Chile: ¿Dueño del litio o proveedor eterno en la nueva geopolítica?
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A semanas del cambio de mando, el país enfrenta una contradicción que define su futuro: posee las mayores reservas de litio del planeta, pero carece del poder para decidir su propio desarrollo industrial. La disputa entre China y Estados Unidos ya no es una abstracción: Washington acaba de castigar a Chile por un cable submarino con Pekín, y el presidente electo Kast deberá elegir bando desde el primer día.
Cuando Emmanuel Guerin, vicedecano de la Escuela del Clima de Sciences Po, escribió recientemente que «el poder ya no reside en poseer el recurso natural, sino en controlar los segmentos intermedios de la cadena de valor», podría haber estado describiendo con precisión quirúrgica la encrucijada en la que se encuentra Chile en este febrero de 2026.
El país que posee las mayores reservas de litio explotables del planeta —con el Salar de Atacama como joya de la corona, cuyas salmueras tienen concentraciones de hasta 2.000 mg/litro y costos de producción de apenas 3.600 dólares por tonelada— se prepara para un cambio de gobierno en medio de una contradicción geopolítica que define su futuro: es al mismo tiempo el proveedor más codiciado y un actor con escasa capacidad para decidir su propio destino industrial.
La fotografía del momento es reveladora. El gigante estatal Codelco y la minera privada SQM acaban de sellar en diciembre la creación de Nova Andino Litio SpA, la alianza público-privada más grande en la historia de Chile, que unificará la operación del Salar de Atacama hasta 2060. El acuerdo, valorado en unos 75.000 millones de dólares, promete al Estado chileno entre 250.000 y 450.000 millones de dólares en ingresos durante las próximas tres décadas.
Pero el diablo, como siempre, está en los detalles de la letra pequeña geopolítica.
El abrazo del oso chino
La aprobación de la empresa conjunta no vino solo de las autoridades chilenas. Tuvo que pasar también por el filtro de Pekín. Y la Comisión de Administración y Supervisión de Activos Estatales de China (SASAC) impuso condiciones claras: la nueva sociedad debe garantizar volúmenes mínimos de suministro de litio a clientes chinos en términos justos y no discriminatorios.
El tema es digno de un guion de espionaje geopolítico. SQM, la empresa privada chilena símbolo del capitalismo nacional, operará bajo la supervisión de Codelco para cumplir con los requerimientos de un gobierno extranjero. China no necesita ser propietaria de las minas cuando puede asegurarse el flujo del mineral mediante contratos de largo plazo respaldados por su poder de mercado.
Mientras tanto, los grandes jugadores globales se mueven con lógicas que trascienden cualquier preferencia ideológica del gobierno de turno en La Moneda. Albemarle, la gran esperanza estadounidense, anunció el 11 de febrero la paralización de su planta de hidróxido de litio en Kemerton, Australia, porque «las recientes mejoras en los precios del litio no son suficientes para compensar los desafíos que enfrentan las operaciones de conversión de litio de roca dura en Occidente». Su estrategia es defensiva: sobrevivir, no conquistar.
Ganfeng Lithium, en cambio, ejecuta una ofensiva global. Está expandiendo su presencia en África Occidental a través de una empresa conjunta con Lithium Africa Corp, ya produce en Malí (Goulamina) y explora en Costa de Marfil y Guinea. Su objetivo: diversificar fuentes y reducir su dependencia del litio sudamericano.
La trampa de los dos demonios
El análisis de Guerin encuentra aquí su confirmación más cruda. Chile está atrapado entre dos fuegos que lo valoran como «fuente vital de energía», pero ninguno lo considera un «proyecto con prospectiva de Estado».
La administración saliente de Gabriel Boric —con todas sus contradicciones— intentó instalar una narrativa de soberanía industrial. La Estrategia Nacional del Litio lanzada en 2023 y materializada en el acuerdo Codelco-SQM buscaba precisamente eso: que el Estado recuperara el control de un recurso estratégico y pudiera negociar desde una posición de fuerza. El diseño de la alianza, con participación estatal mayoritaria desde 2031 y una participación del Estado en las utilidades que comenzará en 70% y escalará al 85% desde 2031, refleja esa ambición.
Pero el timing político ha sido cruel con esa estrategia. A semanas del cambio de mando, la correlación de fuerzas se desplaza radicalmente. El presidente electo, José Antonio Kast, asume el 11 de marzo con un programa explícitamente favorable al gran empresariado y una promesa de ajuste fiscal de 6.000 millones de dólares.
Los nombramientos ministeriales ya enviaron señales inequívocas. Francisco Pérez Mackenna, ex gerente general de Quiñenco —el holding del Grupo Luksic, uno de los conglomerados más poderosos del país— asumirá la Cancillería. Paula Estévez, proveniente de la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio (AmCham), liderará la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales.
La pregunta que flota en el ambiente político es incómoda: ¿puede un gobierno que coloca a ejecutivos de los principales grupos económicos en puestos clave negociar con las potencias globales desde una posición de fortaleza del Estado, o terminará favoreciendo los intereses particulares de esos grupos?
