos a generar una desregulación del sector de urbanismo y construcción… liberalización del suelo”, agregó también, según Ciper. Pero noticias catastróficas como las de los incendios que enfrentamos desde hace días son precisamente evidencia de que hacen falta más y no menos controles y regulaciones, en materias como el uso de suelos y la explotación forestal, entre otros rubros.
Es un conflicto político, que tiene que ver tanto con los espacios urbanos como con los ecosistemas, en especial los bosques. Se impone una definición clara: una plantación de pinos o de eucaliptus no es un bosque. Es un monocultivo: un negocio basado en la explotación de una única especie ―el pino o el eucaliptus― ahí donde antes sí hubo bosque. Bosque de queule, pitao o naranjillo, entre tantas otras especies nativas. Los monocultivos de pino y eucaliptus no sólo ocupan espacio de bosque nativo ni arruinan el suelo para el eventual crecimiento futuro de cualquier otra especie: aparte favorecen más que la vegetación nativa la expansión del fuego en situaciones de incendio como las que se suceden cada verano.
Ya en diciembre de 2014 el senador Alejandro Navarro presentaba un proyecto de ley para establecer una distancia mínima de 500 metros entre predios forestales y asentamientos urbanos. “El modelo forestal no puede seguir siendo intocable, los incendios forestales que avanzan hacia las casas se pueden evitar. Para ello se requiere voluntad del sector público y privado”, decía Navarro, citado en el medio El Ciudadano. Más recientemente el gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, se referia a la necesidad de una legislación sobre incendios forestales.
«Suma urgencia a una ley de incendios forestales que lo que busca es que, en un periodo de treinta años, en suelos que han sido siniestrados por incendios no se vuelva a edificar ni a construir. Que no haya especulación bursátil. Y tiene que haber un periodo de restauración ecológica», explicó Mundaca en enero de 2023, entrevistado por Fernando Paulsen en CNN, junto con citar ejemplos similares de leyes de suelos siniestrados vigentes en España y México.
Sectores partidarios del descontrol estatal lo llamarán «permisología». Como observó este domingo el arquitecto Sebastián Gray, mientras las llamas arrasaban bosques y amenazaban o quemaban casas en Penco, Tomé y Concepción: “Va a ser muy interesante observar cómo Jorge Quiroz, próximo ministro de Hacienda, explique a la ciudadanía cómo su pretendida desregulación urbana radical y la supresión de la planificación territorial (como en 1980) harán que nuestras ciudades sean mejores y más seguras”.
