Gloria Ana Chevesich, presidenta de la Corte Suprema: “Hemos atravesado una crisis, eso es indudable”
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Gravedad, vergüenza, conmoción, dolor, traición, confianza defraudada y, en primera instancia, crisis, son algunas de las francas expresiones que escogió la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich Ruz, para caracterizar la situación por la que atraviesa el Poder Judicial en el país, afectado por la serie de casos de corrupción conocidos en los últimos años.
La magistrada encabezó este lunes 2 de marzo la cuenta pública y el inicio del año judicial 2026, en un acto realizado en el salón principal del Palacio de Tribunales en Santiago. “Hemos atravesado una crisis, eso es indudable”, reconoció. “Los acontecimientos ampliamente conocidos son de una gravedad sin precedentes. Nos avergüenza, nos genera conmoción y dolor, lo que resiente en forma especial el ánimo de miles de funcionarios que día a día, con esmero y entrega, son el rostro directo del Poder Judicial frente a una sociedad cuya confianza ha sido defraudada. Comprendemos y empatizamos absolutamente con esos sentimientos”.
Cinco destituciones de jueces en catorce meses son el antecedente directo del diagnóstico expuesto por la magistrada. El origen fue en noviembre de 2023 el caso del abogado Luis Hermosilla, investigado por pagos ilegales a funcionarios públicos, y que no tardó en involucrar a un número creciente de políticos, fiscales y jueces. En esa línea se han sucedido las remociones de Ángela Vivanco (octubre de 2024), destituida por el Senado y detenida además en enero de este año por su participación en el caso de corrupción conocido como Consorcio Bielorruso; de Sergio Muñoz (octubre de 2024), destituido por el Senado a raíz de haber proporcionado información privilegiada a su hija, también jueza; de Verónica Sapag (septiembre de 2025), destituida por la Corte Suprema, y Antonio Ulloa (noviembre de 2025), destituido por el Senado, en ambos casos por sus nexos con Hermosilla; y de Diego Simpértigue (diciembre de 2025), destituido por el Senado en vista de su complicidad en el caso del Consorcio Bielorruso.
“Así como nadie puede dudar de la enorme gravedad de los hechos conocidos, cuyo impacto aún se encuentra en desarrollo, tampoco se puede desconocer que han operado los mecanismos institucionales para ponerles fin y excluir de la función jurisdiccional a quienes han traicionado los principios básicos de la probidad”, dijo la presidenta de la Corte Suprema. “Por nuestra parte, tanto en el ámbito disciplinario como ético se pusieron en ejecución los procesos que han contribuido al esclarecimiento de estas situaciones, culminando con la desvinculación de algunos integrantes de la judicatura. En otros casos, fue el Congreso Nacional el que, conociendo de los mismos, adoptó los procedimientos y decisiones propias previstas por la Constitución”.
Gloria Ana Chevesich, quien fue elegida en el cargo el 15 de diciembre de pasado para el período 2026-2028, sucedió a Juan Eduardo Fuentes Belmar (2022-2024) y a Ricardo Blanco Herrera (2024-2025) y es la primera mujer que llega a la cúspide de la judicatura en más de doscientos años de historia del Poder Judicial. En su primera cuenta pública destacó además diversas medidas preventivas para hechos de corrupción. “Una de ellas fue la aprobación del nuevo Código de Ética Judicial, que es claro en relevar la probidad como la conducta intachable, el desempeño honesto y leal de la función, y que la opción por la judicatura es por el servicio público, lo que exige de nosotros, juezas y jueces, subordinar nuestros intereses particulares al bien común. Quien no comprenda esto o no esté dispuesto a asimilarlo debe saber que no tiene, ni puede llegar a tener, un espacio en la judicatura”.
Según dio a conocer el Poder Judicial, la ministra Chevesich hizo énfasis en un plan de trabajo en marcha para mejorar la respuesta jurisdiccional. “La oportunidad constituye un bien fundamental, no sólo sólo porque una justicia lenta deteriora las expectativas de la sociedad y mina la confianza institucional, sino también porque afecta un derecho en el que existe un consenso indiscutido por su respeto y promoción: el acceso a la justicia. Hemos puesto en práctica, a partir de febrero, un plan de trabajo que contempla el levantamiento de información de tiempos de tramitación, con un diagnóstico detallado y desglosado por jurisdicciones y competencias de todo el territorio nacional”, dijo, junto con detallar los objetivos del plan: “promover la escucha activa con quienes laboran en los tribunales; levantar las buenas prácticas y gestiones positivas adoptadas por quienes han asumido un liderazgo en los órganos jurisdiccionales; generar la capacitación necesaria; y solicitar a cada unidad que presente un programa de acciones concretas, que será monitoreado bimensualmente desde esta presidencia, con la participación de los ministros visitadores de las respectivas cortes de apelaciones del país”.
La máxima autoridad concluyó con la urgencia de fortalecer la confianza pública en los tribunales. “No basta con corregir conductas antijurídicas; debemos también asegurar una respuesta jurisdiccional oportuna y de calidad, pues la prontitud en la decisión es parte esencial del acceso efectivo a la justicia”, dijo. “Ello explica los objetivos centrales trazados y que hoy reitero ante el país: el fortalecimiento de la probidad y la transparencia, recobrar la confianza y credibilidad en la justicia, la mejora en la oportunidad y calidad de la respuesta jurisdiccional, y el robustecimiento de los vínculos internos e interinstitucionales. Estos cuatro propósitos, articulados en un plan estratégico coherente y exigente, orientan nuestro trabajo presente y futuro. A esos propósitos estaremos dedicados con determinación, porque la administración de justicia pertenece a todas las personas, y a ellas debemos, en definitiva, nuestro esfuerzo permanente”.
