Andrés Chadwick, implicado a fondo en la formalización del ex fiscal Guerra
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Un triángulo de delitos y corrupción entre Manuel Guerra, el abogado Luis Hermosilla y el ex ministro Andrés Chadwick, es la figura a la que apeló el magistrado Guillermo Rodríguez ayer jueves 19 de marzo al decretar la prisión preventiva para Guerra, ex fiscal de la zona oriente de la Región Metropolitana imputado por cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secreto. Son ilícitos cometidos entre 2016 y 2021 e investigados como parte del caso Hermosilla o caso audios, a partir de las conversaciones descubiertas en el teléfono del abogado.
Una serie de trece hechos constitutivos de delitos consta en la investigación, relacionados con los casos de Penta (financiamiento ilegal de la política), Santiago Valdés (administrador electoral de Sebastián Piñera), Exalmar/Dominga (conflicto de interés presidencial), Iván Moreira (financiamiento ilegal de la política), la operación Huracán (montaje policial), las protestas de 2019 (represión policial) y Manuel José Ossandón (tráfico de influencias). Todos tienen en común la entrega de información clave de Guerra a Hermosilla y Chadwick, ex ministro del Interior de Sebastián Piñera, a cambio de la obtención de favores o beneficios.
“La formalización acá no describe trece hechos aislados, sino un sistema de corrupción de lealtad desviada”, destacó el juez Guillermo Rodríguez, titular del 4° Juzgado de Garantía de Santiago. “Existe una estructura que podríamos denominar triangular: Guerra, Hermosilla, Chadwick. Las conversaciones acreditan que la información se entregaba a Hermosilla con la expectativa explícita de que fuera transmitida a Chadwick Piñera. Esta estructura demuestra que el objetivo de la infracción era el posicionamiento del imputado ante un sector político que podía favorecerle laboralmente”.
Respecto del delito de cohecho, el caso Penta es el hecho 1 de la causa. “En este caso el imputado (Guerra) asumió como fiscal regional la dirección del caso Penta en noviembre de 2015, y desde 2016 sostuvo comunicaciones con Hermosilla para conocer la postura de la UDI y tomar decisiones de fondo”, dijo el juez Rodríguez. “En enero de 2018 (Guerra) manifestó a Hermosilla su intención de, comillas, dejar negociado el proceso. Con fecha 19 de junio de 2018 solicitó la reformulación y procedimiento abreviado. El 3 de julio de 2018 reformalizó, eliminando los delitos de cohecho, soborno y lavado de activos, y solicitó procedimiento abreviado con penas sustancialmente menores”.
Para sostener lo anterior el magistrado citó conversaciones como la del 21 de septiembre de 2016, dirigida por Chadwick a Luis Hermosilla: “Lucho, le escribe Andrés ya que me preocupan los escasos avances destinados a ir terminando las situaciones relativas a la gente de la UDI en Penta, así como lo relativo a Santiago Valdés. En el fondo saber cuál es la postura en que están a fin de poder tomar decisiones de fondo”, cita el magistrado. “El whatsapp del 21 de septiembre de 2016 acredita que Guerra condicionaba sus decisiones a la postura de la UDI, infringiendo el principio de objetividad de ley orgánica del Ministerio Público”.
El hecho 2 es el caso de Santiago Valdés, administrador electoral de la campaña de Piñera, también investigado por el caso Penta. “Entre 2016 y 2019 el imputado (Guerra) reveló reiteradamente a Hermosilla el estado de la investigación”, detalló el juez Rodríguez, y citó como ejemplo comunicaciones del 20 de mayo de 2018 en la que Guerra avisó con anticipación la fecha de cierre de la causa (“información que Hermosilla transmitió de inmediato al entonces ministro del interior Chadwick”, dijo el magistrado) y del 12 de febrero de 2018, “en que indica ‘a firme lo de Wagner y Valdés’. Respuesta: ‘felicitaciones, es bueno ir saliendo de los cachos’. Comunicación que revela que ambos entendían el cierre como el resultado buscado por el sector político”.
El hecho 3 es el caso Exalmar Dominga. “En este caso la investigación involucraba al entonces presidente Sebastián Piñera por el uso de información privilegiada y negociación incompatible”, indicó el magistrado. “El 19 de diciembre de 2017 el imputado (Guerra) solicita el sobreseimeinto definitivo sin disponer diligencias sobre la cláusula contractual de Dominga que ya constaba en la carpeta. Los Pandora Papers, de los que se toma conocimiento en 2021, revelaron que esa cláusula vinculaba parte del precio de venta del proyecto a una decisión regulatoria del presidente en ejercicio. En este caso el acto constituye una infracción a los deberes del cargo que integra el elemento típico del cohecho agravado. Guerra prescindió deliberadamente de antecedentes disponibles en la carpeta para solicitar el sobreseimiento de una causa política sensible para el sector que eventualmente lo contrataría.
