La corrupción judicial en Chile a la luz de la sociología de las élites delincuentes (*)

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Un Fenómeno Sistémico, no una Anomalía

El análisis de la corrupción en la Corte Suprema de Chile desde la sociología de las élites delincuentes de Pierre Lascoumes nos obliga a abandonar la mirada que ve estos casos como anomalías o «manzanas podridas» en un sistema sano. Lascoumes (sociólogo y jurista francés) sostiene que la corrupción de las élites no es una patología excepcional, sino un fenómeno estructural y previsible en sistemas donde los grupos dirigentes, al operar con márgenes de acción no controlados, han logrado cooptar y desvirtuar los mecanismos formales de control, reemplazándolos por una autorregulación corporativa opaca, es decir, en instrumentos de protección del grupo antes que de rendición de cuentas. Esta perspectiva es clave para entender que los escándalos judiciales chilenos no son incidentes aislados, sino manifestaciones sintomáticas de una economía moral de las élites judiciales que ha normalizado ciertas transgresiones en función de preservar su poder y cohesión interna.

1. La Auto-Regulación y la “Economía Moral” de la Cúpula Judicial

Según Lascoumes, las élites desarrollan una «economía moral» propia: un conjunto de creencias y solidaridades que justifican su distanciamiento de las normas comunes y su capacidad para autorregularse. En el caso chileno, esta dinámica se materializa en la hiperconcentración institucional de la Corte Suprema, que acumula las funciones de gobierno, administración, disciplina y nombramientos. Esta estructura no es un error de diseño; es la condición que permite al grupo dirigente del Poder Judicial controlar el ingreso, la promoción y la sanción de sus miembros, creando un sistema de excepciones a su favor. Los casos judicializados —Hermosilla, Vivanco, Letelier y Ulloa— no desmienten esta lógica, sino que la exponen en crisis. Revelan cómo la auto-regulación puede devenir en colusión cuando las redes informales (las «camarillas») sustituyen a los criterios formales de mérito. La investigación de la exministra Letelier por tráfico de influencias para ascensos, o la del exjuez Ulloa por filtrar información e intervenir en nombramientos, son ejemplos de cómo los mecanismos internos de poder se utilizan para fines particulares, dentro de una lógica grupal que inicialmente los percibe no como delitos, sino como «gestión» o «influencia legítima». Y se utiliza el concepto de economía en este caso porque existe un sistema de intercambio (de favores, lealtades, silencios) que opera con sus propias «monedas» (influencia, información, protección) y una «moral» ya que el grupo crea su propio marco de lo que considera aceptable, correcto o necesario para su supervivencia y dominio. (2)

La judicialización de la cúpula judicial ha dejado de ser una sospecha para convertirse en una realidad documentada. Los casos más emblemáticos incluyen:

• El «Caso Hermosilla» o de los «Audios» (2023-2024):Reveló la existencia de una red de influencias operada por el abogado Luis Hermosilla para nombrar jueces, designar al Fiscal Nacional e interferir en causas, exponiendo el funcionamiento de camarillas internas.
• El «Caso Muñeca Bielorrusa» (2024-2025):La exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco fue formalizada por la Fiscalía por presuntos delitos de cohecho y lavado de activos, siendo la primera ministra de la Corte Suprema en la historia democrática en enfrentar un proceso de este tipo.
• El Caso Letelier (2025-2026):La exministra de la Corte Suprema María Teresa Letelier, quien dejó el cargo en diciembre de 2025 por cumplir el máximo de edad legal, está imputada por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación y violación de secretos, todos en carácter de reiterados. La investigación, conectada con el «Caso Hermosilla», la vincula con gestiones políticas para ascensos judiciales, incluido el del exministro Antonio Ulloa. Un episodio crítico ocurrió cuando, tras ser solicitado su teléfono por la Fiscalía, Letelier denunció su robo. Sin embargo, la PDI determinó inconsistencias en su relato, incluyendo que el chip del teléfono fue activado en el celular de su hija, la ministra Bárbara Quintana. Estos hechos llevaron a un allanamiento de su domicilio en enero de 2026.
• El Caso Antonio Ulloa Márquez (2024-2025):El entonces ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago fue objeto de una acusación constitucional aprobada por el Senado en noviembre de 2025, que lo destituyó e inhabilitó para cargos públicos por cinco años por «notable abandono de deberes». Los cargos, surgidos de la investigación del «Caso Audios», incluyeron la filtración de información confidencial del tribunal al abogado Luis Hermosilla y su intervención para influir en el nombramiento de al menos 11 cargos judiciales. Su caso es emblemático de la crisis de los mecanismos internos de control: previamente, en septiembre de 2025, el Pleno de la Corte Suprema no logró la mayoría para removerlo (votación 7 a 7), una decisión criticada como una «señal de impunidad» que obligó a una intervención política extraordinaria del Congreso.