La agenda desreguladora como caballo de Troya
Un documento filtrado a la prensa en enero encendió todas las alarmas. La Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) presentó al equipo económico de Kast un listado de 382 medidas a implementar en el marco de la Ley de Autorizaciones Sectoriales. El objetivo declarado: «eliminar trámites redundantes y transformar otros en mecanismos más ágiles».
Entre las medidas propuestas figuran la eliminación o transformación en simples «avisos» de permisos ambientales clave: autorizaciones para instalaciones de manejo de residuos peligrosos, planes de manejo de residuos peligrosos, almacenamiento de sustancias peligrosas, transporte de material radiactivo, e incluso permisos para intervenir santuarios de la naturaleza.
«Al parecer la máxima de la CPC es la de ‘prefiero pedir disculpas a pedir permiso», advirtió un reportaje periodístico que destapó el documento. «El problema es que los costos de esta visión normalmente no los pagan los ejecutivos y dueños de estas corporaciones, los paga la sociedad».
En el lenguaje de Guerin, esto no es otra cosa que la profundización del rol de Chile como mero proveedor de materia prima. La desregulación ambiental abarata los costos de extracción, pero no agrega valor industrial. Es la fórmula perfecta para que las empresas transnacionales —chinas, estadounidenses o europeas— sigan llevándose el mineral bruto y procesándolo en sus países.
El primer golpe: el retiro de visas que redefine el tablero
Pero mientras Kast afina su gabinete y define prioridades, Washington ya le envió un mensaje que no admite segundas lecturas. El 19 de febrero, la Casa Blanca comunicó por redes sociales —sin nota diplomática ni conversación reservada entre cancillerías— que retiraba las visas a tres funcionarios del gobierno chileno y a sus familias. Sin nombres. Sin explicaciones detalladas. Solo una frase cargada de gravedad: habían «comprometido infraestructura crítica» y «erosionado la seguridad regional en nuestro hemisferio».
La razón de fondo es conocida: el proyecto de un cable submarino entre Chile y China para transmisión de datos, el Chile-China Express que uniría Valparaíso con Hong Kong. Una iniciativa que Washington interpreta como parte de la competencia estratégica con Beijing.
En Santiago el golpe alcanzó a uno de los ministros mejor evaluados del gabinete de Boric, el titular de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. La primera lectura es obvia: un castigo al gobierno saliente en sus últimas semanas. Pero la segunda lectura —y la más relevante— apunta directamente a José Antonio Kast.
«Creo que efectivamente hay una gran disyuntiva, un dilema que tendrá el futuro presidente José Antonio Kast, pero que lo están teniendo todos los presidentes en el mundo, que de alguna manera no se entregan lisa y llanamente a los deseos de Donald Trump», advierte la académica Paulina Astroza.
Ese dilema no es teórico. Kast asumirá el 11 de marzo sometido a presión inmediata. No tiene margen de maniobra. Diversos analistas coinciden en que tiene solo dos caminos.
Primera opción: alinearse con Washington y frenar el proyecto con China. Eso lo colocaría en sintonía política con Trump y con el discurso de seguridad hemisférica. Pero tendría consecuencias económicas inmediatas. China es el principal socio comercial de Chile, destino clave del cobre y el litio, y actor central en inversiones estratégicas.
«En el caso de Chile, es algo muy difícil porque tenemos una relación muy estrecha con China, se exporta mucho y hay intereses económicos de empresarios y sectores importantes de nuestro país, que no es tan fácil entregarse a los deseos de Donald Trump», agrega Astroza.
Kast prometió crecimiento. Deteriorar la relación con el gigante asiático tensionaría al empresariado, afectaría expectativas de inversión y pondría presión sobre su agenda económica.
Segunda opción: mantener el proyecto y sostener una política exterior autónoma y diversificada. En ese caso, deberá convivir con un Estados Unidos que ya mostró disposición a usar el «garrote» como herramienta política.
Jeanne Simon, analista estadounidense, es categórica: «Seguramente quieren castigar a las ‘personas responsables’ antes del cambio del mando. A través de ello también mandan un mensaje al nuevo gobierno de Kast: que deben respetar las prioridades del gobierno de Trump».
El excanciller Ignacio Walker recuerda que Chile «no discrimina respecto de países de mercados y de inversionistas». Esa ha sido la base del modelo chileno: apertura, tratados y reglas claras para todos. Si Kast modifica ese principio bajo presión, redefinirá el modelo de inserción internacional del país. Si lo mantiene, deberá aceptar un vínculo más áspero con Washington.
Gabriel Gaspar, exsubsecretario de Defensa, plantea la incógnita central: «Si esto fue una señal, la pregunta es si es para un gobierno que sale, que le quedan dos semanas, o es una para el nuevo gobierno, diciéndole ‘esto es lo que usted no tiene que hacer'».
El retiro de visas no cambia el comercio chileno hoy. Pero sí cambia el contexto político del próximo gobierno. Obliga a Kast a elegir pronto y con costos evidentes.