El hecho 4 es el caso Moreira, senador de la UDI también investigado por financiamiento ilegal de la política en el caso Penta. «La estrategia unánime del equipo (de fiscales) era llevar al senador Moreira a un juicio oral. El 15 de enero de 2018 Guerra presenta unilateralmente un escrito para solicitar audiencia de suspensión condicional sin informar al equipo. Al día siguiente comunicó la decisión a (los fiscales) Gajardo y Norambuena, provocando su renuncia”, recuerda Rodríguez. “Así las conversaciones acreditan que el imputado Guerra informó a Hermosilla el estado de las decisiones procesales sobre Moreira antes de adoptarlas institucionalmente. El chat del 16 de noviembre de 2017, ‘necesito hablar con Chadwick para darle un dato’, revela que la comunicación tenía por destinatario final el sector político al que pertenecía Moreira, y Guerra era consciente del carácter irregular de la transmisión”.
El hecho 5 es la operación Huracán, montaje policial cuya investigación fue llevada por la Fiscalía de Temuco. Explica el magistrado.“Guerra no tenía asignada esa causa. El 25 de enero de 2018 informó a Hermosilla, entonces asesor del Ministerio del Interior, que la Fiscalía Nacional había periciado whatsapp de los imputados y que las conversaciones habían sido incorporadas por funcionarios de Carabineros”. También relacionado con represión policial es el hecho 6, en torno al “estallido social”, donde Hermosilla representaba judicialmente al gobierno en causas derivadas de la represión policial brutal contra las protestas ciudadanas.
“Guerra el 7 de enero de 2020 solicitó una reunión con el Presidente Piñera, de carácter privado, señalando que el objetivo era entregar información de la que disponía en razón de su cargo. La reunión se concretó con fecha 9 de enero de 2020 en el domicilio de Andrés Chadwick”, indicó el juez. “Guerra compartió con Hermosilla información estratégica sobre la teoría del caso que adoptaría el Ministerio Público en las investigaciones del estallido social, obtenida en una reunión interna de la Fiscalía Nacional. Con fecha 25 de abril de 2021, siendo aún fiscal regional, aconsejó a Hermosilla en las acciones que Andrés Chadwick como imputado debería adoptar en el proceso». Según su análisis, ese hecho configura “la forma agravada (del cohecho) porque la revelación causó perjuicio directo a la investigación y un imputado recibió a través de un abogado información estratégica del Ministerio Público proveniente del propio fiscal regional».
El hecho 7 es la causa por tráfico de influencias contra el senador Manuel José Ossandón. En este caso Guerra dirigió personalmente la investigación, y entre junio y agosto de 2020 informó a Hermosilla por anticipado en tres oportunidades sobre decisiones procesales y fechas de diligencias. Por último el 11 de agosto de 2020 consultó “¿Qué quiere el gobierno respecto de Ossandón?”. Señala el magistrado: “El nexo es verbalizado por el propio imputado en el chat del 11 de agosto de 2020 al señalar ‘¿qué quiere el gobierno?’ respecto de Ossandón. Esta pregunta es la expresión explícita de que las decisiones investigativas eran gestionadas como prestación a favor del sector político con la expectativa de la retribución laboral. El nexo causal no requiere prueba adicional: el propio imputado en este caso lo verbaliza”,
A cambios de estas informaciones Guerra recibió favores laborales, establece el juez Rodríguez. “En el hecho 1, de Penta, el chat del 25 enero, un mes antes de la solicitud de sobreseimiento, muestra a Guerra gestionando activamente su incorporación al estudio Hermosilla. La decisión procesal más grande de ese período fue seguida de inmediato por la primera solicitud de beneficio laboral, configurando el primer eslabón de la estructura del crédito corruptivo”
“En el caso estallido social el nexo tiene una doble dimensión respecto de la conducta”, continúa el magistrado: “el 23 de noviembre de 2020 la contraprestación es funcional. Se entrega información estratégica al representante legal del gobierno en la mismas causas que el fiscal dirige, con la expectativa de que ese servicio sea valorado por el secto político”. En otra comunicación del 25 de abril de 2021, “Guerra estaba negociando activamente con Chadwick su contratación en la Universidad San Sebastián, de modo que el asesoramiento al imputado y la negociación del contrato formaban parte de una misma transacción”.
El magistrado concluyó su argumentación recalcando el impacto de estos ilícitos. “A diferencia de los delitos comunes, los delitos que se imputan (en este caso) generan un daño sistemático a la confianza institucional, de carácter irreversible. El mensaje que el conjunto de conductas envía a la ciudadanía es que la persecución penal no es igual para todos: que quien tiene acceso al fiscal regional puede incidir en el resultado de la investigación», dijo. «Por otra parte se debe tener presente el número de delitos que se encontrarían acreditados en esta etapa procesal, los cuales además se prolongaron por cinco años de manera continua entre 2016 y 2021”, agregó. “Se trata de un sistema delictivo en que cada acto se conecta con los demás a través de una estructura de lealtad desviada, un canal de comunicación permanente y un beneficio final como liquidación del crédito corruptivo acumulado”.