2. Rutinas de Justificación y la Zona Gris de la Legitimidad

Cuando estas prácticas son descubiertas y cuestionadas públicamente, Lascoumes identifica que las élites activan rutinas de justificación para defender su posición y neutralizar el escándalo. Estas estrategias discursivas —la negación, la creación de controversia técnica, la desresponsabilización y, sobre todo, la banalización («aquí siempre se ha hecho así»)— han sido observables en la crisis chilena.

La respuesta inicial de la Corte Suprema ante el «Caso Audios» y, de manera más clara, su parálisis ante el caso Ulloa (el empate 7 a 7 que evitó su remoción interna), pueden leerse como la aplicación de estas rutinas. La institución priorizó la cohesión del grupo y su autorregulación (o la incapacidad de ejercerla) sobre la rendición de cuentas explícita. Esta reacción no hace más que ampliar la «zona gris» de la corrupción de la que habla Lascoumes: ese espacio de ambigüedad donde los actos no son claramente legítimos ni ilegítimos para todos los actores, y donde la ciudadanía oscila entre la indignación y un pragmatismo resignado. La posterior y extraordinaria destitución de Ulloa por el Senado fue, precisamente, la intervención de un poder externo que vino a resolver la disfuncionalidad de la auto-regulación judicial (o hermetismo), marcando un límite a esa zona gris.

3. El Desfase entre Élites y Sociedad: Crisis de Legitimidad como Consecuencia

La teoría de Lascoumes ayuda a comprender por qué una crisis de esta naturaleza deriva inevitablemente en una crisis de legitimidad profunda. La economía moral de la élite judicial, con sus códigos y justificaciones internas, entra en un choque frontal con la economía moral de la ciudadanía, que espera imparcialidad y sujeción a la ley común. Las encuestas que revelan que solo un 14% confía en los tribunales, y que un 78% cree que los fallos son influenciados por el poder económico, son la medición concreta de este desfase.

La sociedad ya no percibe a la judicatura como un poder neutral, sino como un grupo de interés más, capturado por sus propias lógicas corporativas y por redes externas de influencia política (Hermosilla) y económica (Vivanco). La desconfianza no es solo hacia individuos corruptos, sino hacia la institución en su conjunto, vista como parte de un sistema que Lascoumes identificaría como maduro para la transgresión normalizada.

4. Reformas: Desarmar las Condiciones de la Auto-Regulación Disfuncional

Desde este marco teórico, las reformas necesarias trascienden la mera sanción de personas o la escritura de nuevos códigos éticos. Se trata de desarmar estructuralmente las condiciones que permiten la auto-regulación disfuncional y la creación de zonas grises.

1. Fragmentar el Poder Concentrado: La creación de un Consejo de la Justicia externo a la Corte Suprema para las funciones de gobierno y nombramientos no es solo una mejora administrativa. Es una reingeniería institucional destinada a romper el monopolio de la élite judicial sobre su propio sistema, introduciendo transparencia, participación ciudadana y controles cruzados.
2. Crear Controles Externos Efectivos: La necesidad de una unidad de investigación independiente para faltas graves de jueces, evidenciada tras el caso Ulloa, deja de ser una sugerencia para convertirse en una imperiosa necesidad democrática. La auto-investigación es, en la práctica, una no-investigación dentro de una economía moral cerrada.
3. Obligar a la Transparencia Proactiva: Publicar actas, patrimonios y criterios de asignación de causas es sacar los procedimientos de la opacidad de la zona gris y someterlos al escrutinio bajo la luz pública, donde las rutinas de justificación pierden eficacia.

Conclusión: Normalidad Sociológica y Oportunidad de Cambio

En síntesis, la sociología de las élites delincuentes de Pierre Lascoumes nos ofrece un marco de análisis poderoso para reinterpretar la crisis judicial chilena. Lo que desde una mirada superficial parece una contradicción evidente (instituciones fuertes con casos graves de corrupción), desde esta teoría es la manifestación predecible de un sistema donde una élite ha operado con hermetismo y auto-complacencia exacerbadas.

Los escándalos de los últimos años han hecho visibles los mecanismos ocultos de esa economía moral, provocando un choque de legitimidades. El camino de reforma, por tanto, no pasa solo por castigar a los transgresores, sino por rediseñar radicalmente las reglas del juego institucional para disipar las zonas grises, debilitar la auto-regulación opaca y restablecer la confianza mediante una rendición de cuentas real y efectiva ante la sociedad. La destitución de Ulloa por el Senado marca un precedente de intervención externa; la tarea ahora es institucionalizar esos contrapesos para que la democracia no dependa de actos excepcionales, sino de un funcionamiento ordinario, transparente y legítimo.

El concepto de «economía moral» es central en la sociología de las élites delincuentes de Pierre Lascoumes, y se refiere al sistema interno de valores, normas justificativas y códigos de conducta que un grupo de poder desarrolla para legitimar sus privilegios y acciones, incluso cuando estas transgreden las leyes o la ética común. Es una «economía» porque existe un sistema de intercambio (de favores, lealtades, silencios) que opera con sus propias «monedas» (influencia, información, protección) y una «moral» porque el grupo crea su propio marco de lo que considera aceptable, correcto o necesario para su supervivencia y dominio.

