Familiares de víctimas de la dictadura: “Nos vemos obligadas a alzar la voz una vez más”
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Un grupo de representantes de organizaciones que conforman la Coordinadora Nacional de Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos llegó hasta el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para pedir una audiencia con el ministro Fernando Rabat. Luego de formalizar la solicitud manifestaron su preocupación por el proyecto de ley que liberaría a condenados por crímenes de lesa humanidad y por las decisiones adoptadas por el gobierno de José Antonio Kast en materias de derechos humanos. Calificaron las medidas como un “grave retroceso”.
“Las y los familiares llevamos más de cinco décadas exigiendo verdad y justicia por los crímenes de la dictadura civil-militar. Y hoy, enfrentados a una agenda promovida por la derecha tradicional y la ultraderecha, que busca perpetuar la impunidad, nos vemos obligadas a alzar la voz una vez más”, plantean en un comunicado que fue leído frente al monumento de Salvador Allende, en la Plaza de la Constitución.
En el texto exigen la restitución del Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos 2026-2029 que fue retirado por el gobierno el 17 de marzo desde la Contraloría General de la República. “Es una señal de alarma que no podemos ignorar. Este instrumento ―fruto de un trabajo técnico e interministerial― es una hoja de ruta para el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Chile. Su debilitamiento o abandono constituiría un grave retroceso democrático y una afrenta a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Las políticas de Estado en materia de derechos humanos deben trascender a los gobiernos de turno. Exigimos que los 175 compromisos adquiridos sean respetados íntegramente”.
Junto con demandar la restitución del Plan de Derechos Humanos, las organizaciones manifiestan su rechazo el proyecto de ley que busca otorgar beneficios de reclusión domiciliaria a condenados por crímenes de lesa humanidad. “Esta iniciativa constituye una estrategia de impunidad procesal que pretende relativizar el horror y el terrorismo de Estado. Resulta una aberración que dolencias propias de la vejez se transformen en justificación para que genocidas y torturadores eludan la acción de la justicia. Los criminales beneficiados no han mostrado arrepentimiento alguno ni han entregado información sobre el paradero de nuestros familiares. El Estatuto de Roma y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son categóricos: los beneficios carcelarios desproporcionados para violadores de derechos humanos son inadmisibles, pues vacían de contenido las sentencias y constituyen una forma de denegación de justicia”.
También piden que el gobierno otorgue urgencia a la tramitación en el Senado del proyecto que busca otorgar carácter permanente al Plan Nacional de Búsqueda. El proyecto fue aprobado el 3 de marzo pasado por la Cámara de Diputadas y Diputados por 79 votos a favor y 41 en contra. “La búsqueda de nuestros familiares es un deber ético que no puede quedar sujeto a voluntades políticas contingentes ni a la indiferencia institucional. Para nosotros, el ‘Nunca Más’ no es una consigna: es un estándar ético y jurídico que la democracia no puede relativizar. Un Estado que debilita el cumplimiento efectivo de las penas incurre en un grave retroceso democrático y traiciona el compromiso con la verdad”.
Son firmantes del documento las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos de La Serena, Linares, Mulchén, Liquiñe, Chillán, Parral, Concepción y Los Ángeles, las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Iquique y Pisagua, Antofagasta, Valparaíso, Paine, Talca, Laja y San Rosendo, la región de la Araucanía, Valdivia, Osorno y Coyhaique, así como la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP).
