Nicolás Piña: un indulto que interpela al sistema penal chileno
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La solicitud de indulto presidencial presentada a favor de Nicolás Andrés Piña Palomera, detenido desde febrero de 2021 en el contexto del estallido social, vuelve a poner en evidencia las tensiones más profundas del sistema penal chileno. El escrito, ingresado por su abogado Lorenzo Andrés Morales Cortés ante el Ministerio de Justicia, no se limita a pedir una medida humanitaria: expone un proceso marcado por irregularidades, vulneraciones de derechos fundamentales y un uso expansivo del derecho penal que, según la defensa, ha derivado en una injusticia estructural.
Una detención cuestionada desde el inicio
Nicolás Piña, ingeniero en prevención de riesgos de 39 años, fue detenido el 12 de febrero de 2021 en las inmediaciones de Pío Nono, en un operativo policial que —según la defensa— se realizó sin identificación visible, sin informar la causa de la detención y con un uso de la fuerza que no se ajustó a los estándares legales ni institucionales. Desde entonces, ha pasado más de 450 días en reclusión efectiva, pese a que los peritajes químicos no detectaron hidrocarburos en tres de las muestras analizadas, debilitando la tesis de que lanzó una bomba molotov. La acusación del Ministerio Público es severa: homicidio frustrado contra funcionarios de Carabineros, lanzamiento de artefacto incendiario y hurto simple. Según la Fiscalía, Piña habría lanzado una molotov al interior de un furgón policial y sustraído un escudo antidisturbios. Sin embargo, la defensa insiste en que no existe evidencia científica, material ni audiovisual que lo vincule directamente a los hechos.
Pruebas ilícitas y ausencia de control judicial
Uno de los aspectos más delicados del caso es la utilización de registros audiovisuales captados por funcionarios policiales sin autorización judicial, en contravención del artículo 226 bis del Código Procesal Penal. El abogado Morales sostiene que el funcionario que grabó a Piña actuó como agente encubierto sin cumplir los requisitos legales: no hubo autorización del Ministerio Público, no hubo control del juez de garantía y no se cumplió el estándar de necesidad ni proporcionalidad. La Corte Suprema ha sido clara en su jurisprudencia: la prueba obtenida vulnerando garantías fundamentales debe ser excluida. Aun así, en este caso fue utilizada como base de la acusación. La defensa cita doctrina jurídica y fallos emblemáticos que establecen que el Estado no puede fundamentar una condena en pruebas ilícitas, recordando que hacerlo implica validar una vulneración constitucional.
Fallas estructurales en la investigación penal
El caso de Nicolás Piña revela fallas profundas en la investigación penal. La defensa sostiene que desde el inicio la causa estuvo marcada por procedimientos policiales irregulares, ausencia de controles judiciales efectivos y una dependencia casi absoluta de testimonios policiales no corroborados. La investigación, según el escrito, se construyó sobre una base probatoria débil, sin evidencia independiente que permitiera sostener la acusación más allá de toda duda razonable. La ausencia de videos analizados por la Fiscalía, la falta de peritajes concluyentes y la omisión de diligencias esenciales refuerzan la percepción de que el proceso no cumplió con los estándares mínimos de objetividad y rigor.
El derecho penal como herramienta de contención política
A ello se suma un uso excesivo del derecho penal, aplicado como herramienta para gestionar el conflicto político más que para esclarecer hechos delictivos. La defensa enmarca la detención de Piña en el clima de criminalización de la protesta social que siguió al estallido de 2019. Recuerda que Piña ejercía derechos constitucionales —libertad de expresión, reunión y petición a la autoridad— y que la protesta, por definición, incomoda, altera el tránsito, genera ruido y molesta. Pero eso no la convierte en delito. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que las restricciones a la protesta deben ser excepcionales, proporcionales y justificadas. En este caso, sostiene la defensa, la respuesta del Estado fue penalizar el descontento, transformando un conflicto político en un proceso judicial. “Si protestar fuera delito, los tribunales tendrían que juzgar a estudiantes, trabajadores y pobladores todos los días”, señala el documento, subrayando que la persecución penal se ha utilizado como herramienta para desactivar la movilización social.
Prácticas policiales ilegales y falta de transparencia
La actuación policial también aparece cuestionada en el escrito. Los funcionarios que detuvieron a Piña ocultaban sus placas institucionales, infringiendo la Ley 19.880 y el Reglamento de Disciplina de Carabineros. Esta práctica, ampliamente documentada durante el estallido social, vulnera principios de probidad, transparencia y control ciudadano sobre el uso de la fuerza. Además, la defensa sostiene que Piña no fue informado de la causa de su detención, como exige el artículo 94 del Código Procesal Penal, y que otro detenido en el mismo operativo fue liberado sin explicación, lo que refuerza la tesis de arbitrariedad. La ausencia de control judicial efectivo permitió que estas prácticas se consolidaran sin supervisión, debilitando aún más la legitimidad del proceso.
Un clima político que favoreció la persecución
Todo esto ocurrió en un clima político que favoreció la criminalización de la protesta social. La presión por restablecer el orden público, la narrativa gubernamental que equiparó protesta con violencia y la necesidad institucional de mostrar resultados generaron un entorno en el que la justicia penal operó más como un mecanismo de contención política que como una instancia imparcial destinada a determinar responsabilidades reales. En este contexto, la figura del manifestante se transformó en un sujeto sospechoso por definición, y la presunción de inocencia cedió ante la urgencia política.
Un indulto como corrección necesaria
La solicitud de indulto se presenta al amparo del artículo 32 Nº 14 de la Constitución y la Ley 18.050. Pero más allá del instrumento jurídico, el documento plantea una pregunta de fondo: ¿puede el sistema penal chileno garantizar justicia en contextos de protesta social? El caso de Nicolás Piña expone fallas estructurales en la investigación penal, prácticas policiales ilegales, ausencia de control judicial efectivo y un clima político que favoreció la persecución de manifestantes. Para la defensa, el indulto no es solo un acto humanitario: es una corrección necesaria frente a un proceso marcado por irregularidades.
Una decisión que ahora recae en el Ejecutivo
El Ministerio de Justicia deberá evaluar los antecedentes y determinar si el caso cumple con los criterios para acceder al indulto. Mientras tanto, el caso de Nicolás Piña sigue siendo un símbolo de las tensiones entre protesta social, poder punitivo y democracia en Chile, y una pregunta abierta sobre la capacidad del Estado para garantizar justicia sin criminalizar la disidencia.