Elementos clave de la «economía moral» según Lascoumes:

1. Auto-referencialidad y Auto-regulación: El grupo dirige sus propias reglas de admisión, promoción y sanción. La corte o el círculo de poder juzga según sus normas internas, no según las leyes generales. En el caso chileno, la Corte Suprema actuando como juez y parte en casos disciplinarios de sus miembros es el ejemplo institucional perfecto.
2. Construcción de una Legitimidad Paralela: El grupo desarrolla narrativas que justifican su excepcionalidad. Por ejemplo, que «solo ellos entienden la complejidad del sistema», que «ciertas flexibilidades son necesarias para la eficacia» o que la crítica externa es un «ataque a la institución». Esto crea un muro de defensa contra el escrutinio público.
3. Códigos de Lealtad y Silencio: La lealtad al grupo y la preservación de su reputación se convierten en el valor supremo, por encima de la verdad o la justicia abstracta. El «silencio cómplice» no es pasividad, sino una acción activa exigida por esta economía moral: callar para no dañar al grupo.
4. Normalización de la Transgresión: Las prácticas que desde fuera se ven como corrupción (tráfico de influencias, favores, designaciones amistosas) dentro del grupo se reinterpretan como «la forma en que se hacen las cosas», «gestión de relaciones» o «costumbre institucional». Dejan de ser delitos para convertirse en usos aceptados.
5. Distancia y Distinción frente a la Sociedad: La economía moral establece una frontera clara entre «nosotros» (el grupo que conoce y maneja las reglas verdaderas) y «ellos» (la sociedad, la prensa, los políticos ignorantes). Esto permite desacreditar las críticas externas por considerarlas fruto de incomprensión o mala fe.

Aplicación al caso de la corrupción judicial chilena:

La crisis de la Corte Suprema puede leerse como el colapso o la exposición violenta de su economía moral. Por décadas, un sistema de cooptación, camarillas y discrecionalidad funcionó bajo estas reglas internas. Los casos de Hermosilla, Letelier y Ulloa mostraron al público el «libro de cuentas» de esa economía: los chats y audios revelaron el trueque concreto de influencias, lealtades y favores que se creía secreto.

La votación dividida (7-7) que no removió a Ulloa fue el último intento de aplicar la economía moral interna (proteger a un miembro del grupo, evitar una sanción que dañe la imagen corporativa). Su destitución final por el Senado fue la imposición violenta de la moral pública y la ley general sobre esa economía moral cerrada, marcando su fracaso para autoprotegerse.

En resumen, la «economía moral» explica por qué la corrupción de élite no es un simple crimen, sino un sistema cultural de poder. No se combate solo con leyes, sino desmontando democráticamente las condiciones que permiten que ese sistema de valores paralelo opere impunemente.

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(1) Fue en noviembre de 2014 que utilicé por primera vez los análisis de P. Lascoumes para denunciar el avance de la corrupción de las elites políticas en Chile, 

(2) Elementos clave de la «economía moral» según Lascoumes:

1. Auto-referencialidad y Auto-regulación: El grupo dirige sus propias reglas de admisión, promoción y sanción. La corte o el círculo de poder juzga según sus normas internas, no según las leyes generales. En el caso chileno, la Corte Suprema actuando como juez y parte en casos disciplinarios de sus miembros es el ejemplo institucional perfecto.
2. Construcción de una Legitimidad Paralela: El grupo desarrolla narrativas que justifican su excepcionalidad. Por ejemplo, que «solo ellos entienden la complejidad del sistema», que «ciertas flexibilidades son necesarias para la eficacia» o que la crítica externa es un «ataque a la institución». Esto crea un muro de defensa contra el escrutinio público.
3. Códigos de Lealtad y Silencio: La lealtad al grupo y la preservación de su reputación se convierten en el valor supremo, por encima de la verdad o la justicia abstracta. El «silencio cómplice» no es pasividad, sino una acción activa exigida por esta economía moral: callar para no dañar al grupo.
4. Normalización de la Transgresión: Las prácticas que desde fuera se ven como corrupción (tráfico de influencias, favores, designaciones amistosas) dentro del grupo se reinterpretan como «la forma en que se hacen las cosas», «gestión de relaciones» o «costumbre institucional». Dejan de ser delitos para convertirse en usos aceptados.
5. Distancia y Distinción frente a la Sociedad: La economía moral establece una frontera clara entre «nosotros» (el grupo que conoce y maneja las reglas verdaderas) y «ellos» (la sociedad, la prensa, los políticos ignorantes). Esto permite desacreditar las críticas externas por considerarlas fruto de incomprensión o mala fe.

Leopoldo Lavín Mujica

Leopoldo Lavín

B.A. en philosophie et journalisme, M.A. en Communication publique de l’Université Laval, Québec, Canadá.