El espejismo de la «alianza natural»
El gobierno entrante ha manifestado su intención de profundizar la relación con Estados Unidos. Es comprensible desde la afinidad ideológica de las ultraderechas. Pero la realidad geoeconómica es tozuda.
Chile y Argentina juntos proveen el 97% del litio que importa EE.UU. Esa dependencia estadounidense es un activo de negociación, pero también una vulnerabilidad si se interpreta como alineamiento automático. La administración Trump —que ya mostró su disposición a castigar— no tiene incentivos para que Chile desarrolle capacidades de refinado que compitan con las plantas que Albemarle planea instalar en territorio estadounidense.
China, por su parte, ya demostró su capacidad de condicionar el suministro mediante el control de los segmentos intermedios. No necesita ser dueña de las minas cuando domina el 60% del refinado mundial de litio, el 73% del cobalto y cerca del 90% de las tierras raras.
En ese tablero, la «alianza natural» con Occidente puede ser tan asimétrica como la dependencia de China. La diferencia es que Pekín ofrece inversión concreta y tecnología aplicada; Washington ofrece respaldo político y amenazas imperialistas creíbles.
El reloj corre
Mientras Chile dirime estas contradicciones, el mundo no espera. Los precios del litio han subido entre 100% y 130% desde los mínimos de 2025, ubicándose entre 16.700 y 22.500 dólares por tonelada. El mercado ha pasado de un excedente global a un déficit estructural. Los Sistemas de Almacenamiento de Energía (ESS) representarán el 31% de la demanda de litio en 2026, y la revolución de la IA está generando demanda de centros de datos que requieren respaldo con baterías.
El acuerdo Codelco-SQM le dio a Chile un horizonte de certeza jurídica hasta 2060. Pero la certeza no es lo mismo que el desarrollo. La diferencia entre ser «una fuente vital de energía» y «un proyecto con prospectiva de Estado» se juega en los próximos meses, en la capacidad de traducir la riqueza del subsuelo en capacidades industriales, tecnológicas y humanas.
El gobierno de Boric deja instalada una institucionalidad que, en teoría, podría servir para construir soberanía industrial. Pero el gobierno de Kast no definirá nada: llegó a administrar los intereses de la burguesía que lo puso ahí, y esa burguesía —miope, extractivista, rentista— no tiene ningún interés en un proyecto de desarrollo soberano. Prefiere las utilidades inmediatas, las migajas del «chorreo» y el rol de socio menor de las potencias globales, porque es ahí donde ha engordado durante décadas. La institucionalidad heredada será, en sus manos, una herramienta para administrar con mayor eficiencia la dependencia, no para superarla.
La burguesía chilena enfrenta, en teoría, una encrucijada: seguir siendo el socio menor de las potencias globales o arriesgarse a construir, junto al Estado, un verdadero proyecto de desarrollo. La historia, sin embargo, muestra una y otra vez su miopía estratégica. Acostumbrada a rentabilidades inmediatas y a un modelo extractivista que le ha permitido engordar sin necesidad de industrializar el país, ha preferido consistentemente el rol de socio dependiente, confiando en que las migajas del «chorreo» —empleos precarios, royalties mal negociados, contratos locales— terminen por calmar a las mayorías. Esa visión cortoplacista, que privilegia las utilidades del próximo balance por sobre la construcción de capacidades productivas soberanas, es precisamente lo que ha mantenido a Chile atrapado en su condición de proveedor primario desde el salitre hasta el cobre, y ahora con el litio.
El dilema del cable submarino es solo el primer acto de una obra que definirá el lugar de Chile en el nuevo orden global. Y la decisión de Kast —alinearse con Trump y arriesgar el vínculo con China, o sostener autonomía y asumir el costo de enfrentarse a Estados Unidos— marcará el tono completo de su mandato. Pero la decisión, de derecha, no será la de un estadista con visión de largo plazo, sino la de un administrador de los intereses de una clase que siempre ha preferido bailar al son que le tocan las potencias.
El «oro blanco» de Atacama puede ser la base de una prosperidad compartida o la confirmación de que, como escribió Eduardo Galeano, «somos bailarines en el gran baile de los que no tienen voz». O, en palabras del Primer Ministro canadiense Mark Carney, no es lo mismo estar en el menú que sentarse a la mesa.
La diferencia la hará, como siempre, la política. Y mientras la burguesía chilena siga confundiendo sus utilidades con el interés nacional, Chile seguirá en el menú.
La diferencia la hará, como siempre, la política, la que hacen los pueblos.
(*) Ficha técnica: Nova Andino Litio SpA operará en el Salar de Atacama con una capacidad proyectada de 300.000 toneladas anuales de carbonato de litio hacia 2030. El Estado chileno recibirá el 70% de las utilidades operacionales entre 2025 y 2030, y el 85% desde 2031 hasta 2060. La inversión comprometida supera los 2.000 millones de dólares en nuevas tecnologías de extracción directa de litio (DLE) que reducirán el consumo de agua y acortarán los tiempos de producción de meses a horas.
Leopoldo Lavín Mujica
